Esperan que la suba de las retenciones al biodiésel destrabe la negociación con EE.UU.

Fuentes del sector empresario aguardan un gesto de ese país, que cerró su mercado para el producto argentino.

Fuentes del sector empresario aguardan un gesto de ese país, que cerró su mercado para el producto argentino.

Luego del pedido de los Estados Unidos para que la Argentina suba las retenciones al biodiésel, el Gobierno no sólo eliminó el régimen de retenciones móviles para el biocombustible, sino que lo reemplazó por otro donde las alícuotas serán fijas y subirán al 8 por ciento.

En 2012, por iniciativa de Axel Kicillof, que en ese momento era viceministro de Economía, el gobierno anterior puso retenciones móviles para el biodiésel. Empezaron con una tasa nominal del 22,34 % y un derecho efectivo del 18,26 por ciento. Vinieron subiendo o bajando en función de una fórmula que consideraba entre otros factores el aceite de soja, su materia prima, por ejemplo.

Desde junio pasado estaban en el 0%. Hoy, con el decreto presidencial 1025 se derogó el régimen de 2012 y se estableció, además, que a partir de enero de 2018 pasarán a una tasa del 8 por ciento fija.

Después de que en agosto pasado Estados Unidos impusiera por supuestos subsidios aranceles promedio del 57% contra el producto argentino (hoy con un derecho definitivo del 71,45 al 72,28 por ciento), las autoridades del Departamento de Comercio de ese país pidieron a la Argentina que subieran las retenciones.

Para la industria norteamericana, el diferencial de retenciones en la Argentina (del hasta ahora 0% para el biodiésel y 27% para el aceite de soja) constituye una ventaja para las empresas que operan en el país.

La Argentina pasó de exportar unas 170.000 toneladas en 2014 a Estados Unidos a 1,5 millones de toneladas el año pasado por unos US$ 1200 millones. Las empresas que operan en la Argentina esperan ahora algún gesto de EE.UU. tras la suba de los derechos de exportación por parte del gobierno argentino.

"Tenemos la expectativa de que esto destrabe la negociación con los Estados Unidos", dijo una fuente del sector empresario. En parte del sector interpretan esto justamente como una señal a EE.UU.

En este contexto, por el momento prefieren ser cautelosos sobre el impacto que tendrá entre las empresas del sector. Admiten que "quita competitividad" el incremento de la alícuota. No obstante, afirman que quieren esperar a ver "cómo se acomoda el mercado".

Hace unos meses se estaba estudiando una retención del 15 por ciento. Algunas empresas habían hecho saber que una tasa ya por encima del 5 por ciento pondría en apuros sus operaciones.

En los fundamentos del decreto oficial se deja abierta la puerta para una nueva suba de los derechos de exportación. El Gobierno plantea que debe haber una "armonización" y "convergencia" entre los distintos derechos de exportación. Vale recordar que el mes próximo para la soja comenzará a aplicarse una reducción gradual del 0,5% por mes hasta 2019, cuando finalice el mandato del presidente Mauricio Macri.

"Esto no descarta que sigan subiendo los derechos al biodiésel", confió otra fuente del sector de la industria argentina.

Aunque no está cerrado el año, algunas proyecciones indican que las exportaciones totales de biodiésel podrían ubicare en un nivel similar a 2016, con ventas por 1,6 millones de toneladas.

Desde septiembre pasado, tras la reapertura de Europa para el producto, se comprometieron negocios por unas 500.000 toneladas, según fuentes empresarias. Muchos apuraron negocios ante los crecientes rumores de que el Gobierno iba a subir las retenciones al producto.

Hoy a Europa las empresas llegan pagando una protección arancelaria total que va del 16,5 al 19 por ciento. Hay temores de que a mediados del próximo año en ese bloque vuelva activarse

una denuncia contra el biodiésel argentino como ocurrió en 2013, batalla que igual Europa perdió ante la Argentina en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Recientemente, la Cámara Europea de Biodiésel (EBB, en sus siglas en inglés) anunció la presentación de una denuncia ante la Comisión Europea (CE).

Fuente: Fernando Bertello – La Nación