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LAS SEMILLAS, OTRA PELEA ENTRE EL AGRO Y EL GOBIERNO.
El Ministerio de Agricultura trabaja en un proyecto para modificar el uso propio de la semilla por parte del productor.
La disputa entre el agro y el Gobierno sigue sumando nuevos episodios. La decisión oficial de modificar la actual Ley Nacional de Semillas, que entre otros aspectos prevé el uso propio y gratuito de las semillas por parte del productor, ha provocado el rechazo inicial de las entidades rurales que forman la Mesa de Enlace.
El viceministro de Agricultura, Lorenzo Basso, anunció hace unos días en Córdoba que el Gobierno trabaja en un proyecto de modificación de la ley vigente desde 1973, que sería presentado en el Congreso Nacional. La respuesta de la dirigencia rural no se hizo esperar. El titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) afirmó que la Mesa de Enlace no está al tanto de ese proyecto y que se oponen a su contenido.
La actual legislación permite al productor destinar parte de su cosecha de granos como semilla para uso propio en la próxima campaña. La práctica está difundida en los cultivos autógamos (plantas que se autofecundan), en especial la soja y el trigo. El caso del maíz, por ejemplo, es diferente. Por tratarse de una planta alegama, que necesita fecundarse a través de la transferencia del polen de una planta a otra, el productor necesita adquirir las semillas, debido a que las de propia producción pierden vigor.
La irrupción de la biotecnología en la producción de semillas, a partir del desembarco en el país de la soja resistente a glifosato (RR) en 1996, generó un vació legal en la relación entre productores y semilleros. Ante la falta de un sistema de control que proteja la propiedad intelectual sobre los nuevos desarrollos, los semilleros resolvieron frenar la introducción de nuevas variedades en el país, en especial de soja.
Posiciones. “Si hubiera hoy genes patentado en soja, el productor puede hacer uso propio pero no de ese gen porque estaría inflingiendo la ley de patentes”, asegura Oscar Domingo, presidente de la Asociación Semilleros Argentinos. La entidad que agrupa a las principales compañías semilleras promueve una limitación en el uso propio, con la excepción de los pequeños productores. “Si se limita el uso propio están dadas las condiciones para que se pueda tener un sistema que permita liberar nuevos eventos en el país”, confió Domingo.
En las entidades agropecuarias, la visión es diferente. Si bien coinciden en que el productor tiene que pagar por la tecnología, aseguran que no es necesario modificar la actual ley de semillas y que las nuevas variedades biotecnológicas que se introduzcan en el país se deben regir por la ley de patentes.
Mientras en el país hay estas divergencias, Brasil ha sacado ventaja con la resolución del problema. Si a fines de 1990 Argentina estaba adelantada cuatro años respecto al vecino país en la adopción de variedades vegetales, en la actualidad ya ha quedado relegada al menos un lustro.
En esta campaña, los productores brasileños tendrán a disposición la variedad de soja BTRR2 (con genes resistentes a glifosato y al insecto barrenador del tallo). “Aún logrando este año un sistema de control, no habrá liberaciones de nuevos cultivos en Argentina hasta dentro de cinco años”, sostuvo Domingo. De ser así, habrán pasado casi 20 años de la aprobación del primer y único transgénico de soja en el país.
Fuente: ON 24.
