CRECE EL CONFLICTO POR PRECIOS DE CEREALES ACORDADOS ENTRE GOBIERNO Y EXPORTADORES.

La puesta en marcha del acuerdo que los exportadores de granos y molinos harineros firmaron en septiembre pasado con el Gobierno para reactivar el comercio de trigo y maíz (y del que las entidades de productores decidieron no participar) está generando cada vez más rispideces al interior de la cadena comercial, incluyendo solicitadas y comunicados cruzados, como anticipó El Cronista el 12 de mayo pasado.

La puesta en marcha del acuerdo que los exportadores de granos y molinos harineros firmaron en septiembre pasado con el Gobierno para reactivar el comercio de trigo y maíz (y del que las entidades de productores decidieron no participar) está generando cada vez más rispideces al interior de la cadena comercial, incluyendo solicitadas y comunicados cruzados, como anticipó El Cronista el 12 de mayo pasado.
De un lado están quienes se oponen a que los precios pagados por esos acuerdos se consideren para formar los precios pizarras de las bolsas: acopiadores, corredores de Buenos Aires, y, desde ayer, la Federación Agraria. Del otro, están quienes defienden que se tomen en cuenta, como la Cámara Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Corredores de esa ciudad.
 
El acuerdo estableció un consumo interno de maíz de 8 millones de toneladas y uno de 6,5 millones de toneladas de trigo. Por el excedente respecto de lo producido, el Gobierno entregaría permisos de exportación (ROEs) a las comercializadoras internacionales, y estas pagarían el precio de paridad internacional descontadas las retenciones y sus gastos (llamado FAS).
 
En las últimas semanas, los exportadores recibieron ROEs por más de 1 millón de toneladas, y la semana pasada comenzaron comprar al valor acordado, pero a razón de apenas un camión por corredor, según operadores del mercado.
 
Ese precio fue publicado en la pizarra de la Bolsa de Rosario como el valor del mercado disponible, lo que generó una fuerte reacción de la Federación de Acopiadores, para la que esos negocios "no son operaciones del mercado habitual" y no respetan el mecanismo de formación de precios de las pizarras, que debe representar los negocios de todo el mercado. Raúl Dente, directivo de la entidad, describió la aparición del precio del maíz en la pizarra como "una burla a los operadores y a los productores, se les quiere hacer creer que ese es el precio".
 
Por lo bajo, los operadores
 
Dicen que, más allá del acuerdo, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, presionó a los exportadores para que pagaran más y así mostrar que el mercado está liberado.
 
Un asunto de larga data
 
En realidad, el conflicto por la pizarra es antiguo. Cuando el Gobierno empezó a intervenir el mercado del cereal, hace un par de años, las cámaras arbitrales dejaron de informar la cotización del maíz en el mercado interno, lo que implicó no dar cuenta de los valores que pagan las empresas avícolas, los feedlots y los productores de porcinos, habituales compradores del cereal, principal insumo en la dieta de los animales, y cuyas operaciones de compra también conforman el mercado.
 
Ahora, los corredores de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires solicitaron una reunión a los exportadores (nucleados en CEC) por este tema, ya que consideran que "los exiguos volúmenes que adquieren diariamente (por el acuerdo con el Gobierno) impiden la negociación de un alto porcentaje de la oferta", que está en poder de los corredores.
 
Por otra parte, tanto la Bolsa de Rosario como los corredores de esa ciudad apoyaron la decisión de la Cámara Arbitral rosarina, presidida por Omar Gaglianese, uno de los máximos directivos de la exportadora Dreyfus. Ambas entidades dicen que se trata de volúmenes de negocios significativos como para ser reflejados en la pizarra.
 
En tanto, entre otras acciones "para resguardar los intereses de los operadores y el equilibrio en el funcionamiento del mercado", los acopiadores buscan convocar una reunión entre las distintas cámaras arbitrales del país para intentar aunar criterios en la fijación de estos precios.
 
Fuente: Nicolas Razzetti, El Cronista; Cuenca Rural.

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