El abigeato no debe ser considerado nunca un impuesto social: compromete el arraigo rural, la sanidad animal y la inocuidad alimentaria
Conceptualmente, el abigeato es un delito contra la propiedad –hurto de ganado–, figura tradicional conocida vulgarmente como “cuatrerismo” que no ha perdido vigencia, cuyo recrudecimiento muchas veces coincide con estás épocas del año (fiestas) o cuando la carne está cara.

Es considerado delito agrario porque ha sido definido como “aquellos que se cometen en el campo respecto de bienes o situaciones que allí se producen en relación con la explotación agropecuaria”.
Tal es el caso del hecho ocurrido el pasado lunes por la noche en un establecimiento del departamento Vera (Santa Fe), donde malhechores realizaron la faena clandestina de un ternero y dejaron gravemente herido a otro, todo esto a escasos 10 metros de la ruta nacional 98, es decir, a la vista de cualquier auotomovilista que transitaba por el lugar en aquellas horas.
El rodeo de hacienda violentado (vacas con cría) se encontraba encerrados en un corral, ya que durante la calurosa jornada del día lunes los empleados del establecimiento recolectaron la hacienda del monte y procedieron a su encierre, dado que se estaban realizando tareas de sanidad animal.
Geográficamente el establecimiento en cuestión está ubicado en la cuña boscosa santafesina (Chaco Húmedo), zona caracterizada por campos de grandes extensiones, constituida por especies forestales de madera dura como el quebracho colorado y blanco, algarrobos, guaraniná, etcétera. Donde el esquema productivo comparte la misión de conservar el hábitat natural para producir alimentos a la vez que cuidamos la biodiversidad presente en el ecosistema local.
Si bien la Guardia Rural “Los Pumas” de la provincia de Santa Fe concurrió a constatar el hecho a escasos minutos de ser alertados por la propietaria, una de las mayores dificultades que presenta este delito es la efectiva condena de sus autores, ya sea que se trate de grupos organizados o bien de hurto de pocos animales.
Muchos empresarios ganaderos manifiestan que el robo de animales debe ser un costo más contemplado dentro de sus cálculos, tal como la mortandad o un bajo porcentaje de preñez. La pregunta es: ¿Debemos naturalizar estos hechos de vandalismo? ¿Dónde está el rol del Estado como proveedor de seguridad?
Así como es esencial una política agropecuaria que se extienda más allá de un período político para propiciar el desarrollo ganadero en vez de reducirlo a polvo, es esencial combatir la inseguridad rural y tomar conciencia que es un delito que no sólo impacta en la producción pecuaria y violenta la propiedad privada, sino que pone en riesgo la sanidad animal, la inocuidad alimentaria y va en detrimento del arraigo rural, es decir, al asentamiento de familias en establecimientos agropecuarios por temor a la integridad física o, en términos más sencillos, a la instauración del miedo.
Fuente: Virginia Buyatti. Empresaria ganadera del norte de Santa Fe – Valor Soja