Tras el cierre de 30 frigoríficos que no pusieron cajas negras, piden una acción "integral" contra la evasión

A casi un año de que empezara a regir el denominado Control Electrónico de Faena (CEF) o cajas negras en la industria frigorífica, para el Gobierno el balance es positivo.

Durante este tiempo, 30 establecimientos fueron cerrados definitivamente por no adecuar sus instalaciones a la nueva normativa.

Así lo expresó a LA NACION Marcelo Rossi, director de Control Comercial Agropecuario de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, al realizar un análisis de la medida impulsada por el exMinisterio de Agroindustria de la Nación para combatir una de las patas de la evasión en la cadena de carnes.

Las cajas negras muestran el peso de cada media res a la vez que sacan una fotografía de la etiqueta de esa media res. En tanto, con cámaras de filmación instaladas en los palcos de faena se puede acceder a esa información requerida.

Más allá del balance que hacen en el Gobierno, en la cadena creen que debe avanzarse hacia un sistema "integral" con otros organismos para tener mayor control y aplicar sanciones.

En rigor, para Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), si bien hay eslabones de la cadena donde se ha mejorado, aún quedan puntos importantes a resolver. "La persuasión ayuda, pero no alcanza. El controlador brinda resultados objetivos, es como un control de velocidad, si no hay nadie que lo controle no sirve para nada", explicó y agregó: "Nosotros insistimos que debe haber un seguimiento integral junto a la AFIP, el Senasa, la Secretaría de Trabajo y las provincias, donde el brazo ejecutor sea la Dirección a cargo de Rossi".

"Todos tienen facultades para actuar. A los datos que brindan los controladores se debe mirarlos y actuar en efecto", dijo.

Urcía cree que no se están haciendo cosas fundamentales. "Existen cerca de 60 mataderos que tienen menos de 50 empleados. Está harto demostrado que no pueden trabajar con menos personal de trabajo que ese número, pero igual ellos (los mataderos) continúan con su faena", expresó.

Sin embargo, el dirigente resaltó que "hay voluntad de cambiar y empuje desde el sector privado para que esto se acomode. Pedimos transparencia, solo falta que el sector público trabaje más en equipo".

"No importa que uno sea del Gobierno nacional y otro provincial, la sanidad no tiene fronteras", añadió.

En tanto, fuentes del sector exportador remarcaron que el sistema funciona parcialmente. "En los últimos seis meses se detuvo el avance del programa, que venía desarrollándose bien", dijeron y agregaron que "lo más grave de la faena que no se solucionó es la venta sin facturación".

"Hecha la ley, hecha la trampa. El bajo peso de faena se soluciona poniendo una pesa en la entraña que las cámaras no logran percibir o roldanas más pesadas de las que figuran declaradas. Son algunas de las irregularidades que pasan de largo, sin sancionarse", se quejó la fuente consultada.

Otro de los frentes de combate a la evasión es la informalidad en el comercio de venta minorista, último eslabón de la cadena. Si bien se creó el Remito Cárnico Electrónico (REC), en el sector afirman que cuesta torcer una realidad coyuntural que "viene desde siempre", en relación a la evasión. Para Urcía, la cuestión de la falta de acatamiento de la última pata de la cadena se debe a la presión fiscal que tienen hoy las carnicerías, como problema de fondo.

Control Molinero

Al margen del sistema para los frigoríficos, Rossi señaló que a partir del 15 del actual se ponen en marcha los controles para el sector de la molinería. "Se vencen todos los plazos para poner en funcionamiento los medidores de la energía eléctrica, que se complementan con filmaciones y fotografías", explicó.

Y agregó: "Cuando un molino trabaja, lo hace al 100% y existe una correlación directa del funcionamiento de un molino con la energía que consume. Quedaron 162 molinos en regla, 25 se cerraron hace 10 días".

El titular de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario remarcó que se busca combatir la evasión en la industria molinera que es de "más de 10 mil millones de pesos".

Fuente: Mariana Reinke – Diario La Nación