Sin un marco regulatorio para aplicaciones las empresas agropecuarias argentinas están expuestas a la discrecionalidad de la política

Un problema recurrente. Las autoridades del Poder Judicial de Entre Ríos, al establecer una “zona de exclusión” de agroquímicos de 1000 metros lindantes a todas las escuelas presentes en la provincia, dejaron fuera de producción a decenas de miles de hectáreas.

Las autoridades del Poder Judicial de Entre Ríos, al establecer una “zona de exclusión” de agroquímicos de 1000 metros lindantes a todas las escuelas presentes en la provincia, dejaron fuera de producción a decenas de miles de hectáreas que, en caso de no poder sembrarse, además de un daño económico y social, generarán múltiples focos de riesgos biológicos por presencia creciente de insectos (dengue) y roedores.

El principio precautorio –que también podría regir para todas las pulverizaciones urbanas e incluso las domésticas– ya viene hace años siendo instrumentado por muchos municipios argentinos. La novedad ahora es que fue aplicado en toda una provincia por el Poder Judicial.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillon, al recibir esta semana a un grupo de empresarios agropecuarios furiosos con la medida, aseguró estar a “favor de la producción y de la vida”, pero resaltó que es “necesario reglamentar una ley acorde para brindar seguridad en la vida de las personas”.

En la Argentina, al no disponer de un sistema que permita identificar y sancionar con rapidez los casos de mala praxis, la acción de cualquier irresponsable es un pase libre para que cualquiera pueda acusar al sector en su conjunto de conductas que atentan contra la vida y el ambiente. El origen del problema es la falta de un marco regulatorio eficiente.

El año pasado funcionarios de las secretarías de Agroindustria y Ambiente y Desarrollo Sustentable comenzaron a diseñar las bases de un proyecto legislativo sobre presupuestos mínimos para aplicaciones de fitosanitarios. La clave de esa iniciativa debería ser la incorporación de sanciones ejemplificadoras para aquellos que no cumplan con la normativa.

Otros ámbitos profesionales esto lo tienen clarísimo y, por ende, se encargaron de regularlo debidamente. Un ejemplo muy cercano es el  del Mercado a Término de Buenos Aires S.A. (Matba), el cual cuenta con un Código de Ética, validado por la Comisión Nacional de Valores, que establece que las autoridades de ese mercado tienen la potestad para excluir a aquellos operadores que lleven a cabo conductas desleales que atenten con el patrimonio de los clientes.

Buena parte del éxito de los marcos regulatorios exitosos no solamente se fundamenta en las sanciones aplicadas en casos de mala praxis, sino también por el control instrumentado para evitar que personas no calificadas puedan acceder al uso de fitosanitarios.

En ese sentido, España, a través del decreto 1211/12, dispuso que sólo pueden comprar fitosanitarios aquellas personas que cuenten con un carné habilitante, el cual se adquiere luego de completar una capacitación de 110 y 200 horas en el caso de los aplicadores terrestres y aéreos respectivamente.

La producción agropecuaria es la base de sustento de muchas economías regionales y la principal fuente generadora de divisas genuinas de la economía argentina. Por eso el establecimiento de un marco regulatorio para las cuestiones relativas a pulverizaciones debería ser considerado una prioridad nacional. Hasta que eso no ocurra, toda empresa agropecuaria seguirá expuesta a la discrecionalidad del intendente, concejal o juez provincial de turno.

Fuente: Ezequiel Tambornini – Valor Soja