La mejor política ambiental consiste en eliminar la burocracia creada por políticos ineptos

A propósito del proyecto sobre “Mitigación al Cambio Climático Global”

Esta semana el Senado de la Nación aprobó –con 48 votos a favor y ninguno en contra– un proyecto de “Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global” creado por Fernando “Pino” Solanas (Alianza Unen; CABA) y Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino).

El proyecto en cuestión propone crear un “Gabinete Nacional de Cambio Climático” que tendrá a su cargo el diseño de un “Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático”. Es decir: una nueva estructura burocrática que deberá ser financiada por los siervos de la glebaimpositivos que habitan el territorio argentino.

Al exponer sobre la necesidad de aprobación del proyecto –que, con media sanción, fue derivado a Diputados– Crexell aseguró que el Informe de Estado de Ambiente 2017 elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación señala “que la producción agrícola se ha intensificado en los últimos años y ha traído como consecuencia un deterioro de la calidad del suelo, el cual constituye un recurso estratégico”.

“El 36% del suelo continental argentino –continuó Crexell– se encuentra afectado por diversas formas y grados de erosión. Esto representa 100 millones de hectáreas. La tendencia al monocultivo de soja favorece el desarrollo de procesos erosivos. Otros fenómenos ambientales que es necesario monitorear son la contaminación por el uso de agroquímicos, la pérdida de biodiversidad y problemas derivados del uso del agua azul o agua dulce para beber (sic)”. La exposición de Crexell no fue refutada por ningún otro senador presente en el recinto.

Es correcto:  el Informe de Estado de Ambiente 2017 –el último publicado sobre el tema– dice que más de 100 millones de hectáreas están afectadas por distintos procesos y grados de erosión y desertificación. Pero, ¿dónde están estas hectáreas y cuáles son las principales fuentes de erosión?

Un 12% de la superficie argentina presenta tasas altas de erosión hídrica, la cual corresponde a zonas áridas y semiáridas con fuertes pendientes y baja cobertura vegetal de la Patagonia, Cuyo y el NOA. Las tres provincias que tienen la mayor tasa de erosión hídrica son Misiones, Santa Cruz y Neuquén. Es decir: zonas donde no se produce soja.

Otro 26% del territorio nacional (72 millones de hectáreas) presenta tasas de erosión hídrica que superan los valores tolerables, el cual, en la región central del país, se concentra fundamentalmente en áreas serranas de Córdoba y del sur bonaerense, además de las zonas bajas de Entre Ríos. En ninguna de las mismas la soja es la producción prevalente.

El primer paso para encontrar una solución a ese problema es estudiar la dinámica de modelos hidrológicos en las diferentes regiones productivas. Afortunadamente, en la Argentina existen excelentes profesionales en la materia, como Esteban Jobbágy del Grupo de Estudios Ambientales (Conicet-Universidad Nacional de San Luis) o Gabriel Vazquez Amabile del Departamento de Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, entre otros. Una vez realizado el diagnóstico –que debe ser particular de cada cuenca– la segunda fase consistiría en proyectar qué sería necesario implementar para contener la erosión hídrica sin afectar otras variables de interés productivo como, por ejemplo, la cantidad y calidad del agua presente en las napas subterráneas (¿terrazas? ¿forestación? ¿cultivos de cobertura?).

En cualquier caso, para que los empresarios agrícolas y propietarios de la tierra productiva puedan implementar las herramientas necesarias para contener los procesos de erosión hídrica, sería necesario que tuviesen los recursos económicos suficientes para tal fin, algo que, lamentablemente, no sucede debido a las políticas extractivas y distorsivas del Estado argentino contra el sector agropecuario (y esto no lo digo yo, sino la OCDE).

En definitiva, para evitar la degradación ambiental, la mejor política consistiría en promover y financiar la investigación científica aplicada junto con la eliminación de impuestos distorsivos al sector productivo, algo que, para que se haga realidad, requiere desactivar la enorme burocracia estatal generadora de nada pero consumidora serial de recursos públicos.

Ezequiel Tambornini

Fuente: Valor Soja