Se tensa el conflicto por los biocombustibles: una fábrica entró en convocatoria de acreedores

Tiene un pasivo que ya supera los 55 millones de pesos. Empresarios y funcionarios del gobierno santafesino vienen denunciando maniobras extorsivas para desfinanciar a las pymes.

Aquello que desde hace tiempo venían advirtiendo empresarios pyme y funcionarios del gobierno santafesino finalmente se hizo realidad. Las fábricas de biodiesel no integradas a las empresas aceiteras están comenzando a tener graves problemas financieros producto de la falta de actualización del precio por parte del Ejecutivo nacional.

La primera firma que cayó en desgracia es ERA - Energias Renovables Argentina SA, que recientemente informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la Justicia le aceptó una solicitud para abrir el concurso preventivo de la sociedad, lo que en los hechos significa aceptar el estado de cesación de pagos.

El expediente se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, con asiento en la ciudad de Reconquista y a cargo del juez José María Zarza. Desde esta oficina confirmaron a Agrofy News que además de la mencionada SA el pedido de convocatoria involucra también a Marcelo Rossini SA y al titular de la empresa a título personal.

ERA - Energias Renovables Argentina SA es una fábrica de biodiesel con asiento en la localidad de Piamonte, perteneciente al departamento San Martín, en el centro oeste de la provincia. Forma parte de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), entidad que viene denunciando en todos los ámbitos las dificultades que vive la actividad por los vaivenes en las políticas que imparte el gobierno nacional.

LA PELEA DE FONDO

La situación había comenzado a complicarse en marzo, cuando se decidieron pisar las actualizaciones de precios que pagan las petroleras por los cortes obligatorios de biocombustibles. Ello se complicó aún más tras la fuerte devaluación de agosto, que disparó los costos del principal insumo del sector -el aceite de soja, cuyo valor se rige por el dólar- y provocó el congelamiento del precio de las naftas (recientemente descongelado).

Al reclamo empresario se sumaron los referentes más importantes del gobierno santafesino, que siempre se mostraron al lado del entramado pyme, incluso denunciando que la Casa Rosada buscaba desfinanciar las empresas para forzarlas a cambiar de manos. La semana pasada incluso la propia secretaria de Estado de Energía Verónica Geese formalizó un reclamo contra YPF y Shell por el incumplimiento del corte obligatorio de 10% de biodiésel en naftas, en donde además advertía que se iban a iniciar acciones de control.

Las productoras de biodiesel dependen del mercado interno y el incumplimiento de la Ley Nacional 26.093 de Biocombustible -que les dio sustento a su actividad- los deja “en una situación crítica”, explicó oportunamente Geese, quien dijo que se trata de proteger “cientos de puestos de trabajo directos y miles indirectos vinculados a las energías verdes”.

Números en rojo

La solicitud de concurso preventivo de las firmas pertenecientes a Marcelo Rossini no resulta un dato menor, porque no se trata justamente de una empresa sin espalda. Por el contrario, además de la fábrica de biodiesel maneja otros negocios entre los que se incluyen la distribución mayorista de combustible, la operación de tres estaciones de servicios, los agronegocios y las tecnologías sustentables a través de la venta de productos de luminarias LED.

Los registros públicos que muestra el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dan cuenta que los números comenzaron a complicarse post PASO: es a partir del 16 de agosto que la firma ERA - Energias Renovables Argentina SA inició una acumulación de cheques sin fondos que hoy totalizan 207 por un monto final de 55.409.663,45 pesos.

Antes de ello la empresa venía cumpliendo sus compromisos de forma habitual. Incluso el 23 de julio se habían pagado la segunda cuota de unas Obligaciones Negociables que había emitido en 2018 por un total de 300 mil dólares.

Desde la compañía indicaron a este medio que la decisión de recurrir a la Justicia obedece pura y exclusivamente al descalce de costos provocado por las políticas nacionales. En sintonía con ello, la semana pasada la CEPREB indicaron que por el incumplimiento de Ley de biocombustibles por parte de 

Fuente: Juan Chiummiento | Agrofy News