El Gobierno intenta contener al campo frente a la escalada de tensión

Alberto Fernández pretende, fiel a su estilo, una misión casi imposible: aumentar las retenciones a la soja sin romper con el campo. Esto es porque el Gobierno necesita recaudar más, para buscar una disciplina fiscal en un contexto de fuerte escasez.

 Pero tampoco puede tensar la cuerda al punto de paralizar a un sector que tiene rentabilidad en dólares y que es clave para motorizar la economía.

El ministro de Agricultura, Luis Basterra estuvo esta mañana en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero estudiando los cambios en las retenciones, que se dan por hecho. El Gobierno dejó trascender que habrá un esquema de "segmentaciones y compensaciones". El objetivo de máxima de la Casa Rosada es aumentar las retenciones sin que baje la productividad del sector, un camino que, advierten las entidades rurales, no será aceptado por los productores.

Para conseguir ese delicado equilibrio, el Gobierno se propuso, por un lado, presentar el cambio en el esquema de retenciones como una iniciativa "redistributiva" y progresiva, donde "ponen más los que más tienen" (los sojeros) pero al mismo tiempo se compensa a las economías regionales y otros cultivos. Según trascendió, las retenciones a la soja aumentarían del 30% al 33%.

El otro condimento que pretende Fernández para avanzar en son de paz, es el del cuidado de las formas. Presentar la medida, no como una imposición, sino como el producto de una negociación. Dar apariencia de diálogo.

Por eso, hoy el Gobierno hoy no veían posible hacer anuncios antes de que se formalizara la reunión que la Mesa de Enlace tiene agendada mañana con Basterra.

"Va a haber margen de negociación, el Gobierno no va a romper los puentes de diálogo", aseguraron ayer al mediodía fuentes oficiales a LA NACION. El titular de Agricultura entró en una suerte de veda en las últimas horas: la Casa Rosada definió que el ministro no haga declaraciones públicas antes de hablar con las entidades agrarias.

Tensión

El problema es que ayer el Gobierno cerró el registro para exportar, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), y el campo leyó, en base a los hechos, que el aumento a las retenciones es inminente y que está todo dado para que salga en el Boletín Oficial. Fue una señal inequívoca para las entidades agrarias, que entendieron que el Gobierno comenzó a ejecutar la medida antes de conversar su contenido. Y la negociación se embarró.

La Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad integrante de la Mesa de Enlace, calificó de "traición" la decisión. "En el día de la fecha han sido suspendidos los registros de exportación, medida que sorprende y deja una profunda sensación de engaño, porque mientras se espera para dialogar, se toman decisiones que no tiene retroceso ", dijo la entidad.

"Es tiempo de tratar al sector productor sin chicanas y sin falsas reuniones sobre decisiones ya tomadas", enfatizaron desde la entidad que preside el entrerriano Jorge Chemes.

El comunicado, según pude reconstruir LA NACION, cayó muy mal en el Gobierno. Al menos un funcionario hizo trascender en conversaciones telefónicas informales con las entidades agrarias que un texto de ese tipo, que habla de traición, "complica el camino del diálogo".

La tensión escaló, pero la reunión de mañana con Basterra sigue en la agenda, para ambas partes. Se intentará contener el conflicto.

La relación con el campo tiene una huella política importante para el Presidente. En 2008, cuando estalló la relación entre la gestión de Cristina Kirchner y las entidades agrarias, Fernández, como jefe de gabinete, había intentado, casi en soledad, contener a la Mesa de Enlace.

Fuente: Maia Jastreblansky – Diario La Nación