Santa Fe. En Avellaneda, cuna de Vicentin, crece la rebelión de los vecinos.

AVELLANEDA, Santa Fe.-El sol cae en picada poco después de las 18.30 y los autos con las banderas celestes y blancas empiezan a dar vueltas como si fuera el circuito de un domingo. Pero los bocinazos, los cacerolazos y los gritos demuestran que la bronca estalló en esta ciudad, como nunca antes ocurrió en su historia.

Unos 2000 manifestantes expresaron ante las oficinas de Vicentin, frente a la plaza 9 de julio, en el centro de la ciudad, otra vez su malestar por el anuncio de expropiación de la firma , una empresa que creció durante las últimas dos décadas con el negocio agroexportador pero que nació hace más de 90 años de un emprendimiento familiar y tejió sus raíces en esta región del norte de Santa Fe.

"La rebelión en Avellaneda no se montó sobre ninguna grieta", advirtió entre el ruido de las cacerolas Oscar Alves, ex empleado de Correo. Nadie hizo visible el apoyo a la intervención de la compañía, sino todo lo contrario. "Somos gente trabajadora y pacífica pero no queremos que el gobierno se entrometa de la forma en que lo hizo", señaló Óscar Lovisa, de 63 años, que desde hace 47 trabaja en Vicentin.

Su historia se repite en centenares de empleados de esta firma. Dos de sus tres hijos trabajan en la empresa, que según Lovisa tuvo una política desde siempre de resguardar los lazos familiares. "Decimos que somos una familia y no es una metáfora, sino que es cierto", apunta el hombre que es encargado en la planta Algodonera Avellaneda, donde se produce fibra de algodón, hilos y telas.

Un día después de que los pobladores de Avellaneda y Reconquista, en el norte de Santa Fe, expresaran su malestar en las calles e impidieran el ingreso de los funcionarios nacionales a la sede de la empresa, la decisión del presidente Alberto Fernández de contactarse con Sergio Nardelli, uno de los directivos de la compañía, calmó un poco las aguas en esta localidad, aunque el ruido de las cacerolas se hizo escuchar como el lunes antes de las 20.

El ocaso de Vicentin se hizo visible a principios de diciembre cuando la empresa entró en cesación de pagos y luego de intentar una negociación con los acreedores privados -la deuda más importante la tiene con el Banco Nación y otras entidades por 18.000 millones de pesos- se presentó el 7 de febrero en convocatoria de acreedores, con un pasivo de 99.000 millones de pesos, según la causa.

Por esos días de intenso calor y pandemia en Avellaneda la situación delicada de la compañía formaba parte de las charlas con preocupación, pero nadie imaginaba que Vicentin podía ser intervenida y expropiada, como anunció el gobierno.

El ímpetu del anuncio de la estatización de Vicentin comenzó a perder fuerza, por la discordia que generó no sólo en el norte de Santa Fe, sino también por las tensiones internas que afloraron en el propio gobierno de Omar Perotti, en el que el propio ministro de la Producción Daniel Costamagna manifestó su oposición al proyecto de intervención.

El gobernador no hizo nuevas declaraciones después de respaldar la decisión del presidente el lunes. Por su perfil político, Perotti no puede disimular entre los propios funcionarios de su gabinete la incomodidad que representa la posibilidad de que se expropie una de las empresas más grandes de Santa Fe.

Vicentin dejó trascender en un comunicado que directivos de la firma se reunieron con los representantes del gobierno nacional, con "la finalidad de preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores".

Vicentin busca que el juez Fabián Lorenzini, del juzgado Civil y Comercial de Reconquista, sea el que defina un interventor, según señalaron fuentes de la compañía.

La empresa busca que la presión social en Avellaneda, que surgió de forma espontánea, sirva para que el gobierno se siente a negociar una salida con los representantes de Vicentin, creen los empleados de Vicentin.

"La resistencia contra la intervención a Vicentin en Avellaneda se transformó en pocas horas en un símbolo contra la intromisión del Estado en el sector privado", reconoció Norberto Niclis, vicepresidente de Coninagro en esta localidad.

El intendente de Avellaneda Dionisio Scarpin, que tiene su despacho a 50 metros de las oficinas de Vicentin, advirtió que "acá por suerte no llegó el coronavirus (no hubo casos reportados de covid 19 desde el inicio de la pandemia), pero desembarcó otro, que es el de la intervención".

"La población salió a protestar porque no hacía falta una una estatización para resolver este problema. Había otros caminos, como el diálogo y abrir una negociación", indicó. Scarpin recalcó que "no se defiende a las comunidades del Interior arriba de la grieta".

El intendente consideró que "más allá de la deuda de Vicentín y los problemas de la empresa lo que queda claro es que nunca se pensó que la propia gente iba a salir no a defender una empresa sino a su propia identidad".

Mario Solari entró a Vicentin en 1977 y su hijo Maximiliano, que está a su lado en la plaza 9 de julio, ingresó hace cuatro años, en la misma empresa que trabajó desde la década del 50 su abuelo Máximo. "Desde Buenos Aires, donde se deciden estas cosas, como la estatización, no conocen nada de la historia de esta zona, que se forjó con esta empresa", afirmó con una cacerola y una cuchara en cada mano.

"Quieren venir a sacarnos parte de la historia de este lugar", opinó Mario, y recordó que en Avellaneda "nunca la gente salió a la calle, ni siquiera con las protestas por las retenciones con la 125. Pero la expropiación de esta empresa movilizó a todos, no sólo los empleados sino al resto de la comunidad".

Poco después de las 20, Mario Solari y su hijo Maximiliano se ponen serios y junto al resto de los manifestantes cantan el himno, entre cacerolas que hasta hace dos días solo se usaban para cocinar.

Fuente: Germán de los Santos – Diario La Nación