MANUAL DE EXCESOS Y ABUSOS DE LA LEY DE MEDIOS K.

El martes 6 de octubre 18 hs: "Todos al monumento a la bandera por la libertad de expresión y la democracia".

Las razones por las cuales estamos en contra del proyecto de ley de radiodifusión enviado al Senado de la Nación en septiembre de 2009 por iniciativa del matrimonio Kirchner son las siguientes:
 
CONTROL DIRECTO DEL 66% DE LOS MEDIOS
El proyecto establece que un 33% de los medios de comunicación pertenecerán al Estado, lo que es innecesario si se quiere garantizar cierto contenido público mínimo y no reproducir la voz oficial más allá de los límites de la pluralidad y el disenso propios del sistema democrático republicano, al tiempo que le otorga otro 33% del espectro a organizaciones o cooperativas designadas por el gobierno sin un adecuado control legislativo ni judicial. Por lo tanto, si se aprueba este proyecto, el Estado controlará directamente un 66% de los medios de comunicación.
 
CONTROL INDIRECTO DEL 33% RESTANTE
En el 33% que se le deja a la sociedad civil o sector privado no se permite tampoco un ejercicio totalmente libre de la crítica y la información, sino que se establece una fragmentación que dificulta la comunicación a nivel nacional y obliga a la desinversión, permitiendo a su vez el ingreso al mercado de medios de actores poderosos con ventajas competitivas afines al gobierno, como lo son, por ejemplo, los contratistas del Estado o los sindicatos urbanos de corte monopólico, verticalista y por lo tanto generalmente cooptados por el gobierno de turno.
 
FALTA DE REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL
Al no regularse una distribución equitativa y no discriminatoria de la publicidad oficial, se somete al sector privado de medios a una verdadera dependencia del gobierno de turno para poder competir en igualdad de condiciones con aquellos medios afines al mismo.
 
DISTRIBUCIÓN DISCRECIONAL DE LICENCIAS
El gobierno de turno, por medio de una autoridad de aplicación con mayoría propia designada a dedo y removible, que asume funciones de control y reglamentación propias del Poder Legislativo y del Poder Judicial, puede llamar a concurso, declarar la formación de pliegos, otorgar licencias, declarar su caducidad, cerrar medios y realizar revisiones técnicas con poderes excesivos cada dos años.
 
REVISIÓN DE CONTENIDOS
El gobierno de turno puede conocer de antemano y revisar los contenidos de los programas. Los mismos, además, no pueden ser cambiados durante el plazo de 10 años que duran las licencias, lo cual no sólo genera la imposibilidad de adaptación y reacción de los medios en el marco de su función republicana de control y publicidad de los actos de gobierno sino que, además, desalienta la inversión y la innovación reduciendo la calidad de la programación, el desarrollo de los medios y las posibilidades de trabajo que el mismo es capaz de brindarle a la población.
 
ILEGALIDAD DEL PROYECTO
Hay varias razones por las cuales, en caso de aprobarse, el proyecto de ley de radiodifusión del gobierno debería ser declarado ilegal e inconstitucional. Nuestra Constitución prohíbe la jurisdicción federal en materia de prensa y consagra el derecho a publicar ideas sin censura previa. Por otra parte, en el proceso de sanción del proyecto en la Cámara de Diputados se violaron numerosas normas, como por ejemplo no haber esperado los 7 días reglamentarios desde su aprobación por parte del plenario de las comisiones hasta su tratamiento en el recinto o el hecho de que el proyecto enviado a la Cámara de Senadores no fue una copia fiel de lo que había sido aprobado.
 
Hecho por: “Estudiantes por la Libertad de Expresión y la Democracia”
radiodifdem@gmail.com

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