Tensiones y cruces con el fenómeno La Niña de fondo

Una sensación de historia ya vivida tienen los productores autoconvocados que en las últimas semanas comenzaron a presionar a la Mesa de Enlace para que empiece a tener una posición menos dialoguista y más crítica con el Gobierno.

Creen que las restricciones a las exportaciones de carne, maíz y trigo establecidas por diferentes mecanismos son similares a las aplicadas en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2005 y 2015.

Pese a que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, buscó acercar posiciones con el ruralismo desde que asumió en septiembre pasado, luego de la derrota del oficialismo en las PASO, los productores que las regulaciones que puso en marcha se transformarán en mecanismos que les quitarán ingresos. A eso se suma la brecha cambiaria, la presión impositiva, la inseguridad en las zonas rurales y las acusaciones por cuestiones ambientales, entre otros temas.

Al mismo tiempo, ven que si no hubiese sido por la liquidación de divisas récord que generaron las exportaciones del agro en 2021, por la suba de los precios internacionales de los granos (más de US$32.000 millones, según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina), la situación de la macroeconomía hubiera sido peor de lo que fue. En otras palabras, observan una distancia enorme entre lo que dan y lo que reciben. Hay un dato que refleja la magnitud de esa diferencia: de cada tres barcos que salen con soja desde los puertos del Gran Rosario, uno va para el Estado en concepto de derechos de exportación.

En lo formal, el Gobierno dice que el campo es importante, que es uno de los motores de la economía y que quiere alentar las exportaciones. De hecho, el Poder Ejecutivo respalda la propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), integrado por 61 cámaras del sector, menos tres entidad rurales, para establecer un régimen que otorgue estabilidad fiscal e incentivos específicos por diez años para que las exportaciones totales del país pasen de US$65.000 millones a US$100.000 millones y se creen 700.000 puestos de trabajo en la agroindustria.

Sin embargo, como parte de las medidas de control de precios, el Gobierno cree que debe intervenir en los mercados de granos y de carne para evitar subas de precios en los alimentos. El ala dura del kirchnerismo sostiene que eso debe hacerse vía prohibiciones a las exportaciones o aumentos de los derechos de exportación. Esto fue lo que ocurrió en mayo pasado cuando, de un día para el otro, el presidente Alberto Fernández anunció el cierre de las exportaciones de carne, con excepción de las cuotas arancelarias otorgadas al país. Ese cepo, decidido en el comienzo de la campaña electoral, se fue flexibilizando progresivamente hasta que Domínguez, que no quiere romper con el campo, fijó la prohibición de exportar siete cortes de tipo parrillero, que no se consumen en el país, hasta fin de 2023.

El nuevo mecanismo que está por salir a la luz es un fideicomiso para subsidiar los alimentos a sectores de menos recursos. Según los cálculos de Agricultura, debería servir para comprar 2,4 millones de toneladas de trigo (la mitad de lo que procesa la industria molinera) para la elaboración de harina 000 y fideos y 1,5 millones de toneladas de maíz para pollos. Tanto productores como exportadores le dijeron al ministro Domínguez que eso distorsionará el mercado de granos y ofrecieron, a cambio, explorar otras alternativas, como el uso de la tarjeta Alimentar o la baja de impuestos. En el Gobierno les respondieron que seguirán adelante con la idea. A este instrumento, Agricultura acaba de fijar un mecanismo de regulación sutil para las exportaciones de maíz y trigo, llamado volúmenes de equilibrio, que los productores lo interpretan como una transferencia de sus ingresos a los exportadores.

Como telón de fondo de esas desavenencias está el fenómeno La Niña, que en la región pampeana es sinónimo de sequía. En el próximo mes, el dato sobre la lluvia caída en la zona núcleo será clave para el futuro de la economía. Hay mucho en juego.

Fuente: Diario La Nación