La Justicia pidió la detención por usurpación de una funcionaria de la Secretaría de Agricultura

Se trata de la directora de Género e Igualdad, Deolinda Carrizo; argumentó que cumplía sus funciones. La Justicia de Santiago del Estero ordenó la detención de una funcionaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se trata de la directora de Género e Igualdad, Deolinda Carrizo, que está bajo la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

Además de Carrizo, también llegó un pedido de detención para ocho personas del movimiento indígena. La resolución fue firmada por la jueza de Control y Garantías de la ciudad de Santiago, Ana Cecilia Vittar, a pedido de la fiscal auxiliar Luján González Garay, informó Página 12.

A Carrizo y ocho integrantes del Mocase se los acusa de interferir en una orden de desalojo de una familia en el paraje El Urunday. Se trata de una localidad que se ubica a 250 kilómetros de la capital provincial.

“Que se haya enviado la orden de detención de mi persona como funcionaria nacional no tiene ninguna explicación: es una forma más del Poder Judicial para atropellar y embestir los derechos de las familias campesinas”, comentó Carrizo, a Página/12. 

La funcionaria contó que fue al lugar como funcionaria para garantizar los derechos de las familias campesinas e indígenas. “En ese momento estaban atravesando un pedido de desalojo, me solidaricé, como en muchos otros casos a los que hemos estado acompañando”, contó Carrizo.

La directora explicó que su rol es que la Justicia pueda escuchar y contemplar el derecho a la tierra. “Es el único lugar donde viven, es su arraigo, su modo de vida, donde desarrollan el trabajo diario, producen y reproducen la vida campesina, indígena y de la agricultura familiar”, detalló la funcionaria. 

Además, apuntó contra la Justicia y aseguró que no es un hecho aislado que haya órdenes de detenciones en contextos de pedidos de desalojo en la provincia de Santiago del Estero. Por su parte, organizaciones de derechos humanos y de la economía popular, repudiaron el hecho. “Exigimos que se garantice su libertad plena”, expresó Luna Miguens, coordinadora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS.

Fuente: Agrofy News