LEGISLADORES PIDEN QUE LA UCESCI INFORME LOS MONTOS DE LOS SUBSIDIOS PAGADOS A MOLINOS
En junio pasado se reestablecieron los pagos al sector. Pero con una quita del orden del 65% y sin publicarse en el Boletín Oficial (a diferencia de lo ocurría con las compensaciones pagadas por la Oncca.).
El último pago de subsidios oficiales al sector molinero liberado por la Oncca se efectivizó el 28 de enero pasado. El 24 de febrero el gobierno resolvió disolver la Oncca para crear la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios para el Consumo Interno (Ucesci).
El pasado mes de junio comenzaron a efectivizarse los primeros pagos de compensaciones adeudadas (correspondientes a liquidaciones realizadas a fines de 2010). Pero, a diferencia de lo que ocurría con las compensaciones pagadas por la Oncca, tales desembolsos ya no se publican en el Boletín Oficial.
Por tal motivo, un grupo de diputados de la oposición presentó un pedido de informes al gobierno nacional para que la Ucesci informe “a qué monto ascienden las compensaciones abonadas durante el ejercicio 2011 por dicho concepto, a qué monto asciende la deuda por compensaciones a los molinos harineros y en qué fecha prevé cancelar las deudas originadas en las compensaciones no abonadas a los molinos harineros”.
El pedido de informes fue firmado por los diputados Alberto Pérez, Horacio Pansa y Nora Videla (Peronismo Federal; San Luis) y luego es apoyado por todo el bloque de legisladores del Peronismo Federal.
Según aseguraron los legisladores consultados por Infocampo.com.ar, la información, que debería ser provista por Leandro Tanzi, titular de la Ucesci, hasta el momento no fue remitida.
La cuestión es que pagos realizados por la Ucesci en lo que va de 2011 a los molinos nucleados en Faim es que los montos pagados por las compensaciones adeudadas registraban una quita del orden del 65%. La mayor parte de los representantes de los molinos, al advertir el hecho, cobraron en disconformidad.
El pedido de informe de los legisladores puntanos advierte que esa situación “ponen al Estado en una situación de incumplimiento” que podría generar “eventuales juicios que deberá solventar con las consecuentes costas y gastos de todo proceso”.
Fuente: Infocampo.