Fuerte enojo de una entidad del campo con Axel Kicillof

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) solicitó celeridad en el tratamiento de las declaraciones de emergencia por sequía y la remisión de la información necesaria a los organismos nacionales para garantizar que los productores reciban beneficios que corresponden por ley

El campo se enfrenta a una nueva campaña en una situación financiera compleja debido al impacto del clima. La sequía, las heladas y las olas de calor dejaron a muchos productores en una situación de emergencia o desastre agropecuario, según lo decretado por el Gobierno en diversas localidades. No obstante, las entidades rurales reclaman que los productores en esa condición no pueden acceder a muchos de los beneficios previstos por la ley debido a la demora en la entrega de los certificados correspondientes, tales como la postergación del pago de impuestos o el acceso a un financiamiento especial.

Una de las organizaciones que se expresó en ese sentido fue la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que nuclea a 114 asociaciones rurales de Buenos Aires y La Pampa. En un comunicado, apuntó contra el gobernador Axel Kicillof por la falta de atención al productor agropecuario en medio de la sequía.

“Tuvimos que hacer muchísimas acciones para que nuestro reclamo sea escuchado en los distintos estamentos del estado provincial y así todo, después de seis meses, seguimos con miles de productores sin poder acceder a los beneficios nacionales de la emergencia por sequía que contempla la ley, a pesar de las promesas del señor gobernador y el ministro de Desarrollo Agrario [Javier Rodríguez] con nuestros técnicos de que eso sucedería”, dijo Carbap. La entidad le envió una carta abierta al mandatario.

Carbap sostuvo que las declaraciones de emergencia por el lapso de 90 días, y no por ciclo productivo de emergencia, hacen que cada 90 días haya que rehacer las planillas. Esto se suma a que a muchos productores no les llegan los certificados en tiempo y forma. La engorrosa burocracia producto del desconocimiento de la situación impide que el beneficio contemplado por la ley llegue como corresponde, indicaron.

 “Así es como el Impuesto Inmobiliario Rural básico, habiéndose extendido la emergencia hasta el 31 de octubre próximo –haciendo caso omiso al permanente pedido de nuestra entidad de extenderlo hasta el 31 de diciembre de 2023- , desde ARBA siguen llegando para las parcelas en emergencia/desastre los vencimientos para mayo, junio y setiembre cuando la ley dice que se difieren dentro de los 180 días de vencida la emergencia. Es decir que deberían llegar a partir de noviembre dichos vencimientos”, agregan.

 “La información que debía impactar en AFIP para poder acogerse a los beneficios nacionales no ha llegado aún para la totalidad de los casos. Resta recibir información acerca de muchos productores que no han podido recibir los beneficios nacionales”, afirmó.

En este marco, Carbap expresó: “Volvemos a reclamar abiertamente la pronta celeridad en el tratamiento de las declaraciones de emergencia, la rápida confección de los certificados correspondientes y la urgente remisión a los organismos nacionales pertinentes para que los productores bonaerenses puedan recibir los ingentes beneficios que por ley les corresponden”.

“Todas las complicaciones que surgieron a raíz de que las declaraciones de emergencia sean por un período de 90 días podrían haberse evitado si se hubiera decretado una única declaración hasta fin de año, pero el gobierno pensó que iban a llegar las lluvias y poner fin a la sequía, pero eso no ocurrió. Por el contrario, la situación empeoró”, dijo Horacio Salaverri, presidente de la entidad.

Indicó que, a pesar de que comience a llover a partir de ahora, “no hay posibilidad de que los productores salgan del estado calamitoso en el que los dejó la sequía”. Por esta razón, expresó: “No se prevé que se salga del estado de emergencia al menos hasta diciembre de este año. Todas estas complicaciones generadas por los decretos podrían haberse evitado si se hubiera establecido una única declaración hasta fin de año”.

Fuente: Diario La Nación