Impunidad total: denuncian que no cede la inseguridad en los campos de una provincia

Un animal cada 20 días. Ese el promedio de lo que pierde el productor ganadero Lisandro Fabián en manos de delincuentes que, al menos, cada dos semanas ingresan a su campo ubicado a cuatro kilómetros de la localidad correntina de Santo Tomé.

Le faenan la hacienda y se llevan la carne. Una situación similar vive Ángel Subizar, también productor ganadero de la zona. La semana pasada sufrió el último episodio en el que no le robaron animales, pero cortaron los alambrados que separan su propiedad de la ruta 14. Afortunadamente, dijo, no se escapó la hacienda, porque de lo contrario podría haber ocurrido una tragedia.

A principios de mayo pasado, LA NACION dio a conocer que a la vera de esa ruta un grupo de productores se reunieron para visibilizar la problemática y organizarse con el fin de reclamar mayor presencia policial y acción judicial. Sin embargo, siguen sin tener respuesta y la problemática continúa. Solicitan más recursos para la Policía de Seguridad Rural y Ecológica (Priar) porque, aunque sostienen que tienen voluntad para trabajar, no pueden asistirlos debido a la falta de equipamiento.

 “Estamos completamente desprotegidos, en medio de una impunidad total. Es una situación desmoralizante porque somos víctimas de una injusticia enorme. Es un golpe muy duro para nosotros que trabajamos para producir y apostar al país y nuestra provincia”, expresó Fabián, que está trabajando en la elaboración de una carta para enviar al gobernador Gustavo Valdés porque la situación “se está poniendo complicada”.

Uno de los puntos que plantean los productores es la falta de recursos con los que, aseguraron, cuenta la policía local. “Necesitamos que se destinen fondos por parte de la provincia y la Nación por la escasez de equipamiento para trabajar que tienen los del Priar”, indicó. Esto fue reconocido por fuentes cercanas a las fuerzas de seguridad en diálogo con LA NACION. Admitieron que “les falta más equipamiento para controlar”.

Actualmente, son 30 las personas que trabajan en una dependencia de Santo Tomé y cuentan con dos móviles y dos motos para controlar una superficie de 4000 kilómetros cuadrados.

Fabián explicó que durante la noche los propietarios de los establecimientos hacen rondas de vigilancia con reflectores. “Los malvivientes merodean el campo, entran al casco, roban caballos y con eso carnean, cortan alambres, cargan la carne en algún vehículo y se la llevan. Provocan un perjuicio enorme”, afirmó.

“No dan ganas de seguir luchando así. Una vez a la semana tenemos que dejar las cosas que tenemos programadas para ocuparnos de arreglar los alambrados y evitar que se escapen los animales”, indicó Subizar, que también una vez a la semana es victima de algún hecho ya sea de abigeato o la misma rotura de los alambrados.

Por esa razón, formaron un grupo al que llamaron productores autoconvocados que tiene más de 50 integrantes. “Venimos sufriendo esto desde hace mucho tiempo. En el Priar hay voluntad, pero sufren la falta de combustible y cubiertas para las camionetas de la policía, de armas y de equipamiento adecuado”, sostuvo.

En la nota que le enviarán a Valdés los productores van a reclamar para endurecer las penas por abigeato y que no sea un delito excarcelable. “Los delincuentes tienen impunidad absoluta, de cierta forma la ley no nos ampara. La única manera de detener este flagelo es que haya una pena”, remarcó Fabián.

Asimismo, solicitarán que se llene la vacante del cargo de un fiscal para asuntos rurales. “Hace seis años se aprobó la ley de fiscal rural y ambiental en los distintos departamentos de la provincia, y en nuestro departamento aún nadie fue designado”, agregó.

“Necesitamos cortar con esta impunidad porque el perjuicio que provocan es enorme, no solo económico sino moral. Faenan las vacas incluso preñadas. Provoca mucho dolor y bronca la situación”, concluyó el productor.