¿Por qué los intendentes que usan la tasa vial como una caja política conspiran contra toda la Argentina?

Sin caminos rurales no existe posibilidad de comercializar la producción agropecuaria de la que depende la mayor parte de la generación genuina de divisas. Cierran tambos. Los transportistas pierden días de trabajo.

Se generan distorsiones comerciales porque las industrias no reciben los insumos necesarios para poder operar con normalidad. La gente que vive en pequeños pueblos queda eventualmente aislada y debe ser socorrida.

Los caminos rurales, en una nación como la Argentina, deberían ser una cuestión de Estado. Sin embargo, para muchos municipios son una caja recaudatoria. Lo que está ocurriendo en Carlos Casares es un claro ejemplo de lo que sucede cuando se pretende cobrar una tasa vial desmedida sin contraprestación alguna.

Emplear una tasa vial como caja política implica conspirar contra la economía argentina y, por extensión, contra todos los argentinos, porque la principal fuente de divisas del país proviene del campo y sin caminos rurales en condiciones la producción agropecuaria no puede llegar a los puertos cuando se presentan condiciones climáticas desfavorables.

Para evitar que la angurria de la política comunal termine perjudicando el interés común de los argentinos resulta indispensable diseñar una legislación nacional “marco” orientada a que cada una de las provincias obligue a los municipios a crear instituciones –cooperativas o comisiones– que permitan que los propios usuarios de los caminos rurales puedan destinar al menos el 70% de la recaudación total de la tasa vial al fin específico para el cual fue creada la misma.

En algunos partidos bonaerenses se creó un mecanismo institucional por medio del cual la mayor parte de los fondos recaudados en concepto de tasa vial se destinan –precisamente– a mantener y mejorar la red vial rural de los municipios.

Un ejemplo es la Cooperativa Vial de Tandil –vigente desde 1997– la cual está integrada por un grupo de productores agropecuarios que diseñan un plan vial que debe ser aprobado por las autoridades municipales. Otro caso es la Comisión Vial Rural de Benito Juárez, que consiste en un organismo municipal gestionado por representantes de productores, transportistas, acopiadores y consignatarios de hacienda, entre otros actores.

El éxito de tales iniciativas –más allá de cuál sea el modelo empleado– reside en el hecho de que los caminos rurales son gestionados por los usuarios de los mismos con recursos provenientes de sus propios bolsillos.

El sistema de los consorcios camineros, como el vigente en la provincia de Córdoba, si bien también es gestionado por cientos de empresarios agropecuarios que trabajan ad honorem para mantener y mejorar la red vial rural, presenta ciertas complejidades, la principal de las cuales es que la partida asignada a cada consorcio por Vialidad provincial apenas alcanza para abonar sueldos y algunas reparaciones menores.

Los consorcios camineros para poder funcionar además suelen recaudar localmente una cuota societaria –medida en litros de gasoil– que es voluntaria y, como tal, es variable según la época y la zona de la provincia.

Los intendentes y concejales con una dosis básica de sentido común entienden (o deberían entender) que la autogestión de los recursos obtenidos por medio de la tasa vial opera a favor de sus propios intereses, pues esa tercerización la administración de los caminos rurales implica tener más tiempo para dedicar a los problemas presentes en las urbes (donde están la mayor parte de los votos).

Y aquellos que no entienden algo tan básico al no poder visualizar la relevancia que tienen los caminos rurales en la matriz económica y social argentina, deberían estar sujetos a una norma específica que impida que se deglutan los fondos correspondientes a la tasa vial.

Fuente: Bichos de Campo