Es todo muy triste. La dueña de una pyme bloqueada advierte que se está fundiendo

Alejandra Bada Vázquez, propietaria de Lácteos Vidal, se refirió a la falta de acuerdo en una reciente reunión con ex trabajadores y el gremio lechero Atilra por el conflicto que enfrentó el año pasado

Sin acuerdo. La dueña de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez, vive por estos días momentos de incertidumbre en medio de las audiencias con el sindicato Atilra, por el caso de la planta de Moctezuma, provincia de Buenos Aires, bloqueada el año pasado tras un pedido de recategorización de los empleados. La empresaria asegura que se está “fundiendo” por las sanciones judiciales que tiene que asumir por día por los 26 empleados despedidos tras el conflicto. El viernes pasado se hizo una audiencia entre las partes, sin entendimiento, y ahora hay expectativa por una reunión el 15 del actual.

 “Nosotros fuimos a la audiencia a esperar la contrapropuesta y no recibimos ninguna. Vino uno de los abogados de ellos y lamentablemente le quitó al juez una herramienta de negociación que tenía que era Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la Argentina. El abogado pidió que Rodolfo no participe por no ser parte, pero él había estado en la anterior y había sido una ayuda para él. Lo había aceptado dentro de la negociación. Lamentablemente, el abogado de Atilra hizo salir de la sala a Llanos”, acotó.

A principios del mes pasado, la empresaria planteó ante la Justicia reinsertar a los exempleados, según dijo, a través de una capacitación que brindaría la Unión de Emprendedores a cargo de Llanos, para que se conviertan en “emprendedores” con los productos que elabora la firma. Aparte de esto, la empresaria contó que propusieron mejorar la indemnización a los trabajadores “al doble de lo que habían ofrecido”. Si bien no trascendió el monto, Atilra había manifestado anteriormente que los abogados de la empresa habían ofrecido liquidar en un 50% al personal.

El mes pasado se realizó un abrazo solidario frente a la planta de Moctezuma, provincia de Buenos AiresSantiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“Con la esperanza de llegar a una solución, hicimos una nueva propuesta que incluye una mejora en las indemnizaciones, ni siquiera nos contestaron”, dijo la empresaria.

Antes, el juez José Ignacio Ramonet, que interviene en el caso, había dado lugar a un pedido de la dueña de apelar la sustitución del embargo por más de $5 millones de la cuenta bancaria de la pyme. Determinó poner en una cuenta del Banco Ciudad los fondos que ingresen en ella y que no van a estar disponibles para los 26 trabajadores despedidos, sino en un plazo fijo en dólares “a fin de evitar la desvalorización”. Esto lo decidió porque la dueña demoraba el cumplimiento de un orden de reincorporación.

“El juez sigue teniendo buena voluntad de llegar a una solución, por lo que fijó una nueva audiencia, pero se ve que los abogados del sindicato no estarían colaborando en que se pueda solucionar a favor de que los exempleados, y se puedan reinsertar en el mundo laboral, que cada uno pueda seguir con su vida. Lamentablemente, están priorizando los intereses del sindicato, embarrando la cancha, echando a Rodolfo y hablando del encuadre sindical de la gente nueva, atendiendo los intereses del bolsillo del sindicato y otras cuestiones, lejos de los intereses de los exempleados”, afirmó.

La empresaria explicó, que Atilra sumó a un nuevo patrocinante en el caso. Según acotó, se trataría de Horacio Meguira, abogado en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-A). “El sindicato insiste en exigir las astreintes y esa multa me está fundiendo. Ellos insisten con la reincorporación y no puedo hacerlo por la salud pública. No pueden convivir con los empleados nuevos y tampoco puedo despedirlos. Si siguen con esta tesitura y en esta continuidad me van a obligar a cerrar la empresa. Notanos que el juez tiene intenciones de llegar a una solución positiva para ambas partes, pero solo recibe ayuda de nuestro lado”, mencionó.

En el medio del conflicto, autoridades de la firma presentaron hace unas semanas un petitorio por una solución favorable

Dijo, además, que en un momento de la negociación el juez Ramonet pidió que los empleados despedidos, además de los abogados y delegados del sindicato, puedan participar de la audiencia: “Gastón Moreno [Secretario General] no se los permitió”. Este último no había estado presente durante las audiencias anteriores. Contó que intentaron hablar con los delegados, pero no se los permitieron. “La intención era negociar allí y hablar sobre la situación y ver de qué forma a través de la Unión de Emprendedores seguir. Sabemos que muchos, por suerte, están trabajando en distintas empresas, no todos. Hay algunos que son empresarios, dentro de mis exempelados hay uno que tiene dos panaderías y que es empresario. Otro tiene un camión, un apicultor y tiene a un empleado que se lo maneja, y otro que tiene una fábrica de leche, me está haciendo juicio y era competencia desleal. Varios son empleadores o empresarios, y no entienden que es importante llegar a un acuerdo, sobre todo la gente que no tiene trabajo y esté necesitando llegar a un acuerdo económico para reinsertarse en el mundo laboral”, explicó.

“Está la intención de renegociar el acuerdo económico y el sindicalismo no se los está permitiendo, y otra vez vemos al sindicalismo rehén de la magia sindical. Estos palos en la rueda de estas mafias atrasan a la Argentina, a los empresarios, a las ganas de querer contratar gente, de progresar para las empresas”, resumió.

Por último, contó que durante la audiencia hubo abogados de los empleados nuevos y los trabajadores que quedaron, que no se sumaron a la medida de fuerza, para pedirle al juez proteger sus propios intereses. “Es todo muy triste. Allí tomamos conocimiento de que los empleados están preocupados porque está en juego lo de las astreintes, de cómo nos están apretando, porque de alguna manera están violando el derecho de estabilidad y empleo de los nuevos y de los viejos, en quienes tengo total confianza, porque son grandes colaboradores para que la empresa pueda seguir funcionando. Qué triste y difícil que tengan que recurrir a abogados para exigir que los dejen trabajar en paz, que no los sigan hostigando porque quieren trabajar y han conseguido un trabajo con el que están contentos. De alguna manera fueron al juzgado a pedir que por favor se respete su derecho también”, cerró.

Fuente: Diario La Nación