Asistencialismo en estado puro: La Secretaría de Agricultura quiere pagar dos visitas mensuales del ingeniero agrónomo para los chacareros que obtengan rindes menores al promedio.

¿Cómo se traslada la visión asistencialista histórica del kirchnerismo, que se aplica más o menos sobre todas las actividades, al orgulloso sector agrícola? ¿Es posible subsidiar a chacareros -hijos y nietos de inmigrantes- que cosechan trigo, soja o maíz sin generar distorsiones en el mercado? ¿Y será necesario? ¿Y qué se le puede entregar a los productores más chicos y atrasados respecto del promedio?

El esquema se venía aplicando en dosis homeopáticas en el caso del trigo, donde en la última campaña se pagaron cerca de 100 millones de pesos a un puñado de agrónomos que aceptaron sumar clientes a través de este mecanismo coordinado por el Estado (Agricultura seleccionó a 45 profesionales que en conjunto capacitaron a 263 pequeños productores de trigo).

Como muchos otros esquemas de subsidios, fue pensado en la gestión lastimosa del ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, un ex funcionario muy acostumbrado a pelar billetera ante cada dificultad. La iniciativa se llamó “Cerrando Brechas” y apuntaba a lograr una cosecha de 25 millones de toneladas de trigo en la campaña 2022/23. Fue un fiasco, pues la sequía malogró ese objetivo y redujo la producción triguera de 22 a 12,5 millones de toneladas. Este año tampoco andará mejor, pues se espera cosechan solo 15 millones de toneladas.

Sin presentar -al menos públicamente- el balance del programa sobre la pequeña población de productores que recibieron asesoramiento agronómico gratuito por parte del Estado, que es finalmente lo que propone el plan, la Secretaría de Agricultura a cargo ahora de Juan José Bahillo decidió que -meses antes del cambio de gestión- era momento de extender la experiencia a otros cultivos. Porque hay brechas productivas no solo en trigo, sino en soja, maíz, girasol, cebada y cualquier otro cultivo extensivo. En todos los casos hay productores de punta que aplican tecnología y logran una mayor productividad por hectárea. Conviven con otros más atrasados, que no tienen tantos recursos, y que tiran para abajo los promedios nacionales.

“Créase en el ámbito de la Subsecretaría de Agricultura el Programa “Menos Brechas, Más Producción (-B+P), con el objeto de contribuir a la reducción de brechas de rendimiento en cultivos agrícolas a través de asistencia técnica especializada”, dispone entonces la .Resolución 381/2023 que se publicó este martes en el Boletín Oficial. El hilo conductor entre aquella iniciativa para el trigo y ésta que involucra al resto de los cultivos es el subsecretario Delfo Buchaillot, sobreviviente de varias gestiones.

Donde hay una necesidad hay un derecho. El sueño de contar con la visita de un agrónomo en el campo, dos veces al mes, todo pagado por los contribuyentes, quedó a la vuelta de la esquina.

“La Secretaría de Agricultura lleva adelante políticas públicas orientadas a recuperar e incrementar la producción y, parte de esto, incluye reducir las diferencias productivas a través de herramientas vinculadas al asesoramiento a los segmentos menos tecnificados con el fin de acortar estas brechas”, argumenta la Resolución, que además establece que el Programa “Cerrando Brechas Productivas” en trigo “ha demostrado ser una herramienta importante para el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores”.

Bahillo y Buchaillot, entonces, se proponen ahora dejar escrito para la inmortalidad -aún desde un Estado casi quebrado- este nuevo programa que incorporaría -en nuevas campañas- el asesoramiento agronómico gratuito a productores de otros granos que, lógicamente, muchas veces son los mismos que producen el trigo y deben rotar sus cultivos. Al menos, esa debería ser la primera lección que le impartan los profesionales asignados a cargo de cada campo.

Por ahora, la extensión de esta iniciativa para cerrar brechas productivas (entre los que más producen y los más atrasados en ese terreno), quedará en los títulos, a la espera de normas complementarias. Pero sí se han aprobado una serie de “lineamientos” para el caso de que el nuevo gobierno decida que corresponde aplicar esta lógica asistencialista hacia los chacareros. 

Allí se establecen varias cosas. Por ejemplo, que la Subsecretaría de Agricultura deberá lanzar en diferentes etapas los capítulos para añadir la soja y el maíz. Ese organismo “diseñará y emitirá convocatorias específicas a través de las cuales se definirán los cultivos que formarán parte del Programa en la campaña correspondiente, límite de personas productoras y hectáreas a asistir, duración, y demás características pertinentes a cada edición”, se determinó.

¿Y quiénes podrán inscribirse? Curiosamente no serán los productores sino los agrónomos los que deban realizar este trámite (dando pie al singular concepto de “agrónomo puntero”, o algo parecido), ya que cada profesional deberá postular a su vez a los productores que va a atender. No hay límites respecto de la facturación o la cantidad de tierras a sembrar, como así tampoco se establece si los cultivos deben estar sobre campos propios o alquilados.

Hay, por supuesto, alguna condición mínima para elegir los chacareros: “Las personas productoras a ser inscriptas por cada profesional asesor serán aquellas dispuestos a participar y que, principalmente, no hayan superado en sus últimas tres campañas dichos promedios”, en referencia a una tabla de rendimientos medios por cada zona. Aunque en letra chica se aclara: “También podrán incorporarse productores y productoras que cuenten con una o dos campañas, en la medida que en las mismas no hayan superado el rendimiento promedio del Departamento”.

Las reglas del programa luego determinan que los profesionales seleccionados deberán cumplir una serie de requisitos, como “contar con título habilitante” y comprometerse a “asesorar a los productores y productoras que presenten, con el compromiso de realizar al menos, a cada uno, dos visitas mensuales al campo y mantener actualizada una ficha con información de avance del cultivo y de las recomendaciones realizadas”. Para hacer estas recomendaciones, deberán previamente intentar hacer un análisis gratuito de suelos, y “tener en cuenta la realidad y posibilidades del productor o productora para poder llevar a cabo” ese plan de siembras.

No hay otras condiciones a la vista, como la necesidad de comenzar a trabajar en grupos que se establece en otros programas que bancan el asesoramiento técnicos, pero para varios productores al mismo tiempo, Es el caso de Cambio Rural, iniciativa que ya lleva 30 años. Tampoco se establece ninguna participación del INTA en esta iniciativa para cerrar brechas productivas.

Pero así son las cosas cuando hay pulsión de ayudar. A sembrar que se acaba el mundo.

Fuente: Bichos de Campo