Perfecto. Los expertos del campo elogian el fin de la intervención del Estado que trajo el DNU de Milei

Para David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), aunque hay que esperar cómo continúa el camino del megadecreto, como primera lectura general “es muy positivo toda medida que elimina trabas, discrecionalidades, restricciones, intervenciones, costos, burocracias”.

 “Muy positivo, pero esperando ver qué sigue. Y, en una segunda lectura más específica, es también muy positivo que se solicite que, cualquier intervención o restricciones a las exportaciones tenga que salir por ley. Esta ha sido durante décadas una de las principales fuentes de imprevisibilidad para la producción y la exportación agropecuaria, especialmente de productos como la carne, el trigo y el maíz, que se podían intervenir las exportaciones, restringir, prohibir generar cupos, desde una segunda o tercera línea de la Secretaría o del Ministerio de Agricultura con una simple resolución. Eso no puede ni debe ser así”, señaló a LA NACION.

 “Si por alguna razón hay que restringir, debería salir por ley, y no por el capricho del funcionario de turno, que además después genera muchísimas discrecionalidades, si alguien tiene la potestad de decir ‘vos exportás, vos no; vos tenés este cupo, vos tenés otro cupo’. Así que eso diría que para el campo es lo principal a resaltar”, agregó.

Luego de que el presidente Javier Milei presentara el megadecreto de necesidad y urgencia, expertos del sector agropecuario analizaron cuál sería, con las diferentes modificaciones, el impacto directo en el campo.

En esa línea, para Santiago Sáenz Valiente, experto tributarista del sector, las desregulaciones que se propone hacer el Gobierno para el agro son importantes: “Si bien muchas regulaciones se han incluido a los fines de combatir la evasión; entorpecen la actividad y complica la dedicación enorme que hay que tener para atender las cuestiones administrativas de una pequeña incluso producción agropecuaria. Creo que eso hay que replantearlo en forma total con un listado de cuáles son todas las trabas que se están desarrollando, que se están planteando, que existen. Así esa desregulación podría ser un paso interesante”.

Juan Manuel Garzón, economista jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, se mostró “muy de acuerdo” con el espíritu del decreto, ya que “buscar limitar o reducir la capacidad de intervención del Gobierno en los mercados de bienes y servicios, de alimentos, de salud, de energía”.

“Esto para el sector agropecuario es muy bueno, porque en el campo hay mucha competencia, mientras que en otros mercados de proveedores los niveles de competencia son menores. Entonces, todo lo que el Gobierno avance en búsqueda de mejorar e intensificar la competencia en los mercados de la Argentina, eso al sector agropecuario le hace bien. La dirección es la correcta”, indicó.

Cambios positivos y no del todo

En detalle, uno de los puntos del DNU con incidencia inmediata se da en el mercado de la yerba mate, con el fin de la potestad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios. “Se propone modernizar a este instituto, restringiéndolo en sus competencias de intervención en el mercado de materia de fijación de precios o de regulación de algunas variables, como puede ser superficies sembradas. Ahí también puede haber cambios importantes en la dirección correcta”, dijo Garzón.

Para el especialista, los warrants, donde también habrá una transformación -con una simplificación-, es una herramienta de financiamiento que “estaba subutilizada y que tiene un potencial de crecimiento y donde los cambios que se estarían proponiendo también van en la dirección acertada”.

 “Simplificar todo el proceso de emisión de los certificados de depósitos de los warrants, eliminando la potestad del gobierno de fijar tarifas o de exigir garantías, son una serie de cosas que estaban en la ley vieja que tiene más de 100 años y que seguramente estaban limitando el uso de esta herramienta”, destacó.

Una cuestión no menor fue el ítem de “prohibir la prohibición de exportaciones”. Para Garzón, esto es “perfecto”, aunque señaló que se debería ver cómo dar al decreto más fuerza institucional: “Hay que ver cómo evoluciona el proceso, donde el Congreso debería validar muchos de estos cambios para que no quede solo en un decreto y se asegure un poco más la estabilidad a futuro de las nuevas reglas de juego”.

En coincidencia, Sáenz Valiente tildó de “excelente”, la decisión del Gobierno de liberar en su totalidad las exportaciones, es decir que no haya más cupos a las ventas al exterior de la producción local. “Es la salida que tiene la Argentina para poder producir cada vez más, no solo productos del agro sino cualquier otro con el cual pueda competir en el exterior. Actualmente, esto se desarrolla con cupos que en definitiva terminan prohibiendo exportaciones y además de convertirnos en un proveedor no confiable. En definitiva, se necesita seguridad jurídica también después para que esto se desarrolle en forma concreta y que volvamos a ser confiables en el mundo y podamos realmente tener un sector exportador muy fuerte porque eso es lo que trae divisas al país”, indicó.

En relación a los cambios para el mercado de trabajo (se quita la obligación de los empleadores a utilizar las bolsas de trabajo a cargo de las asociaciones sindicales de trabajadores), según explicó Garzón, para muchas economías regionales es relevante. “Los costos laborales para estas actividades son muy importantes. Entonces, si esto se puede modernizar, si se pueden encontrar mecanismos más virtuosos en cuanto a que se facilita la contratación de nuevo personal, eso creo que puede ser muy positivo”, subrayó.

Por otra parte, en cuanto a la derogación de la llamada Ley de Tierras, que limita la compra de hasta 1000 hectáreas en la zona agrícola núcleo o su equivalente en otras provincias para un inversor extranjero, también es algo que el sector inmobiliario rural venía pidiendo desde su sanción en 2011. Para Roberto Frenkel Santillán, presidente de Bullrich Campos, es una muy buena noticia para el agro, pero “sobre todo para muchas provincias que están olvidadas y necesitan inversiones extranjeras de manera urgente”.

 “Podemos pensar que, si esto funciona, la tierra pasa a ser mirada por el mundo. Lo importante es que el Gobierno acompañe el desarrollo para que vengan inversiones y que los precios de los campos se arbitren y mejoren. Esto va a depender que mejore la renta y el retorno y si dan seguridad jurídica por un largo plazo. Pero no es un tema que va a ocurrir mañana o pasado.

Por último, Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), señaló que la derogación de la normativa con respecto a su actividad no tendría incidencia real ya que son leyes muy viejas y que básicamente hoy, aunque están vigentes, por uso consuetudinario no se están utilizando.

 “La única que podría hacer un poquito más de ruido es la ley de contrato de elaboración. Esa sí regula cómo sería la elaboración cuando uno lleva la uva a una bodega, pero existen otras leyes provinciales que son complementarias y que, en definitiva, son las que están más vigentes, con lo cual, en principio, existe un complemento de las provinciales. No sería un gran problema esta derogación, pero habría que ver si dentro de esa desregulación se incluyen otras leyes que sí son realmente importantes y fundamentales a futuro. Habría que esperar cuando se reglamente el DNU y ver la letra chica del reglamento, qué se especifica”, cerró.

Fuente: Diario La Nación