Un paso enorme. Fuerte aval de tres cámaras frigoríficas a un cambio del Gobierno para la carne

El Consorcio ABC, Unica y Fifra celebraron el capítulo de la ley ómnibus que, además de derogar la ley de 1981 para la actividad, fortalece al Senasa para que se avance en un estándar sanitario mínimo a nivel nacional; reparos de los matarifes

Luego de que el Gobierno incluyera dentro de la ley “ómnibus” un capítulo para que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar en todo el país un régimen igualitario de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se faenan animales, o se elaboran o depositan productos de origen animal, a través del Senasa, las diferentes cámaras que representan al sector celebraron la iniciativa. Según mencionaron, la fijación de un estándar sanitario básico a nivel nacional le dará una posición muy importante a ese organismo sanitario. El Gobierno busca con la iniciativa derogar la ley de carnes de 1981. En tanto, los matarifes temen que en el interior haya frigoríficos que salgan de la actividad por la aplicación de esta norma.

El proyecto contemplado en el capítulo VII Bioeconomía especifica que el Senasa determinará los sistemas de control higiénico- sanitarios y ambiental, aplicando y supervisando su ejecución, con facultades de inspección, sancionatorias y las que resulten de las normas reglamentarias que dicte el Poder Ejecutivo Nacional. Las provincias podrán dictar normas complementarias que no contravengan las disposiciones de esta. Hasta ahora cada provincia y municipio mantenía su propio estatus.

El Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC), la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica) y la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra), tres de las cámaras más representativas de la faena de animales de la Argentina, dijeron que ven con “gran beneplácito” la incorporación de un capítulo de carnes que pregona una reforma solicitada durante años por el sector, y que da garantías a la salud de los consumidores argentinas al establecer un estatus sanitario nacional y designar una autoridad sanitaria a nivel federal con poder de control sobre la faena, elaboración, y transporte de productos y subproductos bovinos en todo el territorio nacional.

Además, mencionaron que desde la ley 3959 en 1900 venían discutiendo las competencias y pocos se ocuparon de ejercerla. “Las enfermedades no tienen fronteras, por ende, la definición clara, concreta e indubitable, de una autoridad nacional competente y que las provincias puedan concurrir a ejercer el control es la solución institucional definitiva. Las garantías de salubridad de los productos alimenticios, en especial la carne vacuna, deben ser las mismas para todos los habitantes del territorio nacional. Aplaudimos el espíritu de esta normativa que garantizará para los consumidores de todas las provincias y municipios del país el acceso a un alimento seguro, de alta calidad nutricional y con un debido control a cargo de la autoridad sanitaria federal en materia de productos de origen animal. Nos merecemos, como un país consumidor de proteínas de origen animal, tener aseguradas las garantías de inocuidad y un estándar sanitario de plantas de faena adecuado a condiciones higiénico-sanitarias que garanticen la salud de los consumidores de estos productos”, afirmaron.

En la industria dicen que venían discutiendo las competencias de la Ley 3959 de 1900 y que pocos se ocuparon de ejercerlaRicardo Pristupluk - La Nacion

En Fifra agregaron que esto era algo que venían solicitando para que el Senasa tenga poder de acción en todas las provincias y establecimientos y que sea la única autoridad sanitaria de aplicación, con un estatus sanitario básico, unificado y mínimo. “Es muy ambicioso, hay que ver cómo se va a aprobar e implementar. Las provincias van a tener que delegar facultades de poder de policía, porque si bien habla de que se mantendría, pero subordinados al Senasa. Está bueno que se empodere al Senasa. Hay que ver cómo sigue”, dijo Javier Peralta empresario y directivo de Fifra.

Víctor Tonelli, consultor del mercado de las carnes, coincidió en que esto es un “viejo anhelo”, con base en un proyecto que tiene más o menos 13 años. La idea, explicó, es quitarle a las provincias y municipios la potestad de habilitar cualquier cosa. “Esto define darle la potestad a la Secretaría de Agricultura y el marco de control y fijación de los estándares, define un estándar mínimo igualitario para todo el país igualitario, básico, mínimo, pero de un estándar superior a lo que existe hoy en las legislaciones de cada provincia y cada municipio. Con esto terminás con todos los colgaderos y todas las protecciones que muchas veces con carácter político permiten habilitar y hacer funcionar cualquier cosa”, aseveró.

Obviamente, dijo, la implementación “no va a ser fácil”, ya que el proyecto tiene que pasar por el Congreso. “El gran punto es que pone en igualdad de condiciones a los consumidores de todo el país, ya no va a haber consumidores de primera para el AMBA, consumidores de primera para las ciudades de Córdoba o Santa Fe, y consumidores de segunda en el Gran Norte o en los municipios chicos. Poner un estándar mínimo no solo en lo higiénico sanitario, sino también en lo ambiental”, explicó.

Agregó que esto “es un paso enorme”. “Ojalá que sea aprobado por el Congreso porque con eso le das un estándar muy importante a la carne. Siempre mencioné cuando se planteó el tema del cuarteo, que se tenía que igualar la inocuidad de la carne y tenía que comenzar con un estándar mínimo para todos, que no haya tránsitos municipales o provinciales. La carne, una vez que se faena en un frigorífico que efectivamente reúne todas las condiciones que debe tener y asegurar inocuidad para todos los consumidores, puede ir a cualquier lugar del país”, afirmó. Esto si se da significará un salto cualitativo enorme para las carnes argentinas y un golpe de gracia para la informalidad que hay en el negocio, coincidieron los industriales.

Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), expuso reparos. “Hay que empezar a trabajar en los municipios, en las provincias, con los frigoríficos locales. Con esta ley vendrían a quedar afuera el 40% o 50% de los frigoríficos, porque son provinciales, donde hay una municipalidad que da trabajo, y ese frigorífico responde al intendente y creo que va a ser muy difícil trabajar por ahí. Más en un momento donde sabemos que no hay recursos, no hay plata, no le van a bajar recursos a las provincias, todo esto hace a una distorsión de la actividad, que saca la visión del eje”, dijo.

Reiteró en que “hay que empezar a trabajar, al revés con todos los frigoríficos nacionales y provinciales, a llevarlos un estándar donde estos puedan ser competitivos con la exportación, a levantar ese estándar sanitario, no cerrar. El que no invierte y no progresa ya tendrá su sanción, pero también de la mano esto tiene que haber financiamiento. Tiene que haber oportunidad de poder crecer con un financiamiento lógico y en la Argentina eso, por un corto, mediano o largo plazo va a ser impracticable”.

“Esta ley tiene bastantes aristas donde habría que mejorarlas o perfeccionarlas porque es muy vieja también”, agregó.

Fuente: Diario La Nación