Proyecto y controversia proponen eliminar una prohibición para que llegue a la Patagonia carne con hueso desde otras regiones

El diputado nacional Martín Ardohain, de Pro de La Pampa, presentó una iniciativa para terminar con la barrera zoofitosanitaria que restringe el movimiento del producto hacia el sur del Río Colorado

Un diputado nacional del Pro presentó hoy un proyecto para eliminar la barrera zoofitosanitaria que restringe el movimiento de carne bovina con hueso plano desde otras regiones del país hacia el sur del Río Colorado, una región que goza del estatus de zona libre de aftosa sin vacunación. La existencia de este estatus, impuesta por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), le ha permitido a esta región Patagónica exportar carnes a países que exigen dicha condición. Este territorio está integrado por las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y el partido de Carmen de Patagones de la provincia de Buenos Aires.

El legislador en cuestión, Martín Ardohain, argumentó que la persistencia de esta barrera no solo es “innecesaria”, sino que también conlleva “graves pérdidas económicas y sociales” en la región Patagónica. Esto, indicó, genera “desabastecimiento” y un consecuente aumento de los precios. Además, destacó que levantar dicha restricción no solo eliminaría la comercialización clandestina, sino que también reduciría los riesgos sanitarios. La medida favorecería a La Pampa por su proximidad para abastecer al resto de las provincias de la Patagonia. A Ardohain lo acompañó en el proyecto Luis Picat, diputado por la UCR de Córdoba.

“La presente ley tiene por objeto la eliminación de la barrera zoofitosanitaria hacia el sur del Río Colorado, impuesta por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que prohíbe el tránsito de carne bovina con hueso plano a la Región Patagónica integrada por las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y el Partido de Carmen de Patagones de la provincia de Buenos Aires”, dice la iniciativa presentada en el Congreso por Ardohain.

En diálogo con LA NACION, dirigentes de entidades rurales rechazaron el proyecto y expusieron la preocupación de los ganaderos patagónicos, por todo el tiempo y el esfuerzo que llevó lograr la condición de libre de aftosa sin vacunación. Según detallaron, hoy mantendrán una reunión en donde debatirán el camino a seguir para plantear los riesgos que este proyecto trae para la región.

En 2001, el Senasa dictó la resolución N° 5/2001 mediante la cual se aprobó el Plan de Erradicación de la Fiebre Aftosa con el fin de evitar la posible difusión de la situación epidemiológica. Este plan dividió el país en regiones: la zona libre de aftosa sin vacunación (desde el paralelo 42° hacia el sur) y la libre de aftosa con vacunación. La intención era prevenir la aparición de la enfermedad en el sur del país, permitiendo únicamente el ingreso de cortes de carne sin hueso (vacío, nalga, entre otros), ya que no pueden transmitir la fiebre aftosa, mientras se prohibía el ingreso de animales en pie o cortes con hueso.

Para 2013 se corrió la barrera zoofitosanitaria hasta el Río Colorado. Ello implicó que las provincias de Río Negro y el partido de Carmen de Patagones, Buenos Aires (Patagonia Norte A), se incorporaran a la zona libre de aftosa sin vacunación.

Ardohain sostuvo que la restricción para la carne con hueso “no solo es innecesaria, sino que su continuidad acarrea graves pérdidas económicas y sociales a toda la región patagónica”. Además, dijo que los cortes de carne bovina con hueso plano, prohibidos por la restricción, se destinan exclusivamente a la cocción, haciendo según la OMS que la actividad viral en estos casos “resulte nula”.

El legislador también señaló que las provincias libres de aftosa sin vacunación “están padeciendo un alarmante desabastecimiento de ciertos cortes que ellas no pueden producir, ni tampoco importar”. En este sentido, expuso que “dicho desabastecimiento impacta directamente en el aumento de precios para los consumidores, dado que los productores locales no pueden satisfacer la demanda generada”.

Además, remarcó que la eliminación de la barrera también pondría fin a la comercialización clandestina y al tráfico de carne en condiciones irregulares, evitando posibles riesgos sanitarios que afectarían la calidad y, por ende, la salud de la población.

Ardohain subrayó que la existencia de la barrera impide que La Pampa participe plenamente en la actividad comercial con otras provincias patagónicas, generando perjuicios económicos. Asimismo, destacó los beneficios potenciales del levantamiento, como la reducción de costos de la carne bovina, la mejora de la genética regional y el fomento de la libre competencia.

Rechazo

Sebastián Apesteguía, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, expresó su desacuerdo con el proyecto. “Esta medida pone en peligro el acceso a mercados muy importantes y el trabajo que venimos haciendo hace 40 años. Por eso lo vemos como algo muy negativo”, indicó.

Apesteguía también criticó la propuesta de levantar la barrera, sugiriendo en su lugar un enfoque de trabajo para elevar los estándares y buscar que más provincias del norte alcancen el estatus de libre de aftosa sin vacunación. También destacó la importancia de evaluar cómo reaccionarán los mercados internacionales ante la posible aprobación de la ley.

En relación a los problemas de desabastecimiento mencionados en el proyecto, Apestegui argumentó que “esto no está directamente relacionado con la barrera, sino más bien con la disminución del stock debido a la sequía y el impacto de las medidas económicas de los últimos años”.

En el mismo sentido, Daniel Lavallén, de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro y prosecretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), catalogó el proyecto como “descabellado” y expresó que “no le encuentra ningún sentido”.

“No lo entendemos porque va en contra de lo que siempre buscó el país. Para lograr el estatus de libre de aftosa sin vacunación se realizaron numerosas misiones comerciales para conseguir la apertura de los mercados y esto puede poner todo eso en riesgo”, afirmó.

Lavallén sostuvo que este estatus les ha permitido crecer en la parte genética, tanto en la ovina como en la bovina. “Hoy en día, nos permite exportar genética a países libres de aftosa sin vacunación. Por ejemplo, Chile, que lleva cuatro años comprando genética, principalmente vaquillonas y toros Hereford”, explicó. En cuanto al comercio de carne bovina, señaló que en la provincia hay un frigorífico en la zona de Viedma que exporta a países como Japón, marcando un hito histórico en la región.

Osvaldo Luján, vicepresidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, expresó su “total desacuerdo” con el proyecto. “La barrera sanitaria se fundamenta en cuestiones de salud y no en aspectos político-comerciales, como menciona en su fundamentación. Nuestra provincia de Chubut se encuentra libre de aftosa y otras enfermedades, como la sarna ovina. Esto se logró gracias a un trabajo conjunto entre el sector público y privado, un ejemplo destacado a nivel nacional con la formación de comisiones sanitarias que involucran al sector productivo”, indicó.

Por oro lado, explicó que este estatus permitió la apertura de mercados “tan difíciles como Japón, Estados Unidos, entre otros. “Considerando que las decisiones sanitarias tienen un impacto significativo en los mercados internacionales, cualquier modificación que se proponga debe minimizar el riesgo y generar confianza en el ámbito comercial. Por eso, solicitamos que estos temas sean tratados con la seriedad que corresponde a nivel social y no se les otorgue únicamente un título de decisiones políticas que no lo son”, expresó.

Vale recordar que en julio pasado hubo una polémica porque entidades del campo de la Patagonia manifestaron su malestar con el Senasa por haber habilitado que los bovinos de dicha región que participen de la Exposición Rural de Palermo pudieran retornar a su origen tras usar el predio de la muestra como cuarentenario. Las entidades argumentaron que esta medida ponía en peligro el estatus sanitario y expresaron su preocupación por el posible impacto negativo en el trabajo realizado durante años.

Fuente: Diario La Nación