Matar a la industria. Fuerte reacción de Córdoba y Santa Fe ante un cambio para los biocombustibles

Ambas provincias, referentes en etanol de maíz y biodiésel, rechazan modificaciones impulsadas en la ley ómnibus; expectativa por una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos

Los cambios que impulsa el gobierno de Javier Milei para los biocombustibles en el proyecto de ley ómnibus que está en el Congreso puso en alerta a las provincias productoras, entre las que se destacan Córdoba y Santa Fe en biodiésel y Tucumán en bioetanol. El gobernador cordobés Martín Llaryora recibió a productores y representantes de las entidades que los nuclean, quienes plantearon su “preocupación” por el tema.

Del encuentro también participaron los ministros de Bioagroindustria, Sergio Busso, y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, quienes afirmaron que la iniciativa es un “lobby de las petroleras para matar a la industria del biocombustible”.

 “Quieren cambiar las reglas de juego para el mercado de los biocombustibles y favorecer a las petroleras. Este proyecto realmente va a perjudicar absolutamente todo el proceso de transformación, tanto de bioetanol como biodiésel. Estamos en desacuerdo con este proyecto de ley, creo que hay que llegar a una idea superadora. Desde Córdoba vamos a defender todas las inversiones que se hicieron en este sector que genera muchas fuentes de empleo y es clave para el desarrollo de la provincia”, explicó Busso.

Dellarossa sostuvo que la iniciativa es “perjudicial” para Córdoba ya que le deja al criterio del secretario de Energía la posibilidad de colocar un corte de alcoholes y naftas que no tiene que ser más allá del 12%. El proyecto de ley elimina ocho artículos de la 27.640 y desregula casi en su totalidad la actividad, lo que haría peligrar a las pequeñas y medianas empresas que fabrican biodiésel y bioetanol, según alertaron. Abre las puertas a la importación y que grandes exportadoras puedan abastecer el mercado local, entre otros puntos.

“Este proyecto le pega de lleno al sector de producción de biodiésel y a la producción de alcoholes derivados del maíz. Desde Córdoba vamos a pelear para proteger nuestra industria, porque va en contra de lo que el mundo quiere”, apuntó Dellarossa.

De la reunión participó también Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, quien entiende que la iniciativa “tiene numerosos errores, grandes defectos que hay que corregir”. Un punto clave que remarcó y consideró el “más grave” es que “ni siquiera fija un porcentaje de mezcla obligatoria mínima y, por lo tanto, puede pasar cualquier cosa con la demanda de bioetanol en los próximos meses, si se aplica esta ley. Esto dejaría fuera de la cancha a gran parte de la industria y nos pondríamos en una crisis de la cual no sé cómo saldríamos”.

 “Esta situación es una oportunidad para plantear el rol de los biocombustibles en la Argentina y por ello estamos trabajando en una propuesta superadora que se va a presentar en los próximos días a las provincias que integran la Región Centro y se elevará al Congreso con un proyecto de ley alternativo que esperamos sea aprobado”, añadió.

Santa Fe

Por su lado, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini y la vicegobernadora Gisela Scaglia estarán este lunes con el ministro del Interior, Guillermo Francos y el de Bioeconomía, Fernando Vilella para analizar la problemática.

“Entendemos que hay un lobby petrolero que perjudica directamente a Santa Fe. En nuestra mirada, tenemos que ir a un esquema similar al de Brasil, donde vienen aumentando el corte de combustibles fósiles. Para que haya más producción de biodiésel debemos fijarlo en un mínimo del 10 % y llevarlo a un 14 % en 2024 y a un 15 % en 2025. El mundo va en este camino y no podemos permitir que Argentina retroceda”, afirmó Puccini.

Agregó que la modificación tiene que contemplar “a todos pero en defensa de las industrias que ya están dentro del mercado, y sin sumar el impuesto que le cobran a las petroleras, porque el biocombustible es no contaminante”.

En el caso de Santa Fe, tiene 19 plantas, representa el 82% de la producción de biodiésel, “genera empleo y valor agregado. Hay industrias que han hecho inversiones con un marco legal que las protegía hasta 2030; no se puede cambiar las reglas de juego”.

Fuente: Diario La Nación