Ley ómnibus apoyos, críticas y advertencias de entidades del agro en el Congreso

Entidades del agro y cámaras vinculadas con los biocombustibles expresaron esta mañana su posición a los cambios en las retenciones y a las modificaciones que involucrarán tanto la producción de biodiésel como etanol según el proyecto de ley ómnibus del Gobierno.

 Fue en el Plenario de Comisiones en la Cámara de Diputados. Los primeros en exponer fueron las cámaras que representan al sector de los biocombustibles, quienes celebraron la decisión de aumentar el corte, según lo anunciado por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, la semana pasada, pero también alertaron por la alícuota de exportación que involucra la suba del 31 al 33% para los derechos de exportación del aceite de soja. Las empresas ligadas con la exportación apoyan la nueva normativa para los biocombustibles, pero hay reparos de las pymes que temen no poder competir.

Víctor Castro, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), sostuvo que la Argentina es un gran jugador mundial de biodiésel, pero viene perdiendo participación todos los años porque los países hacen crecer sus mercados internos con materia prima local. “En 10 años, se duplicó la producción global de biodiésel, mientras que en la Argentina la producción se redujo 35% debido al marco regulatorio retrógrado que tenemos. Entre los países con mecanismos de mandatos de mezcla obligatoria se destaca Indonesia, con una mezcla de 30% en 2021 y que el Gobierno planea ampliar a 40%”, indicó.

El segundo lugar, precisó, lo ocupan Brasil y Colombia, con un mandato obligatorio de 15%. En esa línea, dijo que en la Argentina existen 33 plantas de producción de biodiésel, con un total de producción de 4 millones de toneladas anuales y un mercado interno que no supera el millón de toneladas con los cortes actuales. Hay 15 plantas ubicadas en Santa Fe y ostentan el 81% de la capacidad de producción del país con 3.172.800 toneladas por año. Señaló que en la Argentina el 70% de la producción de biodiésel tiene prohibido abastecer el mercado interno con la actual ley. Esto encarece el valor del diésel al consumidor final y reduce la cantidad de empresas que participan del mercado interno.

Según mencionó, la cámara apoya los mecanismos de competencia del Proyecto Ley del Poder Ejecutivo Nacional- Sección IV — Ley N° 27.640, biocombustibles, que se conocieron la semana pasada. “Abre un camino de crecimiento para el Biodiésel en convergencia técnica regional al adoptar un nivel de corte de biodiésel en gasoil como el de Brasil del 15% para el 2026, y una base mínima de corte del 10% que no solo permite dar previsibilidad a la actividad, sino que además cumple con el principio de no regresión en materia de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, establecidos en los acuerdos y leyes ambientales asumidos en Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por otro lado, estaba en franca contradicción en el actual régimen regulatorio de la ley 26.640, el cual redujo el corte obligatorio vigente hasta ese momento de biodiésel a la mitad, y además establece la potestad a la autoridad de aplicación de bajar el mismo al 3%”, señaló.

Respecto de la suba de retenciones al aceite de soja, que es la materia prima central, advirtió que va a generar una caída de producción de ese insumo y eso podría impactar sobre el suministro de biodiésel. “Por lo que llamamos la atención que la no suba de retenciones al aceite sería la acción complementaria más lógica para permitir el crecimiento del mercado de biodiésel”, dijo.

Tomás Lorda, director de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), dijo que las pymes de biodiésel no están preparadas para competir porque el Estado argentino las diseñó de esa manera. “Hay dos determinantes del costo, el principal es el flete para transportar la materia prima. La ley nos creó de esa manera. No fue una decisión nuestra, si hubiésemos planteado una planta para producir no hubiese sido así”, acotó.

Las pymes tendrán que competir con productoras y exportadoras que hoy no pueden vender al mercado local. En esa línea, indicó que esto se ve agravado porque el sector aceitero que les vende la materia prima es el principal competidor.

“Competir con nuestro principal competidor es inviable. Cada pyme se diseñó de manera diferente. ¿En qué terminaría la implementación de este proyecto? Cerrando las plantas más chicas, van a quedar afuera las pymes más chicas y más alejadas del puerto. Va a ser una ley con impacto ambiental”, afirmó.

Silvina Campos Carlés, economista de Coninagro, habló de los derechos de exportación que afectarán a las economías regionales. “Las economías regionales son las que nos traen a trabajar con ustedes, más precisamente sobre los derechos de exportación, que representan menores ingresos en una cadena distinta”, dijo.

Las retenciones, planteó, modifica la estructura de costos, en el corto plazo. “No somos una commodity, eso se ha discutido en otras reuniones. Los ovoproductos: huevo seco y huevo líquido, nueces, pecan, frutas, el maní nos preocupan. Es un tema conocido, no sabemos si se va a incorporar o se va a rever. El maíz pisingallo se había incorporado, pedimos por el tabaco, la alfalfa, y la jojoba. Todas las carnes las consideramos como una economía regional. Tanto la carne bovina, porcina o aviar: solicitamos una rebaja parcial para promover los cereales o las oleaginosas”, puntualizó.

Entre otros temas, agregó que la ley de fuego era algo que querían encarar. “Lo que nos preocupa es que no nos den solución. Con lo cual aumenta el costo al capital de trabajo, también tenemos preocupación por la ley de warrants”, sintetizó.

Fuente: Diario La Nación