La Justicia imputó a los delegados de Atilra en SanCor, pero continúan las amenazas a quienes quieren volver al trabajo: Para no sufrir intimidaciones, incluso deben ir acompañados al baño.

La planta de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas volvió a ser eje de la situación dramática que le impone a esa firma la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra). En la sede central de Sunchales, epicentro del conflicto, hubo mucho movimiento este martes.

Tal como contábamos la semana anterior, con la efectivización de seis denuncias penales a diferentes referentes gremiales por las amenazas diversas e impedimento de trabajo perpetradas en ese establecimiento, el camino judicial comienza a tomar velocidad. Si bien en un inicio estaba a cargo de los diversos casos Juan Manuel Puig, fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación de Sunchales, ahora todos los trámites estarían bajo la órbita directa de la procuradora general, María Cecilia Vranicich.

Por lo pronto, la justicia santafesina tomó la decisión de imputar a los gremialistas denunciados por los bloqueos a la empresa y, insólitamente, por hostigar y amedrentar a sus propios representados.

Personal del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe estuvo durante el martes a la mañana en la planta de Sunchales, relevando la situación de los trabajadores. El gremio participó del encuentro con una de sus abogadas y le pidió a los trabajadores que “aguanten un mes más”, aludiendo a una suerte de inversor que está listo para desembarcar en la empresa. Dicha promesa suena ilógica e incumple con cualquier trayecto administrativo legal para el formato de empresa cooperativa. Pero hace más de cinco meses Atilra viene utilizando ese argumento para estirar el conflicto.

Cabe recordar que el gremio no pudo articular denuncias ante la Cooperativa por deudas anteriores, basadas en acuerdos por fuera de convenio que Atilra viene sosteniendo desde 2017 con SanCor. Ya ni recuerdan que les hicieron enviar cartas documento a los trabajadores, presionados y sin sentido.

Luego de la visita de los veedores de Trabajo, el martes siguió con la llegada a la planta de Sunchales, que es la única que continúa paralizada, de representantes del Movimiento Empresarial Antibloqueo. Durante varias horas, Juan Méndez como presidente del MEAB, junto a Ariel Rey, Germán Clausen y Miguel Cassani, de la Comisión Directiva, se reunieron con el titular de la Cooperativa, Alberto Sánchez. También recorrieron el lugar y dialogaron con los trabajadores. Ese vínculo y comunicación con quienes quieren seguir trabajando resultó clave para empezar a destrabar miedos y un conflicto que resulta una pesadilla en cada jornada laboral.

A esta altura de los acontencimientos, la adhesión a este bloqueo de Artilra sobre SanCor se da sólo por la fuerza. El temor entre los trabajadores es palpable, lo dicen en voz baja, se sienten acorralados por una violencia que todo el tiempo está presente. Amenazas personales, a las familias, a cortar la obra social, a dejar sin trabajo a familiares que se desempeñan en otras empresas.

Con el manejo de ese peligro que se presenta de forma constante es que el gremio perdió de vista su objetivo central, que sería el de defender a los trabajadores y no atacarlos o usarlos como elemento de choque para conseguir objetivos particulares de los propios dirigentes sindicales.

Los delegados parecen dueños de la Cooperativa, controlan todo, aunque la Policía de Santa Fe siga estando dentro de la planta. Está tomado el comedor, y si no se es parte del formato de asamblea, no se puede entrar ni a tomar agua. También manejan los ingresos y egresos, y claramente tienen el beneficio de muchos mandos medios que facilitan sus acciones.

Quienes deciden trabajar no pueden ir solos al baño, porque ahí sucedieron varios hechos de violencia. Hay quienes no pueden dejar sus pertenencias en ningún lugar mientras realizan sus tareas porque les vandalizan los lockers.
La gente circula abatida por sus espacios de trabajo, no cuentan con cámaras de seguridad para proteger su desempeño por disposición gremial, los lugares clave de producción están paralizados. La sede central de SanCor está tomada.

Lo inentendible de la situación llega a la propiedad de San Guillermo, donde a cuatro meses de haberse vuelto a poner en marcha, el paro de Atilra terminó provocando en noviembre pasado su nuevo cierre y la caída con el negocio con un tercero que la había revivido. Desde ese momento unas 28 personas quedaron sin trabajo y a pesar de ello, aún en vínculo con SanCor, todos los días un representante gremial pasa a controlar que nada se haga en el lugar. A esas personas también se les ofreció y pagó por momentos el aporte gremial por obedecer al paro. Hoy no hay aportes, ni salario, pareciera que eso es lo que se busca para las más de 1.500 personas vinculadas a la láctea.

Para SanCor es momento de decidir drásticamente. Debe encarar una verdadera defensa de si misma como cooperativa, como dadora de trabajo y por su influencia social en cada lugar donde se asienta, pero sobre todo para sobrevivir a este vendaval que le puede representar la oportunidad de una depuración, o por el contrario la caída definitiva frente a su principal padecimiento que parece incurable.

Es remarcable que esta nota se concluye con el registro de las amenazas de dos delegados gremiales a una trabajadora de prensa, a quien desde Atilra hostigan hace meses a través de comunicados, en notas periodísticas y ahora de forma personal, simplemente por hacer su trabajo y aportar opinión en este escándalo que no cesa.

Estos hechos, sucedidos cuando la cronista cubría las diferentes secuencias sucedidas el martes en Sunchales, serán debidamente denunciados para poder ejercer los derechos que asegura el artículo 14 de la Constitución Nacional, los de saber, de trabajar, pero también publicar las ideas por la prensa sin censura previa.

Fuente: Bichos de Campo