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DIPUTADOS DENUNCIAN QUE EN LA ONCCA HABÍA TRES CAJAS PARALELAS.
En su demanda original, presentada a fin de octubre, los diputados acusaron a Echegaray y a su sucesor en la ONCCA, Emilio Eyras, de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, cohecho, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos.
Los diputados de la oposición que iniciaron una denuncia penal contra Ricardo Echegaray reclamarán hoy a la justicia que disponga la intervención de la ONCCA e investigue el patrimonio personal del titular de la AFIP y otros funcionarios presuntamente involucrados en las irregularidades en el pago de subsidios a feed lots. La llamada Mesa de Consenso Agropecuario, además, ampliará su denuncia con nuevos casos, entre los que se destaca el de la firma "La Paceña SA", que cobró 1.230.190 pesos a pesar de mostrar varias inconsistencias en su documentación legal.
Los legisladores se presentarán hoy al mediodía ante el juzgado federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, para aportar nuevas pruebas que recogieron a través de una página en Internet (www.denunciealaoncca.com) creada especialmente para detectar posibles ilícitos cometidos por la ONCCA en la distribución de las millonarias compensaciones.
En su demanda original, presentada a fin de octubre, los diputados acusaron a Echegaray y a su sucesor en la ONCCA, Emilio Eyras, de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, cohecho, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos. En su nueva presentación, solicitarán a Rafecas el inicio del sumario, que cite a indagatoria a los funcionarios y que investigue también su patrimonio personal.
"Dijimos que íbamos a seguir con la investigación y cumplimos. Ahora confiamos en que la justicia avance con la investigación", dijo el macrista Christian Gribaudo, uno de los doce diputados que firma la denuncia. En ese grupo conviven legisladores del PRO, de la UCR, del peronismo disidente, del cobismo y de la Coalición Cívica.
En su escrito, el bloque dice haber comprobado que en la ONCCA existían "tres ventanillas" para conseguir cobrar las compensaciones, "una política, una de amigos y una general". Los diputados, además, revelan que detectaron casos en los que "se han cobrado coimas por un 5%" de los montos.
Los grises quedan de lado cuando los opositores relatan un caso concreto: el de la firma "El Paseño SA", que a pesar de tener domicilio en Florencio Varela "habría creado un feed lot fantasma en la provincia del Chaco a los fines de cobrar subsidios irregularmente".
Esa firma, que ya cobró más de 1,2 millones de pesos por sus operaciones entre enero y abril de 2009. Y lo hizo a pesar de que su inscripción muestra algunas inconsistencias. "El Paseño SA" figura registrado ante ONCCA con un establecimiento de engorde ubicado en el Chaco. Ante el SENASA, sin embargo, aparece controlando dos feed lots fuera de dicha provincia, en Saladas (Corrientes) y La Paz (Entre Ríos). Sólo hay evidencia de la existencia de este último establecimiento: en esa tranquila localidad los vecinos se han alzado por el mal olor que despide el feed lot, que ha llegado a tener unos 6.000 a 7.000 bovinos.
Por otro lado, sus dos socios (Felipe Leguizamón y María Eugenia Valencia) declaran domicilio en Florencio Varela (Buenos Aires). Fundadores de otras dos empresas entre 2002 y 2005, en la página de AFIP resultó imposible corroborar su actual situación fiscal.
Además de este caso, se sugiere investigar otro feed lot de General Cabrera, Córdoba, que "estaría cobrando subsidios de la ONCCA, ingresaría la hacienda sin DTA (guías) y vendería en negro".
"Debido a las graves irregularidades, el actual presidente de la ONCCA ha dado la orden de derogar la Resolución 2839/08, promulgada por Echegaray a los fines de encubrir las maniobras ilícitas que se cometían, ya que se había creado un sistema legal paralelo", añade la denuncia. En rigor, Juan Manuel Campillo dio de baja esa norma, que eximió al organismo de la exigencia de contar con aval de los abogados del Estado antes de concretar cada pago.
Fuente: Matías Longoni, Clarín; Cuenca Rural.
