La industria del biodiésel brasileña calcula que el perjuicio generado por el impuestazo de Lula es de 250 millones de dólares

La industria del biodiésel brasileña rechazó el “impuestazo” aplicado por el gobierno nacional por medio de la resolución 1227 y aseguró que tendrá un impacto inflacionario en los valores del biocombustibles que, en su mayor parte, se elabora con aceite de soja.

La industria del biodiésel brasileña calcula que el perjuicio generado por el impuestazo de Lula es de 250 millones de dólares

La Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove), la Asociación de Productores de Biocombustibles de Brasil (Aprobio) y la Unión Brasileña de Biodiesel y Bioqueroseno (Ubrabio), entidades que representan a las plantas productoras de biodiésel en Brasil, comunicaron que “recibieron con perplejidad” la resolución 1227.

“El impacto más desastroso de la resolución 1227 es que afecta directamente los resultados de las empresas al generar, de la noche a la mañana, una acumulación de créditos PIS/Confins no monetizables”, indicaron por medio de un comunicado.

Las primeras estimaciones del total de créditos PIS/Cofins acumulados en la industria del biodiesel totalizan alrededor de 1350 millones de reales por año, una cifra equivalente a unos 250 millones de dólares.

“Ese monto, que se convertirá en un costo para la industria del biodiésel, representa en promedio un 3,4% de los precios actualmente vigentes”, señalaron las entidades.

El comunicado indica que la acumulación de estos créditos irrecuperables desincentiva las inversiones en la industrialización de materias primas necesarias para la producción de biodiésel.

“Si se realizan menores inversiones en industrialización, aumentarán los riesgos para la industria del biodiésel, que depende de las semillas oleaginosas, y también para el sector de la proteína animal, que depende de la harina de soja, un coproducto de la producción de aceite vegetal”, aseguraron.

El problema se agrava porque la industria aceitera calcular que el perjuicio generado por la medida es del orden de 6500 millones de reales anuales, lo que complica la competitividad del sector agroindustrial en su conjunto.

“La resolución 1227 produce una enorme incertidumbre en lo que respecta a los planes de inversión ya programados, los que obligan a revisarlos”, resume el comunicado.

Fuente: Valor Soja 

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