Alertan sobre una guerra judicial y política en Buenos Aires por una tasa en un puerto

Entidades del agro criticaron un fallo de la Corte Suprema bonaerense que autorizó a la Municipalidad de Necochea a cobrar un gravamen por las operaciones en la estratégica terminal de Quequén

Entidades del sector agropecuario, acopiadores y exportadores rechazaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que autorizó a la Municipalidad de Necochea a cobrar la tasa vial portuaria en el Puerto Quequén. El fallo, que sobrevino tras un planteo de inconstitucionalidad del Centro de Acopiadores local, obliga a los usuarios del puerto a pagar la tasa, que se prevé esté entre uno y dos dólares por tonelada y sería retroactiva. En 2017 esta tasa fue derogada después de una guerra judicial y las entidades anticiparon que podría haber nuevas acciones en el medio.

A través de una carta dirigida al intendente de Necochea, Arturo Rojas, el Centro de Exportadores de Cereales de la Argentina (CEC), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Filial Necochea, Sociedad Rural (Necochea), Sociedad Rural Argentina (provincia de Buenos Aires), Agronomías De Necochea, Aapresid Regional Necochea, Carbap, Centro Acopiadores De Cereales Zona Puerto Quequén, repudiaron la pronta restitución de la denominada tasa solidaria por mantenimiento diferenciado de la red vial urbana.

En el documento, que iba también dirigido al presidente del Honorable Consejo Deliberante, Guillermo Sánchez, expresaron “las consecuencias adversas que implica este tipo de recursos meramente recaudatorios, que ya fueron eliminados años atrás por los efectos adversos ocasionados”. Según manifestaron, la tasa recaería sobre terminales portuarias y empresas agroexportadoras que operan en el puerto de Quequén.

Recordaron que el primer antecedente de esta tasa fue en 2017, cuando fue derogada por el Honorable Concejo Deliberante y quien sostuvo los principales argumentos para ello fue el actual intendente, quien en ese momento se desempeñaba como miembro del referido Concejo. “La tasa no es otra cosa que un impuesto encubierto y que pone en cabeza de un sector el costo de un servicio que atañe a toda la comunidad, vulnerando así el principio de igualdad. A su vez, la tasa resulta asimilable a un tributo aduanero a la exportación porque su aplicación se produce con motivo de la exportación de bienes a través del puerto de Quequén”, mencionaron las entidades.

Además, señalaron que la Municipalidad invade así facultades tributarias reservadas a la Nación. En ese contexto, agregaron que es “importante resaltar que la actividad agroindustrial y portuaria realiza un gran aporte a la comunidad en cuanto a pago de tasas, acceso de servicios, generación de empleo formal, inversiones, infraestructura, entre tantos otros. En contraposición, este tipo de medidas encubiertas meramente recaudatorias, lo único que generan es la pérdida de competitividad nacional, pero principalmente para la ciudad de Necochea y su comunidad quienes perderemos debido a que resultaría casi imposible sostener los volúmenes de exportación, cuya carga seria desviada a otros puertos, principalmente por Bahía Blanca”, dijeron.

Más temprano, el grupo de las Sociedades Rurales del Sudeste Bonaerense también manifestaron su preocupación y rechazo al fallo de la Justicia bonaerense, tras el planteo de inconstitucionalidad que había formulado el Centro de Acopiadores de Necochea. Entre los argumentos esgrimidos por las entidades están que la tasa “no se destina a mejoras específicas, sino que va a la caja general del municipio”, y aseguraron que esto añade una carga impositiva al sector sin beneficios claros. Dijeron que el fallo obliga a los usuarios a abonar la tasa en retroactivo y costas generadas desde la cautelar emitida hasta que hubiera resolución, pero además habilitaría la continuidad de la liquidación del tributo.

Patricio Bosch, vicepresidente de la Sociedad Rural de Necochea, dijo que esto indefectiblemente termina impactando en el precio que reciben los productores por los cereales. “También en la llegada de los cereales a los puertos, porque en la medida que se encarece el puerto de Quequén, los cereales se van a otro puerto”, añadió. Entre los argumentos de la Municipalidad es que los camiones con cereales al puerto rompen el ingreso al área urbana. Sin embargo, al tratarse de un puerto provincial, los costos tendrían que ser asumidos por la provincia y no la municipalidad.

“La tasa eventual aplicable no está afectada al arreglo de las rutas con acceso al puerto; va a rentas generales de la Municipalidad y no termina en la reparación efectiva de las rutas y caminos”, precisó. Hasta ahora no hay definiciones sobre los valores aplicables a la tasa, pero se baraja que quedarían entre uno y dos dólares por tonelada. La otra posibilidad serían dos dólares de gasoil por tonelada. Al puerto ingresan entre 6 y 7 millones de toneladas de granos por año.

Matías de Velazco, secretario de CRA, coincidió en que esta tasa la termina pagando el productor y va en detrimento del puerto de Quequén. “Los impuestos que se ponen a los exportadores, estos se dan vueltas y se lo descuentan del precio que le pagan a los productores; siempre pasa que se traslada a la cadena”, especificó.

Además, agregó que tanto la Municipalidad y provincia ya cobran otras tasas a las empresas y acopios que operan en el municipio. “¿Qué hacen con la plata? Lo que se ve es una clase política totalmente disociada de lo que tiene que ver con lo privado y lo que sucede en la Argentina. Están encerrados, cada uno tiene su quintita, haciendo su campaña política. No se ocupan de gestionar eficientemente los recursos”, puntualizó.

De Velazco agregó que esta ha sido una práctica habitual en la provincia gobernada por Axel Kicillof. “Es un formato de gestión que ya fracasó, pero sigue en el pasado. No miran lo que hay que hacer, siguen encerrados en su círculo vicioso”, resumió.

Fuente: Diario La Nación