Pese a la marcha atrás de Europa, la discusión por los requisitos de trazabilidad sigue abierta

El pedido de postergación por un año de la Comisión Europea al parlamento de la Unión Europea de la norma que impide importar soja, carne vacuna, productos forestales y café, entre otros, de zonas que fueron deforestadas después de 2020 fue recibida con alivio en la Argentina, tanto de parte del sector privado como del sector público.

La postergación de la norma comunitaria a la exportación de productos libres de deforestación abrió un debate sobre sustentabilidad y mercados

El pedido de postergación por un año de la Comisión Europea al parlamento de la Unión Europea de la norma que impide importar soja, carne vacuna, productos forestales y café, entre otros, de zonas que fueron deforestadas después de 2020 fue recibida con alivio en la Argentina, tanto de parte del sector privado como del sector público.

La Unión Europea, como principal destino de las exportaciones de harina de soja argentina y uno de los más importantes para los cortes vacunos, en términos de calidad, abrió un debate en el país sobre cómo responder a este tipo de políticas.

Por un lado, crecieron las voces de quienes sostenían que había que rechazar de plano la normativa europea, tanto en el frente diplomático como en cualquier intento de llevar adelante un sistema de trazabilidad. Por otro lado, estaban quienes aceptaban adherir a una plataforma de información, en este caso Visec, mientras se presentaban objeciones de tipo político.

Más allá de que la casi segura aprobación del Parlamento Europeo a la petición de la CE, motivada principalmente por las propias dificultades internas para llevarla adelante, mitiga la polémica, lo cierto es que la discusión sigue abierta. ¿La Argentina se puede diferenciar con certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas, siembra directa, captura de carbono o sellos de calidad o debe rechazar de plano cualquier requisito en esta dirección? No es sencilla la respuesta.

El caso de la EUDR 1115, tal como se conoce la norma antideforestación, se inscribe en la intención de la UE de llevar adelante la política del Pacto Verde, por la cual se propone reducir el uso de fitosanitarios y fertilizantes, impulsar la agricultura orgánica y reducir áreas de producción. Esta idea, nacida al calor del ascenso de los partidos ambientalistas, provoca el rechazo de los propios productores europeos que lograron frenar algunas decisiones y que, inclusive, fueron claves para el surgimiento de coaliciones políticas de centro derecha.

Sin embargo, más allá de las vicisitudes internas y de las contramarchas, las naciones de la UE parecen decididos a imponer esta visión a los países que le exportan. Se aprovechan de la debilidad de las instituciones que pretenden establecer reglas multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) en un mundo en el que crece la conflictividad y la puja de los países por espacios de poder. Durante el reciente Outlook del Mercosur organizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Valeria Piñeiro, del International Food Policy (Ifpri), explicó que uno de los factores por los cuales crece la volatilidad de los precios internacionales de los granos es el geopolítico. Dio como ejemplo la reducción del tráfico de buques en el Canal de Suez por la conflictividad en Medio Oriente y el incremento de la navegación por el Cabo de Buena Esperanza que impulsó el aumento de los fletes.

El caso de la normativa europea también abre la discusión de si no hay que poner el foco del interés en el crecimiento de los mercados en las regiones del mundo que demandan más alimentos porque sus poblaciones salen de la pobreza y mejoran la dieta. Allí hay que tener en cuenta mercados en los que la oferta argentina viene creciendo, como el caso de Vietnam, Indonesia o India, entre otros. ¿Esto significa que estas naciones no tienen requisitos sanitarios? No, sería un error pensar que se puede producir de cualquier manera porque esos países también van adoptando culturas urbanas y estándares similares a los de las naciones más desarrolladas a medida que aumenta su PBI. China es un ejemplo de eso, que le agrega el peso de sus intereses políticos y comerciales en cada negociación de posible apertura de mercados.

La otra discusión que queda abierta es si los requisitos de certificación y trazabilidad se traducen en una nueva carga para quien produce o permiten agregar valor. En un contexto económico como el argentino en el que persisten las distorsiones macroeconómicas, por la elevada carga impositiva y la intervención en el mercado cambiario, llevar adelante estas ideas de verificación de cada paso de la producción puede ser contraproducente. Hacia afuera luce bien, pero en la realidad cotidiana de los números se pueden transformar en un limitante más. Además de ambiental y social, la sustentabilidad tiene que ser económica. Solo la estabilidad de las reglas en el mediano y largo plazo puede despejar las incógnitas. Es un camino que tendrá varias dificultades para sortear.

Fuente: Diario La Nación