Estamos espantados polémica en La Pampa por la inminente reglamentación de una ley que, según los productores, los perjudica

Se trata de una norma de gestión integral de plaguicidas que, de acuerdo al sector, plantearía fuertes exigencias para llevar adelante la actividad en torno de la aplicación de agroquímicos; los detalles de un borrador

Los productores agropecuarios de la provincia de La Pampa comenzaron una tarea contrarreloj luego de enterarse de que el gobierno de Sergio Raúl Ziliotto buscará en los próximos días la oficialización de la reglamentación de la Ley 3288 de gestión integral de plaguicidas. El proyecto de ley fue aprobado en 2020 y tenía que ser reglamentada a los 120 días; por diferentes motivos hasta ahora se había postergado. De acuerdo con el borrador de la reglamentación, hay fuertes exigencias para diversos actores vinculados con la actividad, como los usuarios de esos agroquímicos, técnicos, los distribuidores/expendedores y hasta para aplicadores. Para los productores se hace más burocrática y compleja la tarea al introducir distintos registros y exigencias mayores.

En total, el borrador tiene 18 páginas en sus artículos reglamentarios, que los productores califican como “una verdadera locura burocrática”. A los aplicadores se les exigen 18 puntos. Entre ellos, además de cumplir con buenas prácticas agrícolas, con normas de seguridad y capacitación, tener la documentación de los empleados, contar con la inscripción de los equipos que usan, responder por los daños de una eventual aplicación incorrecta, planificar la aplicación en función de la distancia a zonas sensibles o pobladas y conservar por cinco años el remito o receta de compra del producto. Para el usuario responsable, el productor, también hay requisitos que van desde conservar por cinco años la receta de compra del producto, garantizar la correcta aplicación, cumplir con la normativa de protección al ambiente y reducir residuos de plaguicidas. En tanto, para los técnicos o asesores se plantea, entre otros puntos, que se hagan responsables de los daños de un eventual tratamiento incorrecto.

“El Estado se asigna derechos que algunos consideran inconstitucionales, como el ingreso de la autoridad de aplicación a los campos rurales o la persona que se designe. Esto es un avance fenomenal del Estado sobre nuestra actividad. Hay productores que se están planteando si van a poder continuar. Se meten en la actividad nuestra de una forma brutal. Lo que está pasando en nuestra provincia es de un contrasentido enorme”, dijo Carlos Portu, un productor agropecuario e ingeniero agrónomo de la localidad de General Pico.

“Criminalizaría la actividad de pulverización y control de plagas en general. Burocratiza todo el asunto, obliga la inscripción a registros a todos los actores, productores, aplicadores, agrónomos. Esto anticipa que esos registros van a tener la aplicación de una tasa, con la intención de recaudar aún más. La reglamentación establece que cada aplicación va a ser un conjunto de exigencias burocráticas. Se va a pedir hacer cinco pasos por cada aplicación: diagnóstico previo, una receta de compra, una receta aplicación, un cierre de aplicación”, explicó.

Entre las cosas que se busca reglamentar, cuando se hace referencia a las aplicaciones en zonas urbanas se señala que la autorización excepcional para el ingreso, guarda y/o depósito en el área urbana de equipos y/o máquinas empleadas para la aplicación agrícola terrestre y/o aérea de plaguicidas será otorgada a efectos de su reparación bajo condición de no haber taller fuera del área urbana. La autorización será otorgada por el municipio y/o municipio y/o comisión de Fomento por escrito y deberá contener, como mínimo, autorización de equipo y taller, análisis e investigación por centros especializados, entre otros puntos.

Portu contó a LA NACION que en esa provincia venían trabajando con una ley de agroquímicos que fue aprobada en la década del 70. Según afirmó el productor, esa ley fue muy completa. No obstante, con el tiempo necesitó una actualización. Con el paso del tiempo, el gobierno local creó la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal, Coprosave, donde interactúan personas del sector público y privado, quienes trabajaron punto por punto la vieja ley.

Sin embargo, con los cambios de gobierno, el trabajo y esfuerzo que realizaron en su momento dicen que “se tiró a la basura”. En 2020 el proyecto de ley fue aprobado íntegramente sin ningún tipo de modificación, pero luego los productores comenzaron con los problemas. En este marco, comenzaron a pedir a través de las autoridades provinciales detener el avance de la reglamentación. “Llegamos al 2024, pese a que veníamos insistiendo desde distintas entidades, preocupados por el tema de reglamentación desde el primer año. La Sociedad Rural de General Pico manifestó que la reglamentación está lista y podría ser promulgada en el mes de octubre”, relató.

La provincia convocó a un Consejo Consultor cuyas decisiones no son vinculantes. Este grupo está integrado por una serie de instituciones del Estado y una representación de productores e ingenieros agrónomos. En esa reunión se presentó un modelo de la reglamentación y en una primera lectura los productores agrónomos se percataron del nivel de afectación que tendrían. “Estamos espantados por lo que se nos viene encima si es aprobado tal cual. Acá escuchan, pero no te dan bolilla. La reglamentación, lejos de atenuar algunos aspectos que nosotros esperábamos, va por más. Más aún con los problemas que ya ocasiona”, relató.

Para Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), hay muchos temas sensibles con respecto de esta reglamentación. Señaló que no se debe dejar en manos de los intendentes las distancias de aplicaciones sin un debate científico. Así como sucedió en la provincia de Buenos Aires, por eso se necesita que “las provincias marquen las distancias, los mínimos posibles”. Esto porque con buenas prácticas y aplicaciones dirigidas no se necesitan distancias, sino una buena aplicación.

Los productores esperan que este proyecto de ley pueda ser detenido antes de ser aprobado. “Siempre hubo una discusión entre el campo y la ciudad. Esto proviene de la vieja Argentina, donde se hablaba mucho de la oligarquía. Evidentemente, se aprovechó para fomentar el odio. Lo hizo el gobierno kirchnerista como todo gobierno populista, porque de esta forma tiene enemigos. Les sirve para poder seguir ordeñando al sector. Cuando sos el malo y te tenés que atajar las piñas estas en desventajas. El sector únicamente se levantó en la 125, después se calló la boca y los gobiernos populistas lo aprovechan. Nuestro sector es fácil, y ellos cumplen su objetivo de poder seguir sacando [fondos] porque hay muy pocas industrias”, cerró Portu.

Fuente: Diario La Nación