Jugada en el Congreso el campo exigió el fin de las retenciones y denunció su inconstitucionalidad

Entidades del sector expusieron en la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, que tiene abierto un debate por proyectos para bajar o eliminar los derechos de exportación

Durante una extensa exposición en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, representantes del sector agropecuario coincidieron en la necesidad de eliminar los derechos de exportación y resaltaron su impacto negativo en la rentabilidad, la producción y la sustentabilidad del campo argentino. Denunciaron la inconstitucionalidad de las retenciones por falta de respaldo legal y remarcaron que este tributo ha provocado la desaparición de miles de productores agropecuarios. Según indicaron, las alícuotas distorsionan la competitividad frente a países sin este tipo de impuestos y desincentivan la inversión en tecnología. Vale recordar que en marzo pasado se abrió el debate en el Congreso por seis proyectos para bajar o eliminar las retenciones.

Los representantes de las entidades que integran la Mesa de Enlace, CREA, la Fundación Barbechando y Fundación FADA precisaron que su eliminación, además de ser justa, podría reactivar la producción y generar mayor recaudación por otras vías, como el incentivo a las inversiones. En paralelo se llamó a fortalecer la infraestructura, establecer un marco fiscal estable y adoptar políticas coherentes desde el Estado.

Ivana Vidal, en representación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), afirmó que este impuesto ha sido una de las principales causas del deterioro de la economía del interior y del debilitamiento del federalismo. Según Vidal, en los últimos 23 años las retenciones provocaron el abandono de más de 106.000 productores y obstaculizaron el desarrollo económico del país, al tratarse de un tributo que desincentiva la producción, reduce la rentabilidad, afecta la inversión, el uso de tecnología y distorsiona la competencia.

Denunció que las retenciones son inconstitucionales, ya que el Congreso delegó en 2019 facultades al Poder Ejecutivo para establecerlas mediante la Ley 27.541, pero dicha delegación perdió vigencia en diciembre de 2021. Sostuvo que desde entonces “no existe una ley que las respalde formalmente, lo cual motivó la presentación de un amparo por parte de la Sociedad Rural [en la Justicia de Córdoba]”. Subrayó que, conforme a la Constitución Nacional, “solo el Congreso tiene la potestad de legislar en materia tributaria y no puede delegarla, por lo que los actuales derechos de exportación carecen de legitimidad jurídica”.

Remarcó que cualquier mecanismo que pretenda compensar las pérdidas generadas por las retenciones, mientras estas sigan vigentes, solo agrava las cuentas del Estado. A modo de cierre, sostuvo que “es fundamental establecer reglas claras y justas para lograr un desarrollo económico sostenible”.

Seguido, Pablo Ginestet, representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), respaldó la postura de eliminar las retenciones y subrayó que, desde hace más de 20 años, el sector agropecuario ha aportado más de US$200.000 millones por retenciones, las cuales han impuesto un límite a la producción, perjudicado a las comunidades del interior y constituido “el peor impuesto por su carácter regresivo y desigual”.

Para Ginestet, las retenciones atacan directamente la rentabilidad del productor, al "reducir el precio que recibe y desalentar la inversión en tecnología y expansión". El impacto se agrava en zonas alejadas de los puertos, donde los altos costos logísticos empeoran la situación. Comparó también el panorama argentino con países como Brasil y EE.UU., donde no se aplican estas cargas tributarias, lo que permite que sean más competitivos. Además, subrayó que “las retenciones afectan a toda la cadena agroindustrial —contratistas, transportistas, proveedores, cooperativas—" y que su eliminación traería previsibilidad, necesaria para atraer inversiones, facilitar créditos y planificar la producción.

Puntualizó que la clave para eliminar las retenciones y construir una “economía más competitiva” es la “austeridad estatal y el orden fiscal". Instó a la dirigencia política a dejar de lado las disputas y enfocarse en la verdadera urgencia: reducir el gasto público. Para CRA, eliminar estos impuestos no debe verse como un beneficio sectorial, sino como una medida estratégica para el desarrollo económico y federal de la Argentina, a través de un marco fiscal estable, previsible y justo.

En tanto, Claudio Angeleri, por la Federación Agraria Argentina (FAA), se adhirió al reclamo y señaló que la quita de este impuesto puede realizarse de forma gradual o inmediata, dependiendo del contexto económico, y valoró el trabajo de los legisladores que han presentado proyectos en ese sentido. Subrayó que, a lo largo de los años, distintos gobiernos han prometido eliminar las retenciones sin cumplirlo, lo que ha generado frustración y desconfianza en el sector: “Esto va en contraposición de lo que pretenden los gobiernos, que es producir más y exportar más”.

Recordó la necesidad urgente de previsibilidad para que los productores puedan invertir y planificar, algo que actualmente no está garantizado. “Tributamos entre el 60% y el 72% de lo que producimos; eso se va en impuestos”, subrayó y planteó que es una carga que vuelve inviable la actividad. Destacó que la situación se agrava por el contexto internacional adverso, con una baja en los precios de las commodities, lo que coloca nuevamente a los productores en márgenes negativos.

Patricia Luke, representante de Coninagro, reafirmó el pedido conjunto y remarcó que el agro es un pilar clave para la economía argentina, especialmente en el interior productivo, ya que genera empleo, dinamiza la economía local y aporta una parte sustancial al PBI, a la recaudación ya las exportaciones.

Luke argumentó que los derechos de exportación reducen el precio que recibe el productor, afectando su competitividad internacional frente a países que no imponen este tipo de impuestos, como Brasil, Uruguay, Estados Unidos o Australia. Afirmó que en Argentina se ha llegado a extraer hasta el 60% la renta del productor, lo que no solo desalienta la inversión, sino que impide el crecimiento sostenible de la cadena productiva. Criticó la facultad del Poder Ejecutivo para imponer retenciones de manera discrecional, lo que genera incertidumbre y paraliza decisiones de largo plazo.

Dijo que eliminar las retenciones no implicaría renunciar a ingresos fiscales, sino reorientarlos, ya que un aumento de producción derivado de mejores condiciones permitiría una mayor recaudación por otras vías. Subrayó que aunque desde Coninagro prefieren una eliminación total e inmediata, están dispuestos a avanzar en un camino gradual y responsable, siempre que se garantice previsibilidad y condiciones equitativas para los productores frente a sus pares del mundo.

Alerta

Ariel Angeli, representante de CREA, agregó que con la alícuota vigente del 26% para soja y del 9,5% para maíz, solo una cuarta parte de la superficie de soja de la campaña 2024/25 resulta económicamente viable antes de impuestos, y cerca del 50% de la superficie de maíz apenas alcanza el punto de equilibrio. “Nuestros resultados se ven en rojo”, advirtió.

Planteó que con "un escenario sin retenciones" y rendimientos promedio, el 98% de la superficie cultivada con soja sería económicamente viable, lo cual “incentiva tecnología, incentiva siembra, incentiva producción, incentiva trabajo”. En el caso del maíz, también se mantendría la viabilidad, y en más del 50% del territorio sería tan o más rentable que la soja.

 Durante la anterior quita de retenciones (2015-2016), aumentó considerablemente el uso de fertilizantes, lo que derivó en mayores rendimientos. Según dijo, una nueva quita podría traducirse en un 6% más de fertilización y un 2-3% más de producción.

Ángeles Naveyra, presidenta de Barbechando, agregó que los derechos de exportación distorsionan el precio de los productos. “Eso tiene efectos negativos en la producción”, puntualizó y añadió que desde la Fundación se trabaja y fomenta que los derechos de exportación sean discutidos en el ámbito legislativo y no queden al arbitrio del Poder Ejecutivo. “Estamos convencidos que con diálogo, consenso, previsibilidad y reglas claras vamos a conseguir las políticas públicas que necesitamos para que el agro junto a los otros cuatro motores productivos puedan ponerse en marcha,” sostuvo.

En tanto, el diputado nacional Carlos Gutiérrez, que responde al gobernador Martín Llaryora, insistió en que la Cámara baja dictamine un proyecto para que las rebajas parciales al impuesto por los derechos de exportaciones del agro no vuelvan a subir en junio, según el plazo establecido por el gobierno nacional. Instó a que “lo más pronto posible” la Comisión de Agricultura defina una iniciativa para garantizar que las rebajas parciales a las retenciones no suban desde mitad de año.

“No es un capricho político ni de conveniencia. Para Córdoba y las provincias que integramos la zona central del país y para todas las economías regionales es fundamental que -de una vez por todas- no existan más las retenciones”, resumió.

Fuente: Diario La Nación