Amenos que guarde una carta sorpresa bajo la manga, que muchos creen que la jugará en el momento oportuno, el Gobierno está a punto de dejar en el lugar secundario de sus prioridades a la actividad agroindustrial.

La confirmación de que los Derechos de Exportación (DEX) volverán a los niveles que tenían en enero pasado, vigentes desde el gobierno de Alberto Fernández, no hace otra cosa que enviar un mensaje erróneo al agro. Aunque es cierto que el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la baja de los DEX eran temporales, también lo es la promesa de Javier Milei, en plena campaña electoral, que las retenciones iban a ser eliminadas. En su favor se puede decir que no le puso fecha a esa eliminación.

En los últimos días, para complicar el escenario, se suman las declaraciones de los ministros que buscan encontrarle alguna lógica a sostener los DEX para el agro. La más curiosa fue la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien en una presentación organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), tuvo un cruce de opiniones con Marcos Pereda, presidente de la entidad, que también es vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Pereda recordó que el superávit fiscal que está obteniendo el Gobierno se sostiene por la permanencia de “ingresos de emergencia” como los DEX y recordó la necesidad de establecer “una hoja de ruta” para eliminar el tributo ya que el campo podría producir un 40 por ciento más que en la actualidad. El ministro le respondió “que lo relevante es la baja del gasto no la baja de impuestos” y preguntó “¿Qué impuesto bajás es el debate?”. Pero utilizó un argumento que sonó como música demasiado parecida a la que se escuchaba en plena discusión por la 125, allá por el 2008. “El campo no es mano de obra intensiva”, dijo.

Es obvio que en una hectárea de soja no trabaja la misma cantidad de gente que en el local de un shopping de Buenos Aires de 20 metros cuadrados. Sin desmerecer ninguna tarea, la competitividad que se genera en el agro es superior a la de otros rubros de la economía.

También llama la atención que el ministro utilice ese argumento para defender la permanencia de un impuesto claramente distorsivo como son las retenciones. El Estado recauda los DEX de la facturación de un productor, no importa que le haya ido bien o mal en su planteo: se descuenta del precio de venta del grano. Tampoco se consideran las escalas, las distancias al puerto o el mercado local.

El ministro Sturzenegger, además, parece desconocer que la producción agropecuaria involucra a una amplia cadena productiva con trabajos que cada vez más requieren de un grado superior de sofisticación, desde el lote hasta el puerto. El contratista que maneja un dron para hacer aplicaciones selectivas o el empleado de un tambo que opera un robot, ¿qué conocimientos necesitan para llevar adelante su tarea?

Cabe recordar aquí el trabajo del economista Juan José Llach, recientemente fallecido, para la Fundación Producir Conservando, que hace 21 años demostró que el 35,6% de la mano de obra del país correspondía a las cadenas agroindustriales. Decía entonces Llach con palabras que hoy siguen teniendo vigencia: “El rol de este sector es importante para poder alcanzar un desarrollo económico rápido, social y geográficamente integrador”.

Bajar el gasto público y terminar con la burocracia son objetivos que el agro comparte con el actual gobierno, pero si se busca barrer debajo de la alfombra el carácter distorsivo de los DEX las consecuencias de corto plazo serán concretas: menos utilización de insumos (fertilizantes, semillas y fitosanitarios) y elección de cultivos que impliquen una menor inversión por hectárea. En definitiva, una apuesta a los paquetes tecnológicos defensivos. Tranqueras afuera, eso se traduce en un menor ingreso de dólares para la economía.

El trigo está a la puerta de la siembra y el Gobierno, al menos hasta el cierre de esta edición, no está dispuesto a emitir una señal de incentivo para incrementar el área sembrada. A partir del 1° de julio, el trigo volverá a tener retenciones del 12 por ciento.

Esta vez, a diferencia de otros años, juega en favor de la decisión del Gobierno el clima, ya que las lluvias le dieron un buen perfil de humedad a los suelos en la mayoría de las regiones agrícolas. La evidencia de los últimos años (recordar las sequías de 2018 y de 2023) demuestra que el clima no siempre es benévolo. No conviene arriesgarse.

Fuente: Diario La Nación