Muy angustiada el conflicto de la pyme bloqueada llegó al Consejo de la Magistratura

Después de que, hace una semana, la Justicia ordenara un embargo preventivo por $167 millones contra Lácteos Vidal a pedido de operarios de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), el caso llegó ahora al Consejo de la Magistratura de la Nación

El abogado de la firma pidió que “se investigue” la decisión y “se determine si los hechos configuran o no causal de mal desempeño y/o delito”, en referencia a los jueces que vienen interviniendo en las distintas etapas del caso.

Alejandra Bada Vázquez, propietaria de Lácteos Vidal, dijo a LA NACION que está “muy angustiada” por la situación que se vive. “Siento que a nadie le importa cuánto cuesta mantener una empresa a flote”, expresó.

La resolución del juez nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 69, José Ignacio Ramonet es la última de un proceso que comenzó hace casi tres años a partir del bloqueo gremialista de la planta de la localidad bonaerense de Moctezuma (partido de Carlos Casares) y en la planta y centro de distribución en Villa Devoto. Ese conflicto derivó en 26 despidos. Esa situación derivó en un amparo de Atilra.

La definición de Ramonet sobre el embargo se conoció horas antes de una audiencia de conciliación en la que la láctea volvió a presentar la oferta de pagar el 50% de las indemnizaciones reclamadas por los exempleados. Participó el abogado del gremio, Alberto Coronel, y, según la empresa, no estuvo el juez Ramonet, que delegó la convocatoria en su secretaria.

En ese contexto, el apoderado de Lácteos Vidal, Eduardo Darriba, presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura en la que se señalan diferentes aspectos que -desde el punto de vista de la empresa- no corresponden. Por ejemplo, menciona que la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo “se arroga la facultad de usar discrecionalmente dicha prohibición porque se arrogan la potestad de ver qué recursos conmueven la inapelabilidad legalmente dispuesta y lo peor de todo es que lo dicen expresamente una y otra vez. Los jueces no están facultados para decidir cuándo se aplica un artículo de una norma procesal y cuándo no, menos si no declaran la inconstitucionalidad del mismo y menos aún si utiliza dicho argumento de maneras diferentes según se trate de una u otra parte del proceso”. La presentación apuntó contra los jueces de esa sala Álvaro E. Balestrini y Roberto C. Pompa.

Comunicado

“No estamos haciendo una denuncia por el contenido de las sentencias ni por lo decidido por los jueces, sino que la estamos haciendo porque no se aplicó la ley que debía aplicarse al caso y cuando se lo hizo fue para perjudicar solo a una de las partes”, precisa el texto.

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) se solidarizó con la empresa este martes: “Se ha visto casi cercenada de su legítimo derecho a defenderse en sede judicial y a la fecha sigue siendo objeto de injusticias, tal como ocurre con la última resolución judicial”.

La entidad hizo referencia al “hostigamiento permanente de Atilra contra Lácteos Vidal SA que busca perjudicar a la empresa de todas las formas posibles y también nos consterna cómo algunos miembros de la Justicia (como ocurre en este caso), se encuentran alejados de la realidad y del derecho, sin que se ponderen las consecuencias directas que algunas de sus acciones, tales como las que han jaqueado a Lácteos Vidal SRL y que aún sigue padeciendo”.

Añadió que la empresa es “embargada por una estrepitosa y millonaria suma, que de manera ´arbitraria´ el magistrado Ramonet impone sin respetar el acabado cumplimiento de la ley, de la norma procesal y de las formas, de modo de otorgar la seguridad jurídica, que tal como se verifica, no existe en este caso”.

Fuente: Diario La Nación