Guerra judicial productores de Santa Cruz presentaron un amparo en contra de una medida del gobierno de Javier Milei

Los productores de Santa Cruz se sumaron a otras acciones judiciales de sus pares patagónicos en un intento por frenar la resolución 460/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que flexibilizó la barrera sanitaria y puso en peligro, dicen, el estatus de libre de aftosa sin vacunación que la Patagonia tiene en vigencia hace más de veinte años.

La resolución 460 permitió el ingreso de cortes cárnicos con hueso plano, como el asado, desde zonas que vacunan contra la enfermedad.

La Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) interpuso una acción de amparo ante el Juzgado Federal de Río Gallegos donde solicitó la nulidad de la resolución 460/2025 y pidió que se dicte una medida cautelar urgente para suspender los efectos que, según los productores, vulnera derechos constitucionales, presenta vicios de nulidad y afecta de manera “grave e irreparable” el estatus sanitario de la Patagonia.

Para los productores, la medida del Senasa abrió un presunto riesgo sanitario y la pérdida del estatus diferencial. Cuestionan que no se haya hecho con un acuerdo de por medio con el sector. La Federación de Sociedades Rurales de Río Negro fue la primera en presentar un amparo judicial en contra de la resolución que permite, por primera vez desde 2002, el ingreso controlado de costilla, asado y esternón a la región patagónica, siempre que se cumplan estrictas condiciones sanitarias y de trazabilidad.

Aunque el Gobierno aclaró que no se modificará el estatus de zona libre de aftosa sin vacunación ni se habilitarán cortes con hueso largo, la medida generó fuerte rechazo entre productores patagónicos, que afirmaron que se los excluyó del proceso de decisión y aseguraron que se pone en riesgos otros mercados.

En Santa Cruz, Enrique Jamieson, presidente de FIAS, con el patrocinio del abogado Ricardo Aníbal Julián, presentó ante el juzgado federal de Río Gallegos el amparo judicial alegando la “vulneración manifiesta de derechos y garantías constitucionales, la existencia de vicios de nulidad absoluta y la afectación grave e irreparable del estatus sanitario de la región patagónica”.

La Federación, que nuclea a todas las sociedades rurales de la provincia, se encuentra legitimada para esta acción en defensa de los intereses colectivos de los productores ganaderos de Santa Cruz, quienes han invertido años en mantener el estatus sanitario reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), apuntaron.

El conflicto se inició el 17 de marzo de 2025, cuando el Senasa dictó la resolución N° 180/2025, estableciendo por primera vez condiciones para el ingreso de material reproductivo, carnes y productos cárnicos desde zonas libres con vacunación hacia zonas libres sin vacunación. Esta medida generó objeciones de las provincias patagónicas y su aplicación fue postergada. Sin embargo la resolución 460/2025, objeto del amparo, flexibilizó sustancialmente la barrera sanitaria, con el permiso para el ingreso de carne con hueso plano bovino y otros productos desde zonas con vacunación a la Patagonia.

El amparo presentado por FIAS sostiene que la Secretaría de Agricultura y el Senasa cometieron una falsedad al decir que Chile y la Unión Europea no tenían reparos a la flexibilización de la barrera sanitaria en la región, dado que mientras el país trasandino comunicó la suspensión general de importaciones de animales y productos de origen animal desde Argentina, la Comisión Europea indicó la posibilidad de una auditoría de seguimiento para verificar la continuidad de las garantías zoosanitarias de la Argentina.

FIAS sostuvo en su presentación judicial que estas comunicaciones “contradicen categórica e inequívocamente lo afirmado en la resolución impugnada, configurando el vicio de falsa motivación”. Además de la falsedad en los fundamentos, FIAS denunció “vicios procedimentales manifiestos”. 

Sobre este punto aseguraron que el Senasa omitió el procedimiento de consulta pública establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos, privando a los sectores afectados de participar en la toma de decisiones. Asimismo, no se realizó una evaluación de impacto ambiental previa, incumpliendo la Ley General del Ambiente.

El amparo también se basa en la vulneración de derechos constitucionales, como el derecho de propiedad, ya que el estatus sanitario de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación es un “derecho adquirido con valor patrimonial concreto y mensurable” en tanto que se argumenta la violación al debido proceso administrativo y la lesión al derecho a un ambiente sano, al introducir un riesgo sanitario potencial en un ecosistema protegido.

Fuente: Diario La Nación