El Gobierno eliminó la Dirección Nacional del Inta en su reorganización interna

A través del decreto 571, el Gobierno argentino resolvió suprimir la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que hasta ahora funcionaba como el principal órgano ejecutivo del organismo.

La medida forma parte del proceso de transformación iniciado el pasado 7 de julio, cuando el Decreto 462/2025 dispuso que el Inta dejara de ser un ente descentralizado para convertirse en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.

Con este nuevo esquema, el presidente del Inta asumirá de forma directa todas las funciones que antes estaban bajo la órbita de la Dirección Nacional, respaldado por un Consejo Técnico encargado de fijar los lineamientos científico-técnicos.

Según el texto oficial, las razones operativas que justificaban la existencia de la Dirección Nacional ya no están vigentes. Hasta que se complete la reestructuración, las áreas que dependían de esa dirección mantendrán su estructura y cargos actuales.

El cambio apunta a “dotar al organismo de mayor agilidad operativa” y unificar la conducción para acelerar la toma de decisiones, en un contexto en el que la investigación, el desarrollo y la extensión agropecuaria son considerados estratégicos para el sector.

Sin embargo, esta medida quedaría en pendiente, luego de que la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó —con 141 votos— el rechazo del decreto 462/2025 que reformó tanto el Inta como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti).

Tras ese rechazo, si luego la Cámara de Senadores también vota por rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462/2025, el decreto quedaría derogado y no podría seguir aplicándose.

En ese caso, el Gobierno perdería la base legal con la que inició la reforma del INTA (y también del INTI), y debería volver al marco normativo anterior a la modificación

El decreto

La normativa 571/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, se formaliza la supresión de la Dirección Nacional del organismo y se oficializa que todo el poder ejecutivo pase a su presidente.

Según un informe técnico con fecha del 29 de julio, presuntamente elevado al Ministerio de Economía, Nicolás Bronzovich —actual presidente del Inta— justificó la medida alegando que las “funciones por entonces asignadas a dicha Dirección Nacional resultan superpuestas a las funciones actualmente asignadas al Presidente”.

En declaraciones periodísticas, Bronzovich sostuvo que el sobredimensionamiento del organismo excedía los fines fundacionales y afectaba la eficiencia en el uso de los recursos del Estado.

“Se acompaña el relevamiento de 51 cambios de estructura del Inta desde el año 2019 a la fecha. El sobredimensionamiento de la estructura organizativa evidenciaba con particular claridad al analizar la cantidad de cargos jerárquicos existentes. El Inta contaba con un total de 932 cargos, distribuidos entre 10 autoridades superiores (miembros del Consejo Directivo), 660 cargos de Alta Dirección Pública y 262 cargos de nivel inferior”, afirmó.

Precisó que esa dotación superaba ampliamente la de cualquier ministerio de la administración pública nacional. Incluso el Ministerio de Economía, el de mayor envergadura en términos de estructura, posee 804 cargos, es decir, 128 menos que el INTA.

Según el funcionario, la reforma derivada de la sustitución del artículo 4° y derogación del artículo 8° del Decreto-Ley 21.680/56 suprimió el Consejo Directivo y la Dirección General —con sus cargos de director nacional, directores nacionales asistentes y director general de administración— y los reemplazó por un único órgano ejecutivo: un presidente con rango y jerarquía de secretario, designado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Entre sus funciones, el presidente conducirá el INTA, gestionará bienes y patrimonio, dictará el reglamento interno, presidirá el Consejo Técnico, celebrará convenios nacionales e internacionales, propondrá la estructura organizativa, administrará el Fondo de Promoción de la Tecnología Agropecuaria y determinará los centros e institutos necesarios.

Competencias y atribuciones

Las competencias que antes eran de la Dirección Nacional ahora se consideran propias del presidente, e incluyen la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones estratégicas y operativas; la coordinación de todas las unidades y centros de investigación; la gestión económica, financiera y patrimonial —incluyendo la definición y control del presupuesto—; la articulación institucional y la vinculación tecnológica con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales; la planificación y el desarrollo de recursos humanos; la promoción de transferencia tecnológica; la comunicación institucional y la relación con gremios para atender cuestiones laborales.

Bronzovich reiteró que “se mantendrá el personal existente con sus cargos, su situación de revista y unidades organizativas vigentes hasta tanto se adecue la estructura organizativa”.

Fuente: Noticias Agropecuarias