Reclamos urgentes la entidad más grande del agro en Buenos Aires elaboró un documento político para los legisladores

En la antesala de las elecciones legislativas provinciales, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) elaboró un documento con los principales planteos que busca llevar a la próxima Legislatura.

El texto, al que LA NACION accedió, incluye reclamos impositivos —como la eliminación del Impuesto Inmobiliario Complementario y del impuesto a la herencia—, pedidos de inversión en caminos y obras hídricas, propuestas para una nueva ley de fitosanitarios, revisión de tasas municipales consideradas obsoletas y medidas para reforzar la seguridad rural. El trabajo será presentado en las próximas semanas a candidatos y legisladores, con la expectativa de que estos puntos se incorporen a futuros proyectos y al debate parlamentario posterior a los comicios.

“Lo que hicimos fue reunir en un compendio los reclamos más urgentes, los que están en primer lugar de la lista. Pero hay muchos más que iremos acercando a las rurales”, explicó el presidente de la entidad, Ignacio Kovarsky.

Contó que las zonales de Carbap —cada una integrada por entre 12 y 16 rurales— están organizando encuentros con legisladores en sus propias regiones para entregarles el material y debatirlo. “Van a tomar las secciones electorales —que en algunos casos coinciden con nuestras zonales y en otros no— y los van a convocar para presentar este trabajo en el territorio. Después, desde la Mesa [Directiva] de Carbap lo estamos llevando a la Legislatura para trabajar en conjunto y lograr que el reclamo del campo esté bien instalado en la agenda”, agregó.

Aclaró que esta agenda no surgió por la campaña electoral, sino que es el resultado de un trabajo sostenido. “Estamos presentes en la Legislatura desde hace tiempo. Hemos estado en varias oportunidades, charlando, y tenemos personas encargadas de asistir a las comisiones y hablar con los legisladores. Incluso, este año, ya la visitamos un par de veces, una de ellas por el tema de tasas”, recordó.

El documento plantea que la provincia necesita “recuperar una visión de desarrollo equilibrado, que aliente la radicación familiar en el medio rural”, que permita el desarrollo personal y económico en cada ámbito local, que contemple la diversidad productiva del interior provincial y que “no se asfixie con cargas fiscales a quienes generan empleo, invierten y producen en su territorio”. Señala una “tendencia creciente a sostener el funcionamiento del Estado mediante una presión impositiva cada vez más distorsiva, regresiva y carente de criterios de equidad”, lo que impacta en la competitividad y la inversión.

En materia tributaria se solicita la eliminación del Impuesto Inmobiliario Complementario Rural y del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes; el retorno al sistema de valoraciones fiscales de la Ley de Catastro 10.707 en su versión original —modificada por el Decreto 442/2012— y la actualización de las escalas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para evitar que, por efecto de la inflación, queden alcanzados pequeños y medianos productores antes exentos.

También pide revisar las tasas municipales, en particular la que se cobra por la emisión de guías de traslado de hacienda, trámite que hoy se realiza “a distancia por autogestión” y que, según la entidad, muchos municipios cobran sin brindar un servicio asociado. Sobre las Tasas Viales y la coparticipación del Inmobiliario Rural sostiene que los productores son “los únicos contribuyentes” y que no reciben una contraprestación acorde en infraestructura vial.

En infraestructura reclama un plan sostenido de inversión en caminos rurales y rutas provinciales, con control social y participación local, y la finalización de la obra del Río Salado, que es “estructural” para mejorar la capacidad productiva y proteger frente a inundaciones. También propone modificar la Ley 13.010 del Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales para volver al 25% de la recaudación del Inmobiliario Rural destinada a caminos y crear una comisión de control integrada por productores y asociaciones.

En lo normativo, plantea una nueva Ley de Fitosanitarios que actualice la vigente 10.699, sancionada en 1988, y unifique las más de 80 ordenanzas municipales que regulan de forma heterogénea su uso. Sugiere criterios técnicos y homogéneos, buenas prácticas agrícolas y tecnologías de aplicación selectiva.

Sobre el Inmobiliario Complementario advierte que agrupa todas las parcelas que un productor posee en la provincia y aplica una cuota adicional sin considerar escala ni rentabilidad. “Es un segundo impuesto sobre lo mismo, que en muchos casos llega a duplicar lo que se paga por el Inmobiliario Rural”, sostiene el texto. Según datos de ARBA, representa apenas el 0,3% de la recaudación provincial, pero afecta a productores con varias parcelas pequeñas heredadas o dispersas.

En cuanto al impuesto a la herencia, lo califica como “tal vez el más injusto e ilegal de los impuestos” por gravar bienes ya alcanzados por otros tributos, penalizar la ayuda familiar y desalentar la formalización de donaciones y sucesiones. Su recaudación no llega al 0,2% del total provincial.

En seguridad rural propone asignar un presupuesto específico a las patrullas para garantizar presencia policial efectiva, mejorar equipamiento y aplicar tecnología de prevención del delito.

Fuente: Diario La Nación