Dura medida la Justicia prohibió que una pyme que denunció un bloqueo divida su patrimonio

La Justicia ordenó suspender cualquier escisión vinculada al patrimonio de la firma Lácteos Vidal. Se trata de la pyme que denunció un bloqueo sindical hace tres años y hoy enfrenta una batalla judicial con algunos de sus extrabajadores despedidos en su momento. La firma, de la familia Bada Vázquez, tiene su planta en Moctezuma, Carlos Casares.

A principios de mes, la empresa realizó una transferencia de patrimonio por un monto de 1400 millones de pesos a cuatro firmas: María Facunda SA, María La Santa SA, La Vidalita SA y Agropecuaria La Constancia SRL. Están vinculadas con la familia Bada Vázquez.De acuerdo con la información de ese movimiento, antes de la escisión Lácteos Vidal contaba con un activo de $13.688.483.952,71, un pasivo de $2.368.068.625,65 y un patrimonio neto de $11.320.414.327,06. Posterior al proceso quedó con un activo de $12.288.046.061,18, el mismo pasivo que antes y un patrimonio neto que se ubica en $9.919.977.435,53.

En este marco, tras un pedido de una cautelar impulsada desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), en el marco de la causa Claudio Anidos contra Lácteos Vidal, el juez José Ignacio Ramonet, que lleva adelante el proceso que tiene enfrentados a trabajadores y a la firma, prohibió cualquier escisión patrimonial como la realizada. Ramonet integra el Juzgado de 1a. Instancia del Trabajo N.º 69.

El magistrado también procedió a ordenar a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Dirección de Personas Jurídicas de Buenos Aires no registrar actos que tuvieran que ver con ese proceso. El juez avanzó con la medida en función de la verosimilitud en el derecho y el supuesto peligro en la demora. Interpretó con esto un presunto riesgo de disminución del patrimonio en el actual escenario.

En su escrito el juez resolvió “hacer lugar a la medida cautelar de no innovar sobre el patrimonio de la sociedad Lácteos Vidal SA cuit 30-61366019-0, y en consecuencia disponer la suspensión de todo perfeccionamiento o instrumentación de escisiones societarias que la involucren, incluyendo a tal efecto las mencionadas en el Boletín Oficial de fecha 05/08/2025”.

Además, como se mencionó, instruyó a la IGJ y a la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires a que “se abstengan de autorizar y/o registrar los actos jurídicos de las escisiones referidas, las que se consignarán detalladamente en el oficio respectivo”.

En julio de 2022, la pyme láctea despidió a 26 operarios luego de lo que denunció como un bloqueo y vinculó a gremialistas de Atilra. La firma se negó a hacer reincorporaciones con la excusa de que se había perdido la confianza, tras esa acción, en trabajadores que manipulan un producto sensible como la leche.

Unos 17 operarios, según trascendió en esa oportunidad, entablaron una negociación con la firma, otro se jubiló y el resto de los extrabajadores siguieron con un planteo judicial que tomó Ramonet. Este magistrado llegó a instruir en contra de la empresa una multa diaria de $50.000 por trabajador no reincorporado. En medio de idas y vueltas, también avanzó con millonarios embargos. A modo de ejemplo, entre otras medidas, en julio último hizo un embargo por $47 millones de astreintes.

Ante una consulta de este medio, desde Atilra no hicieron declaraciones. En tanto, en la firma todavía no tenían conocimiento del fallo.

Fuente: Diario La Nación