Polémica escala una disputa judicial entre una entidad de la Patagonia y el Senasa por una histórica medida

La Justicia tiene que resolver un planteo sobre el pedido de una federación de productores de Santa Cruz que se opone a la flexibilización de la barrera sanitaria

Un conflicto entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) sumó un nuevo capítulo. A través de una presentación judicial, el organismo nacional puso en duda la legitimidad de la representación legal del presidente de la organización agropecuaria, el productor Enrique Jamieson, quien días pasados elevó un amparo ante la Justicia federal de Río Gallegos en un intento por frenar la flexibilización de la barrera sanitaria de la Patagonia, medida que abrió el paso del ingreso de asado a la Patagonia y generó temores sobre la continuidad para las exportaciones de carne de cordero de esa región a otros mercados como Chile.

El Senasa, a partir de la resolución 460/2025 de junio pasado, avanzó en la flexibilización del estatus sanitario patagónico libre de aftosa sin vacunación desde hace dos décadas. Sin embargo, la vía judicial aún está abierta y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia deberá resolver el amparo rechazado en primera instancia.

Todo empezó a partir del amparo interpuesto por Jamieson, en su rol de presidente de la FIAS, para intentar que sea la Justicia quien frene la aplicación de la medida por considerar, dijo, que la apertura no solo pone en riesgo el estatus sanitario de la Patagonia, sino que el pedido de intervención judicial respondía a una preocupación legítima del sector ganadero que ve con preocupación el futuro de los mercados externos para la venta de cordero patagónico. Chile tiene frenadas las compras de carne argentina. En la Patagonia también hay alerta por el futuro de la venta de reproductores bovinos en pie que había comenzado como opción de negocio hacia el vecino país.

El juez federal Claudio Vázquez rechazó el amparo de Jamieson, quien también es presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, por considerar que el productor no había acreditado debidamente su representación legal de la Federación. Según la sentencia, su designación como presidente no fue realizada mediante votación secreta de delegaciones — como exige el estatuto — ni se encuentra registrada ante la autoridad competente. En consecuencia, el juez resolvió que carece de legitimación activa para accionar judicialmente en nombre de FIAS.

Apelación

Jamieson apeló la medida, sostuvo que su elección fue legítima y que el estatuto de FIAS permite que el vicepresidente, cargo que tenía antes, asuma la presidencia ante la renuncia del titular, sin necesidad de una nueva convocatoria electoral. Además argumentó que la inscripción registral tiene carácter declarativo y no constituye un requisito para ejercer la representación.

En este punto, el viernes pasado, el Senasa, en línea con el juez federal, rechazó el amparo y también puso en duda la representación legal de su presidente, Jamieson, para encabezar el reclamo judicial en nombre de la institución agropecuaria. Aseguraron que Jamieson no cumplió con el requerimiento judicial de presentar documentación que acredite su personería jurídica, y que su designación no fue registrada ante la autoridad competente, como exige la Ley Provincial N° 3801 y el Código Civil y Comercial de la Nación. En consecuencia, el organismo sostuvo que FIAS carece de representación válida para accionar judicialmente contra el Senasa.

También remarcó que la política sanitaria en materia de fiebre aftosa es competencia exclusiva del Estado Nacional, en tanto que la resolución cuestionada por FIAS se enmarca en leyes nacionales de orden público — como la Ley 24.305 y la Ley 27.233 — que otorgan al organismo facultades plenas para definir estrategias de prevención y control. “Es función del Estado Nacional velar por el status sanitario de todo el territorio nacional, sin exclusiones ni prerrogativas de ninguna provincia, como pretenden los accionantes”, indicó la presentación judicial del Senasa.

En su escrito, el organismo sanitario solicitó que se declare desierto el recurso de apelación presentado por FIAS, por considerar que no contiene una crítica razonada de la sentencia de primera instancia.

Ahora será la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia quien deberá resolver no solo el cuestionamiento sobre la legitimidad procesal de Jamieson como representante de la FIAS, sino también si corresponde revisar la política sanitaria nacional que impacta de lleno en la producción ganadera patagónica.

Fuente: Diario La Nación