Sorpresa en el mercado. Cargill negocia con una corredora local un acuerdo comercial mientras se aguarda una definición por Vicentin

Uno de los principales acreedores de Vicentin que promovía que se llegara a una instancia de cramdown, la corredora de granos Grassi SA, mantiene conversaciones con Cargill, una de las mayores agroexportadoras del mundo, para alcanzar un acuerdo de carácter comercial si su propuesta de control de la cerealera concursada resulta adjudicataria en la Justicia.

 La novedad, adelantada por Bloomberg, fue confirmada a LA NACION tanto por Grassi como por Cargill Argentina. Desde la multinacional señalaron: “Cargill Argentina mantiene conversaciones preliminares con el Grupo Grassi, con el objetivo de explorar un posible acuerdo comercial enfocado en actividades de molienda y comercialización de subproductos. Estas conversaciones son estrictamente comerciales y no implican ningún tipo de asociación, sociedad ni participación accionaria entre las partes” .

Grassi batalló desde un principio en la Justicia en contra de Vicentin que, después de varias idas y vueltas, había cerrado un acuerdo con acreedores para salir de su concurso. Sin embargo, entre otros puntos, Grassi, con Commodities SA, no estuvo de acuerdo y siguió el camino judicial. Llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que rechazó homologar el concurso de acreedores. Esto abrió el camino al cramdown, un mecanismo donde un tercero puede hacer una oferta y quedarse con la compañía.

En efecto, la corredora rosarina es uno de los grupos habilitados por el juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso, para competir en el cramdown. Los otros son Bunge Argentina, la Unión Agrícola de Avellaneda y la sociedad conformada por Louis Dreyfus Company (LDC) y Molinos Agro, del grupo Pérez Companc. Cada uno de los oferentes depositó 1100 millones de pesos como garantía para seguir en carrera, de los cuales el 25% se destinó a gastos judiciales y el 75% será reintegrado a quienes no resulten adjudicatarios.

El proceso se desarrolla en un marco complejo. Un reciente análisis de valoración presentado en el expediente arrojó que el patrimonio neto de Vicentin es negativo en alrededor de 1000 millones de dólares. Ese dato implica que las acciones prácticamente no tienen valor de mercado y que los acreedores solo podrán aspirar a recuperar una parte reducida de lo adeudado.

Tras conocerse ese análisis, el juez Lorenzini debe abrir la llamada “etapa de conformidades”. Allí, las partes tendrán cinco días para objetar o aceptar la valoración. Si no hay impugnaciones, quedará fijado el valor definitivo de las acciones de Vicentin. Con un patrimonio neto negativo cercano a los 1000 millones de dólares, los especialistas advierten que el recupero será muy limitado: “El monto que se obtenga del salvataje o cramdown será para pagar deudas, nada para acciones”, señalaron fuentes vinculadas al expediente.

En este cuadro complejo se sumó la renuncia indeclinable de los tres directores titulares de Vicentin —Daniel Oreste Foschiatti, Carlos Alecio Sartor y Fernando Estanislao Bougain—, quienes recordaron que estaban desplazados desde abril, cuando Lorenzini designó como interventores a Guillermo Nudemberg y Andrés Shocrón. En su escrito señaló que “lo mejor para la empresa es no alterar el equilibrio alcanzado con la actual intervención judicial”.

Mientras tanto, las plantas de Vicentin siguen operando bajo contratos de fasón, aunque con dificultades técnicas. Hace dos semanas el secretario general del gremio aceitero (SOEA), Daniel Succi, había señalado que la entrada de granos se mantiene normal, pero que las plantas —tanto la de girasol como las de soja— no alcanzan a moler lo suficiente porque sufren roturas frecuentes. También advirtió que será necesario realizar reparaciones integrales y estimó que la molienda de girasol está asegurada hasta octubre/noviembre y la de soja hasta febrero de 2026.

Según Bloomberg, entre los activos en juego figura la participación del 33% que Vicentin conserva en la planta de molienda de Timbúes, la más grande del mundo, con capacidad para procesar más de 30.000 toneladas de soja diaria. También están en disputa otras terminales de soja y una planta de procesamiento de girasol.

Cargill está en el país desde 1947 y desarrolla diversas actividades, entre las que se destacan la originación, procesamiento y comercialización de cereales y oleaginosas, así como la producción y comercialización de harinas proteicas, aceites vegetales y biodiesel. Además se dedica a la molienda húmeda de maíz y a la comercialización de ingredientes para la industria de alimentos, nutrientes para alimentación animal y servicios financieros y de gestión de riesgo, entre otros productos y soluciones para el productor local.

Fuente: Diario La Nación