Revés del Gobierno en Diputados a la apertura de la importación de maquinaria agrícola

El kirchnerismo logró un dictamen de mayoría en dos comisiones de la Cámara baja para un proyecto que busca derogar el decreto 273/2025 que facilita la importación de equipos usados para bajar los costos de la producción

Un tenso debate se desarrolló en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Comercio, de la Cámara de Diputados, en torno a la derogación que busca la oposición del Decreto 273/2025, que habilita la importación de maquinaria agrícola usada. Mientras el Gobierno defendió la medida como una herramienta clave para capitalizar a las pymes y disciplinar los precios internos, representantes de la industria metalmecánica y los sindicatos advirtieron sobre el riesgo de “destruir la industria nacional” y repetir errores del pasado. En el medio, los contratistas rurales expusieron su propia crisis: “Estamos todos fundidos por la falta de créditos”.

La sesión, impulsada por una iniciativa del diputado de Unión por la Patria, Jorge Neri Araujo Hernández (Tierra del Fuego), apunta al rechazo del citado decreto y pretende restablecer la vigencia del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), junto con los mecanismos de inspección y control, los actores expusieron sus argumentos.

Tras un intenso debate, el kirchnerismo obtuvo aprobación para la iniciativa con 27 votos a favor. A su vez, La Libertad Avanza tuvo 19 adhesiones mientras que el dictamen de minoría, impulsado por Encuentro Federal, logró solo tres votos.

El primero en exponer fue Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, quien planteó que el país está “descapitalizado” y que la necesidad de acceso al capital es una de las principales demandas de las empresas en todo el territorio. Argumentó que permitir la importación de maquinaria usada es clave para pymes y economías regionales, que no pueden acceder a equipos nuevos de última tecnología. Ejemplificó con provincias como Misiones, San Juan, Catamarca y Mendoza, donde se necesitan tractores y maquinarias específicas difíciles de conseguir.

Lavigne explicó que, al asumir el gobierno, “una cosechadora en la Argentina costaba el doble que en Brasil”. Lo mismo ocurría con los tractores, y que abrir el mercado de bienes usados ayuda a disciplinar los precios internos y acercarlos a valores internacionales. Aclaró que la medida no afectó la importación de bienes nuevos, que de hecho alcanzó “el récord de los últimos cuatro o cinco años”. Brindó datos del primer semestre: “De las 437 cosechadoras patentadas, solo 121 fueron importadas, de los 2700 tractores hubo 500 importados y solo 8 usados, además de una sola sembradora usada". Según el funcionario, esto demuestra que “una cosa no quita la otra”, y que el temor de sectores industriales a una invasión de maquinaria usada carece de sustento.

Enfatizó en que impedir la entrada de bienes usados afectaría especialmente a las pymes, que carecen de acceso al crédito. Recordó que el parque de tractores del país tiene entre 15 y 20 años de antigüedad y el de cosechadoras, más de 10, por lo que traer equipos usados de países vecinos implicaría “un salto tecnológico significativo”. Mencionó además que en Misiones, donde ya ingresan tractores usados desde Brasil y Uruguay, los productores pidieron al gobierno “ayudar a blanquear esta situación”, lo que demuestra, dijo, la urgencia de acompañar con normas realistas la necesidad de inversión y modernización del aparato productivo argentino.

Hernán Zubeldía, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), aludió una fuerte preocupación por el decreto que permite la importación de maquinaria usada. Consideró que “es una medida muy apresurada” y que “no se tuvo en cuenta el verdadero impacto que puede tener en un sector que fue una de las patas de la mesa que hizo que la Argentina tenga los niveles de producción agropecuaria que tiene hoy”. Advirtió que el análisis oficial está centrado solo en el presente, sin medir “el daño a futuro”, tanto en lo laboral como en lo económico, tecnológico y fitosanitario.

Zubeldía enfatizó que “una Argentina sin industria no funciona” y que el sector industrial “es parte de la solución, no parte del problema”. Subrayó que “cada innovación tecnológica del campo, como la siembra directa o el silobolsa, fue posible gracias al desarrollo local de maquinaria y conocimiento”. Criticó que se comparen precios internos con los de máquinas importadas, aclarando que “cada vez que se nombra los altos precios de una máquina agrícola se está hablando de máquinas importadas, no de máquinas nacionales”. Señaló además que la industria local, aun con costos un 30% más altos que los de Brasil, “sigue teniendo precios competitivos y sigue tirando con el productor”.

Pidió “parar un poco la pelota y ver qué es lo que realmente hace falta para producir mejor y más barato”. Según dijo, abrir el ingreso de maquinaria usada podría poner en riesgo el futuro de toda la cadena metalmecánica. Advirtió que, si no se corrige el rumbo, “dentro de 15 o 20 años se podría estar hablando de lo mismo, pero ya sin fábricas de sembradoras, pulverizadoras o tolvas”, lo que significaría, afirmó, una pérdida irreparable para la industria nacional y para la soberanía tecnológica del agro argentino.

En tanto, Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), expresó un fuerte rechazo al decreto: “Me avergüenza que se celebre destruir la industria nacional”. Recordó que el país tiene “una historia enorme en la producción nacional” de maquinaria y advirtió que permitir el ingreso de equipos usados implica “someter a la industria nacional a situaciones nunca vistas”, afectando especialmente a provincias con tradición metalmecánica como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Destacó que la medida “echa por tierra todo el entramado productivo del país” y valoró a los legisladores que impulsan proyectos en contra del decreto. Advirtió que el mundo compite hoy por conservar el trabajo calificado: “Nosotros estamos yendo a contramano de esa realidad”. Y afirmó que esto podría condenar al país a una economía basada en empleos precarios y de baja remuneración.

Luis Freddy Simone, representante del sector de contratistas rurales, reclamó mayor reconocimiento para una actividad que, según dijo, emplea a más de 100.000 personas en todo el país y reúne a unos 12.000 contratistas. “Somos grandes compradores de maquinaria, pero estamos todos fundidos por la falta de políticas y de créditos”, apuntó. Explicó que, al no tener tierra ni garantías, el acceso al financiamiento es prácticamente nulo, lo que complica sostener una actividad que requiere inversión constante en equipos y movilidad.

Advirtió sobre la obsolescencia del parque de maquinaria agrícola y la necesidad urgente de una ley de tránsito rural que contemple la realidad del sector. “Nos viven coimeando porque las leyes de tránsito son una calamidad y nadie soluciona nada”, denunció, al describir las dificultades de trasladarse entre provincias para cumplir con los trabajos de cosecha. Subrayó que la rentabilidad de los contratistas depende de la del productor, y pidió políticas concretas para acceder a créditos que permitan renovar maquinaria y sostener el empleo. “Si nos dan crédito y nos dejan trabajar, las fábricas se llenan de gente”, concluyó.

Fuente: Diario La Naciòn