Más de US$650 millones el fuerte desembolso que preparan dos gigantes que quieren quedarse con Vicentin

En uno de los concursos de acreedores más complejos de los últimos tiempos, dos gigantes del agro avanzan en su carrera por el control de la cerealera Vicentin. En diálogo con LA NACION, altos ejecutivos de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company, que pugnan contra Grassi SA en el cramdown abierto

En uno de los concursos de acreedores más complejos de los últimos tiempos, dos gigantes del agro avanzan en su carrera por el control de la cerealera Vicentin. En diálogo con LA NACION, altos ejecutivos de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company, que pugnan contra Grassi SA en el cramdown abierto, aseguraron que su propuesta combina desembolsos por más de US$650 millones y un relanzamiento industrial que “recupere la competitividad perdida” de la agroexportadora. Son cerca de US$350 millones para los acreedores quirografarios, más otros US$300 millones para pasivos postconcursales, capital de trabajo y un paquete de inversiones que permita poner en valor las plantas.

“Queremos darle continuidad a la empresa, mantener las fuentes de trabajo y realizar toda la inversión necesaria para que sea económicamente sustentable”, planteó Pablo Noceda, CEO de Molinos Agro y gerente general. En tanto, Fernando Correa Urquiza, director de la plataforma de Oleaginosas para la región Latinoamérica Sur y Oeste en LDC, subrayó que sumar Vicentin permitiría “subir aproximadamente 50%” el volumen actual de procesamiento conjunto.

Las empresas aseguraron que ya superaron las 900 adhesiones y que podrían alcanzar más de 1200 sobre un total de 1722 acreedores, lo que les daría la mayoría por cabeza, aunque la definición, reconocieron, dependerá del voto ponderado por capital. “Estamos arriba de 900 y creciendo a más de 100 por día”, indicó Correa Urquiza. El voto electrónico seguirá abierto hasta el viernes 31 a las 23:59, con posibilidad de rectificación por parte de los acreedores.

Tomás Araya, abogado del consorcio, explicó que el requisito legal exige una doble mayoría: más del 50% de los acreedores y dos tercios del capital verificado. El cálculo se establece sobre la planilla consolidada en 2020, que registró un pasivo cercano a US$1300 millones.

El esquema de pago que ofrecen a los acreedores se estructuró en función del tamaño del crédito. Para las acreencias menores a US$130.000 ofrecen pagar el 100% a 30 días de la homologación. En el rango entre US$130.000 y US$400.000 quitas cercanas al 50% con plazos e intereses. Para montos superiores, la opción de cobro inmediato contempla una quita del 88%, aunque también se habilita un camino con quitas menores si se aceptan plazos más largos, incluyendo un pago de US$25.000 a 30 días y posibilidad de capitalizar al 4% anual.

Con esta combinación calcularon un desembolso de aproximadamente US$350 a US$380 millones para los acreedores quirografarios, una cifra que variará según la proporción de acreedores que opten por cada modalidad de cobro.

Noceda aclaró que restan otros costos: “El crédito del Banco Nación [en su momento se hablaba de unos US$300 millones] siguió devengando intereses y después están las costas, el mantenimiento, el capital de trabajo y las inversiones para relanzar la compañía”

El plan que imaginan se apoya en recuperar competitividad industrial. La planta de San Lorenzo está funcionando “muy por debajo de su capacidad nominal”, describió Correa Urquiza. Calculó que puede pasar de 13.500 toneladas diarias a unas 16.500 toneladas si se ejecutan mejoras y mantenimiento. El establecimiento de Ricardone, agregó, también tiene margen para ganar eficiencia. Las inversiones para poner ambas plantas en valor rondarían los US$50 a 70 millones de dólares, divididas mitad y mitad entre Molinos Agro y LDC. Sobre Timbúes, donde Vicentin tiene 30% y opera Renova, Noceda explicó que el foco está en sostener su actividad actual.

Respecto del llamado Nodo Norte, donde hay establecimientos en el norte de Santa Fe, Noceda señaló que avanzaron “en un acuerdo con la Unión Agrícola de Avellaneda” para sostener empleo y operación con gestión local.

Sobre el frente sindical aseguraron haber encontrado apertura. “Un delegado de la Federación Aceitera nos transmitió su alivio por la presentación de una propuesta”, contaron.

Uno de los puntos que más marcaron los ejecutivos es que cuentan con la provisión de mercadería y el acceso a mercados. “Originamos y recibimos mercadería en nuestras plantas, manejamos la logística y la gestión del riesgo”, indicó Correa Urquiza.

“No estamos entrando en algo nuevo: hoy operamos el 13% de la capacidad de crushing de la Argentina y LDC otro tanto; juntos manejamos prácticamente un cuarto del procesamiento de la soja”, comentó Noceda.

Respecto a las versiones de un eventual “desguace”, los ejecutivos se diferenciaron de esa lectura. “Bajo ningún punto de vista está considerado el desguace”, afirmó Noceda.

Según explicaron, la propuesta se apoya en cuatro pilares: acceso a soja, logística integrada, inversión industrial y exportación de aceite y harina. “No es un experimento de molienda”, enfatizó Correa Urquiza.

Fuente: Diario La Nación