La situación de SanCor el gremio lechero dijo que busca alternativas ante una eventual “liquidación de la empresa”

La Justicia Federal de Rafaela procesó a dos expresidentes de la cooperativa láctea SanCor, por supuestamente retener indebidamente de aportes sociales que debían realizar por los empleados de la firma. La medida involucra a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estaban al frente de SanCor entre 2020 y 2024. La cooperativa láctea, vale recordar, está en concurso de acreedores desde febrero pasado.

La causa, que fue unificada en el Juzgado Federal de Rafaela, en realidad se inició por dos denuncias casi simultáneas. Una de ellas, hecha por trabajadores de la planta de Sunchales a principios de 2024 y otra presentada por operarios de la planta de Don Torcuato. En ambos casos, se acusaba a los responsables de no depositar las sumas retenidas en concepto de aportes jubilatorios.

En este marco, el secretario general de Atilra, el gremio de la industria lechera, Héctor Ponce, sostuvo que “en un mundo como el actual, utilitario y habitualmente inclinado a perdonar delitos de individuos considerados de determinado estatus social, esta decisión de la Justicia es alentadora, aclarando al mismo tiempo que la inmensa mayoría de los empresarios de la actividad son probos, honestos y actúan siempre de buena fe”.

En el comunicado donde fijó posición sobre la cuestión, Ponce resaltó que “desde Atilra consideramos terminada esta etapa judicial, pero nunca y menos ahora nos quedaremos cruzados de brazos” sino que “continuaremos buscando las alternativas que permitan la subsistencia de la fuente de trabajo y los puestos laborales en el caso de que se produzca la liquidación de la empresa”.

El gremio aprovechó el momento para recordar que “hace muchos años expresábamos lo que estábamos seguros ocurriría con SanCor si es que no se tomaban las decisiones que había que tomar. No somos ignaros en la materia. Interactuamos no solo con empresas lácteas de la Argentina sino también con las principales transnacionales que operan en distintas partes del globo. Sin embargo, operaciones mediante, se iba destruyendo todo el trabajo que en beneficio del ¨Colectivo SanCor¨ queríamos construir”, enfatizó el comunicado.

El texto suscripto por Atilra recordó que “durante años fuimos tendiendo puentes con inversores lácteos de fuste para que, aporte económico mediante, se hicieran cargo de los destinos de la cooperativa. Todo eso fue boicoteado”, insistió.

Debe señalarse que desde el entorno de los procesados no se respondió ninguna consulta realizada en los últimos días por LA NACION.

Por otra parte, en la audiencia donde se expusieron los montos cuestionados por la presunta retención de los directivos de SanCor, se detalló que entre febrero de 2020 y octubre de 2022, José Pablo Gastaldi sería responsable de siete hechos correspondientes a los siguientes períodos y montos: Febrero de 2020: $14.563.950,52; marzo de 2020, $14.343.169,85; abril de 2020, $14.576.589,51; septiembre de 2020, $17.290.408,66; agosto de 2021, $22.821.855,36; septiembre de 2021, $22.785.901,23; octubre de 2021: $22.359.807,98.

A Alberto Eduardo Sánchez, que ejerció la presidencia con posterioridad, se le imputan dieciséis hechos comprendidos entre noviembre de 2022 y enero de 2024, en el mismo carácter de presidente del Consejo de Administración de la cooperativa. En dicha instancia judicial, ambos imputados decidieron no hacer uso de la palabra, tras lo cual el juez rechazó la posibilidad de la “probation” o suspensión de juicio a prueba y expresó que “tuvieron la voluntad de no cumplir con el mandato preceptivo (depositar), es decir en su ánimo existió la intención de eludir las obligaciones con el propósito de una mejora patrimonial, teniendo especialmente en cuenta en este punto, que la suma total evadida asciende a $1.644.440.882,68”.

El juez interviniente, Aurelio Cuello Murúa, dictó el procesamiento de Gastaldi y Sánchez por considerarlos presuntos autores. Ambos permanecerán en libertad, pero tendrán la obligación de prestar promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación y también de hacer saber todo cambio de domicilio mientras dure este proceso. También, el magistrado dispuso trabar embargos sobre los bienes de los imputados, por 90 millones de pesos cada uno.

Fuente: Diario La Naciòn