Persecución. Una entidad del campo instó al gobierno de Santa Fe a anular una multa millonaria contra un productor

El Foro de Seguridad Rural Argentino apeló a que el gobernador Maximiliano Pullaro deje sin efecto la decisión que deriva en una penalización millonaria; expectativas por lo que puede suceder antes de fin de mes

En medio de la expectativa por una resolución de parte del gobierno de Santa Fe, en favor del productor Eduardo Bieler, antes de que termine la feria judicial, el Foro de Seguridad Rural Argentino instó a las autoridades a dejar sin efecto la sanción y exige que se anule la multa impuesta. Días atrás se conoció que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) abrió un canal de diálogo directo con el gobierno de Maximiliano Pullaro, por lo que se generó una fuerte expectativa de que el conflicto se resuelva próximamente y que la penalización se cambie por un apercibimiento.

“Desde el Foro de Seguridad Rural Argentino instamos a las autoridades de la provincia de Santa Fe a dejar sin efecto de manera inmediata la sanción injustificada aplicada al productor ganadero Eduardo Bieler, quien fue multado por realizar tareas en un alambrado para dejarlo seguro, limpieza de picadas para un mejor manejo del rodeo y facilitarle el acceso al agua”, señalaron.

Recordaron que, tal como ha descrito el mismo productor, en el predio en cuestión no existen bosques nativos. “Se trata de vegetación renoval, surgida del abandono de tareas en el mismo. Pretender imputar al dueño no solo resulta injusto, sino que constituye un grave error jurídico y una violación al principio básico de responsabilidad personal", apuntaron.

Para los ruralistas, sancionar a quien trabaja, invierte, mejora y produce no es política ambiental. “Es persecución administrativa disfrazada de ecologismo. Este tipo de decisiones no protegen el ambiente: expulsan productores, paralizan la actividad y contribuyen al vaciamiento del campo. Exigimos que se anule la multa impuesta y que se descarte de manera definitiva cualquier intento de confiscación encubierta de la propiedad privada, incompatible con el derecho, la producción y el desarrollo rural”, observaron.

La cédula de notificación que recibió el productor

Por último, indicaron que “el campo no puede ser rehén de interpretaciones arbitrarias” ni de funcionarios que desconocen la realidad productiva.

El caso de Bieler generó conmoción en el sector agropecuario, porque se centra en una sanción por $379.809.189 aplicada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe durante la gestión de Omar Perotti, por una supuesta infracción a la Ley de Bosques Nativos en un campo de 179 hectáreas en la localidad de Vera. Según describió la defensa, la multa es “exorbitante y confiscatoria”, ya que más que duplica el valor real de la propiedad, estimado en unos US$107.000.

El productor recibió una notificación meses atrás con la carátula “Ministerio de medio ambiente y cambio climático c/ Beiler Eduardo y otros s/ otros apremios fiscales - Cuij 21-250331409″ que corresponde al Registro Público de Infractores Ambientales y Reincidentes de la provincia de Santa Fe. El caso aún no ha escalado a la vía judicial.

Adrián Luna Vázquez, abogado y secretario de CRA, dijo que esperan que el Estado revise el accionar administrativo y revoque la sanción económica, posiblemente "cambiándola por un apercibimiento", y de esta forma dejaría abstracta la vía judicial. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido que este tipo de multas tiene naturaleza jurídica penal, y las multas, al tener naturaleza jurídica penal, como cualquier pena, no pueden ejecutarse hasta tanto no haya un juicio. Y acá no hubo juicio, hubo una determinación administrativa. Recién ahora está la instancia judicial y tiene que haber sentencia firme”, aclaró el letrado días atrás.

Bieler relató que en 2020 realizó tareas de mantenimiento habituales: apertura de picadas, limpieza de alambrados y poda sanitaria en un camino interno para permitir que la hacienda accediera al agua en un campo atravesado por el arroyo El Tigre y zonas de cañada natural. Todo, en una zona categorizada como “amarilla” por la Ley de Bosques, donde el manejo está permitido bajo ciertas condiciones.

El productor admitió que cometió un “error formal” al no solicitar la autorización previa para realizar la limpieza, pero niega rotundamente haber desmontado o dañado el ecosistema. “El único error que cometí fue no pedir autorización. Porque, como lo dije siempre, si querés cortar el pasto en tu casa, no vas al intendente a pedirle permiso", ejemplificó y agregó: “No hice daño”.

Fuente: Diario La Nación