UPOV-91. Milei reabre el debate por la ley de semillas y el campo marca límites

El anuncio del presidente Javier Milei de avanzar hacia la adhesión a UPOV-91 volvió a encender una discusión histórica entre productores y la industria semillera

Mientras el Gobierno y las empresas sostienen que es clave para atraer inversiones y garantizar seguridad jurídica, entidades rurales rechazan el convenio internacional y proponen actualizar la ley vigente sin salir del Acta 78.

Un viejo conflicto que vuelve al centro de la escena

La posible adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91) volvió a instalarse en agenda tras el discurso presidencial en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Actualmente el país está adherido al Acta 1978 (UPOV-78). El cambio implicaría un endurecimiento del régimen de propiedad intelectual sobre semillas, en línea con estándares internacionales que impulsa Estados Unidos.

Desde el oficialismo y la industria sostienen que la actualización permitiría mejorar la previsibilidad y atraer inversiones en genética y biotecnología. Pero buena parte del sector productivo lo ve como una amenaza al “uso propio”.

El punto más sensible: el uso propio

El eje del conflicto es la posibilidad de que el productor guarde parte de su cosecha para volver a sembrarla.

Bajo UPOV-78, el uso propio está más ampliamente contemplado. En cambio, UPOV-91 habilita que el obtentor —quien desarrolla la variedad— pueda exigir autorización expresa e incluso limitar ese derecho.

Para muchos productores, ahí radica el problema.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gustavo Sutter Schneider advirtió que con UPOV-91 los derechos del obtentor se extienden sobre el producto y subproducto, lo que obligaría al agricultor a contar con permiso para resembrar.

El productor Santiago del Solar lo graficó con una comparación: “Si compro una semilla, la pagué una vez y listo”, en referencia a que el esquema histórico argentino permitió guardar parte de la producción sin pagos adicionales sucesivos.

Industria semillera: “Es el estándar internacional”

Desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) celebraron el anuncio presidencial y sostienen que UPOV-91 representa el estándar internacional adoptado por 63 países.

Argumentan que incorporar conceptos como el de “variedades esencialmente derivadas” fortalecería la protección de la innovación y generaría mayor transparencia en la cadena.

Para la industria, sin reglas más estrictas se desalienta la inversión en genética y biotecnología, un punto clave en un país que compite en mercados globales de granos.

¿Actualizar la ley sin adherir al tratado?

Las entidades rurales no niegan la necesidad de reformar la actual Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, vigente desde 1973. Sin embargo, proponen hacerlo sin abandonar el paraguas de UPOV-78.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), su secretario Pablo Ginestet fue contundente: “Estamos en contra de UPOV-91; no es necesario”. Señaló que países como Brasil, Uruguay y Paraguay continúan bajo el Acta 78 con ajustes internos.

Además, dentro de la Mesa de Enlace, junto con entidades técnicas como CREA y Aapresid, se trabaja en una propuesta alternativa que reconozca mejor la propiedad intelectual sin restringir de manera drástica el uso propio.

Un debate con impacto económico y político

La discusión no es menor: involucra compromisos comerciales internacionales, inversión en innovación y el modelo productivo argentino.

El Gobierno anticipó que enviará el tratado al Congreso, donde se prevé una fuerte disputa parlamentaria. Del resultado dependerá el equilibrio entre derechos del obtentor, costos productivos y autonomía del agricultor.

La ley de semillas vuelve así a ser un tema caliente en el agro, en un contexto donde la competitividad, la tecnología y la presión de los mercados internacionales marcan el ritmo de la agenda.

Fuente: Diario La Nación