Busca dañarme el senador Paoltroni acusó al gobierno de Insfrán de usar a la policía para impedir un remate de hacienda de su consignataria

La realización de un remate ganadero en Formosa quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que el senador nacional de LLA y consignatario Francisco Paoltroni denunciara un amedrentamiento del gobierno provincial que encabeza Gildo Insfrán.

Según afirmó, un operativo oficial desplegado en rutas, campos y en el predio mismo de la Sociedad Rural de Comandante Fontana impidió el ingreso de la mitad de la hacienda prevista —1100 de 2200 cabezas— y generó un fuerte impacto sobre pequeños productores que participan habitualmente de estas subastas. Vale recordar que, la semana pasada, Federación Agraria Argentina (FAA) denunció que la policía provincial irrumpió en una chacara donde productores de la entidad, entre ellos la titular Andrea Sarnari, mantenían un almuerzo tras una gira gremial en Laguan Naineck.

El episodio advertido por Paoltroni, enfrentado políticamente a Insfrán, se registró en el remate mensual que organiza la firma del legislador, un espacio que reúne a unos 100 remitentes por edición, en su mayoría productores de escala chica que envían entre 10 y 30 animales.

 “Este viernes dejaron 1100 cabezas afuera del remate”, afirmó a LA NACION Paoltroni al describir el resultado de una jornada que, según sostuvo, estuvo condicionada desde su inicio.

El dirigente explicó que la operatoria habitual comienza días antes, con el ingreso de la hacienda entre miércoles y jueves. Sin embargo, en esta oportunidad el circuito se vio interrumpido. “Había un operativo a nivel provincial para que toda la hacienda que fuera a nuestro remate sea perjudicada o molestada”, denunció.

De acuerdo a su relato, los productores comenzaron a advertir dificultades desde el inicio de la semana. “El miércoles empezaron a llamar que la policía no les dejaba sacar la hacienda”, indicó. Según detalló, se desplegaron distintos mecanismos de control que afectaron el traslado de los animales. “Empezaron a apretar a la gente que no nos mande”, sostuvo, en referencia a presiones sobre los remitentes.

En Formosa, el movimiento de hacienda requiere una serie de validaciones, que incluyen la intervención policial en los campos y la emisión de guías en el Registro Civil. Aun cumpliendo con esos requisitos, muchos productores no pudieron avanzar.

El operativo también se trasladó al predio ferial de la subasta. “Había cuatro móviles y 25 policías en el predio rural”, señaló. Para Paoltroni, la situación no tiene antecedentes. “Es la primera vez que pasa”, afirmó, y consideró que se trató de “una orden política de perjudicar todo lo que puedan en el remate”.

Incluso describió inconsistencias dentro de los mismos controles oficiales. “La policía de Las Lomitas autorizó que una hacienda vaya al remate y cuando llegó, la policía del predio dijo que no podía entrar”, explicó.

El impacto fue directo en la actividad. “El remate lo hicimos igual con 1100 cabezas porque algunos animales fueron secuestrados y otros directamente no los dejaron salir del campo”, resumió.

En ese contexto, denunció el secuestro de 367 animales que, según aseguró, contaban con autorización previa y donde los oficiales “no encontraron nada de nada”.

Según indicó, hubo tres vías principales que limitaron la llegada de hacienda: los animales que mandaron de vuelta, hacienda que no dejaron despachar y productores que se asustaron y no mandaron.

La situación generó preocupación entre los participantes habituales del sistema. “Le generan todo este temor”, expresó, al referirse al efecto sobre los productores.

El viernes, previo a la subasta, fue el propio senador quien tomó la palabra frente a los presentes y dijo: “Quiero contarles brevemente lo que padecen los productores formoseños que trabajan de sol a sol y contra la adversidad para progresar y para dar trabajo a nuestra provincia: desde hace 72 horas, la policía de Formosa, cumpliendo órdenes porque todos sabemos que sino lo hacen son castigados o despedidos, no dejó remitir a 50 productores su hacienda para la venta. Eso suma 1100 cabezas que no pudieron ingresar a nuestro establecimiento”.

 “Las excusas fueron de las más variadas e insólitas. Ustedes conocen muy bien que el reglamento es ambiguo y que se presta a distintas interpretaciones y es justamente que, amparado en esa ambigüedad, interpretan el reglamento en perjuicio de los productores de los que saben de trabajar y trabajar. Ayer, jueves 26, cuatro móviles policiales y 25 policías estuvieron apostados aquí durante todo el día, buscando delitos. Por supuesto no encontraron ladrones, encontraron trabajadores y producción. Durante miércoles y jueves, haciendo este trabajo y hoy viernes estamos los de siempre, los que conocemos solo de trabajo y de esfuerzo, día tras día, los que vivimos a derecho y los que vivimos de nuestro trabajo. Gracias a todos por acompañar. Cuando la producción se asfixia, la dependencia del Estado crece. Y ahora sí señores, como siempre, a trabajar”, enfatizó.

El clima de tensión también quedó reflejado en testimonios registrados en el lugar. En uno de los videos a los que accedió LA NACION, una productora cuestionó a los agentes: “¿Esto no fue constatado por la policía de origen? ¿Quiere decir que la policía de origen hizo mal el trabajo?”

Otro de los actores involucrados, un transportista, manifestó su sorpresa por lo ocurrido: “En 20 años de trabajo, nunca pasó esto. Esto es persecución política para el senador Paoltroni. Estamos trabajando y hay una comitiva mandada por el mismo gobernador a controlar y a entorpecer el libre funcionamiento de la feria. Queremos conseguir un país de trabajo que sea libre para todos”.

A pesar del escenario, el remate se llevó adelante bajo presencia policial. “Los policías se quedaron durante la subasta y decían que cumplían órdenes”, indicó Paoltroni. Frente a lo ocurrido, anticipó que buscarán avanzar en distintas acciones. “Queremos saber quién dio esa orden, de dónde sale y quién es el responsable”, expresó.

Además, remarcó que continuarán con la actividad y seguirán con los remates mensuales. “Pese a que el objetivo del gobierno es dañarme económicamente”, afirmó. En paralelo, señaló que algunos de los afectados podrían recurrir a la Justicia. “Las tres personas damnificadas quieren hacer denuncias civiles y penales”, precisó.

Sobre la situación de los animales retenidos, indicó que a un remitente le regresaron la hacienda al campo y otros dos quedaron interdictados, uno fue en un campo perteneciente a la policía y otro a la Sociedad Rural de Las Lomitas.

El episodio se enmarca en una serie de tensiones previas. Otros proyectos productivos de Paoltroni también encontraron obstáculos, como una planta extrusora de soja que no pudo avanzar en Ibarreta ante la imposibilidad de acceder a la conexión eléctrica —provista por una firma con participación del gobierno provincial—, lo que finalmente lo obligó a trasladar la iniciativa a la vecina provincia del Chaco.

En ese contexto, el senador nacional dejó una definición sobre el impacto del episodio: “Los más perjudicados son los pequeños productores”.

LA NACION intentó tener una declaración de la policía sobre el episodio, pero no obtuvo respuestas hasta el momento.

Fuente: Diario La Nación