Productores de Pergamino preparan una ofensiva judicial para levantar la cautelar sobre fitosanitarios

Los productores, ingenieros agrónomos y entidades rurales de Pergamino comenzaron a reorganizar una estrategia judicial para solicitar el levantamiento de la medida cautelar que desde 2019 restringe las aplicaciones de fitosanitarios en un radio de 1.095 metros del ejido urbano.

 El reciente fallo del Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario abrió una nueva expectativa entre los productores agropecuarios de Pergamino, quienes consideran que la resolución puede convertirse en un antecedente clave para solicitar la revisión de una de las restricciones más amplias del país sobre aplicaciones de fitosanitarios.

La medida cautelar, vigente desde 2019 y dictada por el Juzgado Federal de San Nicolás, prohíbe las pulverizaciones terrestres dentro de un radio de 1.095 metros del ejido urbano y establece una distancia de tres kilómetros para las aplicaciones aéreas, afectando unas 6.000 hectáreas productivas del periurbano.

En ese contexto, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de la Provincia de Buenos Aires (AIANBA) convocó a una reunión en Pergamino junto con representantes de la Sociedad Rural local, agronomías, cerealistas, productores y abogados especializados en derecho ambiental para comenzar a delinear los próximos pasos.

Según explicó el ingeniero agrónomo Andrés Pereyra, integrante de la entidad, la estrategia judicial deberá esperar hasta que se publiquen los fundamentos completos del fallo, previstos para el próximo 10 de agosto.

"Desde el punto de vista jurídico todavía hay que esperar. Recién cuando conozcamos los fundamentos podremos evaluar cuál será la mejor estrategia para solicitar el levantamiento de la cautelar", señaló.

No obstante, destacó que el encuentro dejó en evidencia un cambio de clima dentro del sector.

"Se notó un ánimo diferente. Hubo mayor participación y más voluntad de involucrarse para avanzar en este reclamo", afirmó.

Buscan conformar un espacio permanente

Durante la reunión también surgió la propuesta de crear un ámbito permanente integrado por productores, profesionales e instituciones vinculadas con la actividad agropecuaria.

La iniciativa apunta a conformar una especie de observatorio o consorcio que funcione como organismo consultivo y de mediación ante eventuales conflictos relacionados con las aplicaciones de fitosanitarios, además de promover la difusión de información técnica y científica.

Los participantes coincidieron además en la necesidad de fortalecer la comunicación con la comunidad para explicar que los productos utilizados cuentan con la aprobación del Senasa y que las aplicaciones pueden realizarse bajo protocolos y tecnologías que garanticen seguridad y trazabilidad.

Una cautelar que lleva siete años

La restricción judicial tuvo origen en una causa impulsada por la abogada Sabrina Ortiz, integrante del colectivo Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, quien denunció presuntos efectos sobre la salud derivados de aplicaciones cercanas a distintos barrios de la ciudad.

Inicialmente, la Justicia había establecido una zona de exclusión de 600 metros para tres barrios específicos, aunque posteriormente amplió la prohibición a todo el ejido urbano, fijando la distancia actual de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres.

Para los productores, el reciente fallo absolutorio no modifica automáticamente la situación judicial, pero sí representa un nuevo escenario para cuestionar una medida que consideran desproporcionada y carente de sustento técnico actualizado.

El productor e ingeniero agrónomo Guillermo Tempone sostuvo que la cautelar pudo haber sido razonable en un contexto inicial de emergencia, aunque considera necesario revisar su continuidad a la luz de la evidencia científica y de las tecnologías actualmente disponibles para realizar aplicaciones controladas.

Ahora, la atención del sector está puesta en el 10 de agosto, fecha en la que se conocerán los fundamentos completos de la sentencia del Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario. A partir de ese documento, productores, entidades rurales y profesionales definirán la estrategia legal con la que buscarán solicitar el levantamiento de una cautelar que, según sostienen, mantiene restringida la producción sobre unas 6.000 hectáreas del periurbano de Pergamino.