Ley de Semillas: hubo avances entre el campo y los semilleros, pero sigue la disputa por la UPOV-91
El Gobierno nacional reunió este martes a representantes de la Mesa de Enlace, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Aapresid y la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem) para avanzar en una nueva Ley de Semillas.
La reunión se realizó en la Secretaría de Agricultura, encabezada por Sergio Iraeta, junto al presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari, y el subsecretario de Reformas Estructurales, Eugenio Marí. El objetivo fue acercar posiciones entre productores y la industria semillera para consensuar un proyecto de modificación de la Ley de Semillas antes de su tratamiento en el Congreso.
Uno de los principales avances estuvo vinculado al régimen de excepciones para el pago de regalías por el uso propio de semillas. Tanto las entidades rurales como la Asociación de Semilleros Argentinos coincidieron en que debe existir un universo de productores exceptuados, aunque mantienen diferencias sobre el alcance de ese beneficio.
Desde la Federación Agraria Argentina (FAA), su presidenta Andrea Sarnari explicó que la propuesta del sector agropecuario busca excluir del pago al 80% de los productores, quienes representan alrededor del 20% de la producción nacional. El restante 20% de los productores abonaría regalías durante un período de tres años por la multiplicación de semillas.
En cambio, la propuesta presentada por ASA contempla un esquema de excepciones considerablemente más reducido, que alcanzaría a cerca del 24% de la producción y a un porcentaje mucho menor de productores.
Otro de los temas analizados fue la posibilidad de utilizar herramientas como el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y el registro de Grandes Usuarios de Semillas (GUS) del Inase para establecer objetivamente qué productores quedarían exceptuados del nuevo régimen.
El principal punto de conflicto
Más allá del uso propio, la mayor diferencia continúa siendo la intención del Gobierno de impulsar la adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91), compromiso asumido en el marco de los acuerdos comerciales con Estados Unidos.
Actualmente, el país integra la UPOV bajo el Acta de 1978, que permite el uso propio de semillas con mayor flexibilidad para los productores.
Las entidades rurales manifestaron su rechazo a la incorporación de la UPOV-91 al considerar que amplía significativamente los derechos de propiedad intelectual de los obtentores, extendiendo la protección no solo a la semilla sino también a su multiplicación e incluso al producto cosechado.
Por el contrario, la industria semillera considera que la actualización del marco legal es necesaria para fortalecer la protección de la innovación genética y fomentar nuevas inversiones en investigación y desarrollo.
Próximos pasos
Durante el encuentro también se acordó organizar reuniones técnicas con especialistas del INTA y representantes de la UPOV para profundizar aspectos vinculados a las variedades esencialmente derivadas (VED), el alcance de la propiedad intelectual y el sistema de patentamiento.
Fuentes oficiales señalaron que el Gobierno mantiene como objetivo alcanzar un acuerdo entre las partes, aunque advirtieron que el proceso no será indefinido. Si no se logra consenso en las próximas reuniones, el Poder Ejecutivo avanzará con una definición propia para impulsar la reforma de la Ley de Semillas y la futura adhesión a la UPOV-91, que podría concretarse durante 2027.
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