CRA alerta por la ley de ecocidio: “Pone en riesgo la seguridad jurídica”

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) cuestionó el proyecto de ley que busca incorporar el delito de “ecocidio” al Código Penal y advirtió que sus definiciones ambiguas podrían generar incertidumbre, judicialización y riesgos para las actividades productivas.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestó su preocupación por el proyecto de ley de ecocidio, que obtuvo dictamen favorable en junio en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado y podría ser tratado próximamente en el recinto.

La entidad rural aclaró que la protección del ambiente es un objetivo fundamental, pero sostuvo que ese propósito debe alcanzarse mediante normas precisas, controles efectivos y el cumplimiento de la legislación vigente, y no a través de figuras penales que puedan resultar ambiguas.

Según CRA, la Argentina ya cuenta con un amplio marco normativo ambiental, integrado por la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos y distintas legislaciones provinciales. Por eso, consideró que el principal desafío pasa por hacer cumplir las normas existentes antes que crear nuevos delitos.

Uno de los principales cuestionamientos de la organización apunta a los conceptos incluidos en el proyecto. CRA advierte que expresiones como “daño ambiental irreversible”, “equidad intergeneracional” y “afectación multiecosistémica” carecerían de parámetros objetivos suficientemente claros para determinar qué conductas podrían constituir un delito.

La entidad considera que esa falta de precisión podría entrar en tensión con el principio de legalidad establecido por el artículo 18 de la Constitución Nacional, debido a que los ciudadanos deben poder conocer previamente qué conductas están alcanzadas por una sanción penal.

CRA cuestiona el alcance de la iniciativa

Otro de los puntos señalados por CRA es que el proyecto podría configurar una ley penal en blanco, al remitir a normas nacionales, provinciales e incluso municipales para determinar determinados aspectos de la conducta sancionada.

Para la entidad, esto podría generar situaciones en las que una misma actividad sea considerada delito en una jurisdicción y no en otra, con consecuencias sobre la igualdad ante la ley y la uniformidad del derecho penal.

CRA también manifestó preocupación por el alcance de las penas y por la posibilidad de que productores, empresas, trabajadores, funcionarios y responsables técnicos enfrenten procesos penales por decisiones vinculadas con actividades productivas lícitas y reguladas.

Desde la organización rural sostuvieron que un esquema de este tipo podría desalentar inversiones, afectar la producción y aumentar la judicialización de actividades económicas.

El impacto sobre el campo y otras actividades

CRA remarcó que el sector agropecuario desarrolla sus actividades bajo controles y permisos ambientales de distintos niveles del Estado y realiza inversiones destinadas a mejorar sus prácticas productivas.

En ese sentido, reclamó que no se coloque bajo sospecha a toda una actividad por eventuales daños ambientales, y que exista una diferencia clara entre una conducta deliberadamente dañosa y una producción realizada dentro de las normas vigentes.

La entidad también advirtió que el alcance del proyecto podría superar ampliamente al sector agropecuario y alcanzar a la industria, la minería, la energía, la infraestructura y el transporte, entre otras actividades vinculadas con el uso de recursos naturales o la intervención sobre el territorio.

Según CRA, la falta de precisión podría abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias, denuncias infundadas y decisiones judiciales contradictorias.

El reclamo de CRA al Congreso

La organización pidió a los legisladores que revisen la iniciativa con “responsabilidad institucional” y rigor técnico, y que cualquier modificación del Código Penal respete los principios constitucionales.

Para CRA, la defensa del ambiente debe ser compatible con la seguridad jurídica, el federalismo, el derecho de propiedad, la libertad de trabajo y el desarrollo productivo.

Por ese motivo, la entidad considera que el proyecto de ley de ecocidio debe ser revisado integralmente antes de avanzar, especialmente para garantizar los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley.