FeArCA alerta por la ley de ecocidio: “Producir dentro de la ley no puede ser delito”

La entidad que agrupa a las cámaras agroaéreas cuestionó el proyecto que busca incorporar el ecocidio al Código Penal y pidió reglas claras, precisas y técnicamente verificables.

La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) manifestó su preocupación ante el eventual tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto que propone incorporar el delito de “ecocidio” al Código Penal, al considerar que una figura penal basada en conceptos amplios podría generar incertidumbre para las actividades productivas que actualmente se encuentran reguladas.

La entidad aclaró que acompaña la protección del ambiente, pero sostuvo que cualquier modificación de la legislación penal debe contemplar la realidad de las actividades agropecuarias y establecer con precisión qué conductas constituyen un delito y bajo qué parámetros técnicos deben ser evaluadas.

La preocupación de FeArCA por el alcance del proyecto

El principal cuestionamiento de la Federación está relacionado con la posibilidad de que una nueva figura penal quede sujeta a diferentes interpretaciones judiciales.

Según FeArCA, una actividad productiva que cuenta con autorización oficial, cumple controles y se encuentra sometida a una normativa específica podría quedar expuesta a una imputación penal posterior en función de una interpretación sobre el impacto ambiental de determinada práctica.

“Producir dentro de la ley no puede convertirse en un delito”, sostuvo el presidente de FeArCA, Diego Martínez, al plantear la necesidad de diferenciar entre una conducta deliberadamente dañina y una actividad productiva desarrollada dentro del marco regulatorio vigente.

El proyecto sobre ecocidio obtuvo dictamen favorable en junio en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado.

El foco sobre la actividad agroaérea

FeArCA puso especial énfasis en la situación de las empresas y profesionales vinculados con la aplicación de productos agrícolas, una actividad que cuenta con regulaciones y controles específicos.

Desde la entidad remarcaron que los prestadores de servicios agroaéreos deben cumplir requisitos técnicos, ambientales, operativos y de seguridad, además de las normas nacionales, provinciales y municipales que correspondan.

En ese contexto, la Federación considera que una eventual reforma penal debería articularse adecuadamente con el sistema de fiscalización existente y evitar que una misma conducta pueda quedar alcanzada por distintos regímenes sancionatorios.

“No podemos tener un sistema en el que una actividad esté habilitada por la autoridad competente, cumpla con una normativa específica que ya establece sus propias sanciones y, al mismo tiempo, quede expuesta a una nueva sanción penal por la misma conducta”, advirtió Martínez.

Seguridad jurídica para productores y empresas

Para FeArCA, la discusión no se limita a las empresas de servicios agroaéreos. Una ampliación de la responsabilidad penal ambiental podría alcanzar a productores, contratistas, ingenieros agrónomos, empresas de servicios y otros actores de las cadenas productivas.

Por eso, la entidad reclama que cualquier nueva figura penal incorpore criterios objetivos que permitan determinar cuándo una conducta productiva configura efectivamente un delito.

El planteo coincide con otras advertencias realizadas recientemente por entidades de la agroindustria, que cuestionaron la precisión jurídica de algunos conceptos incluidos en el proyecto y su potencial impacto sobre la seguridad jurídica.

Ambiente y producción, un equilibrio que FeArCA busca preservar

La Federación sostuvo que la protección ambiental y la producción agropecuaria no son objetivos contrapuestos. En ese sentido, destacó la incorporación de tecnologías de precisión, nuevas herramientas de aplicación y sistemas de monitoreo destinados a mejorar la eficiencia y reducir impactos.

“El camino no es enfrentar al ambiente con la producción”, planteó Martínez, quien reclamó más capacitación, tecnología y controles eficientes dentro de un marco jurídico previsible.

La entidad también advirtió que la seguridad jurídica resulta relevante para las decisiones de inversión, en un sector que requiere desembolsos permanentes en maquinaria, tecnología, infraestructura y capacitación.

El pedido de FeArCA al Senado

Ante el avance del debate parlamentario, FeArCA pidió que la iniciativa sea analizada con participación de entidades productivas, profesionales, científicas y técnicas, para incorporar una mirada integral sobre las consecuencias de una eventual reforma penal.

La Federación remarcó que no rechaza la protección ambiental y que el sector agropecuario debe continuar mejorando sus prácticas. Sin embargo, sostiene que una legislación penal ambiental debe respetar los principios de precisión, proporcionalidad y seguridad jurídica.

“Queremos ser parte de la discusión”, afirmó Martínez, al insistir en que una nueva normativa debe sancionar los daños ambientales graves sin convertir en delito una actividad que el propio Estado autoriza y regula.

La discusión sobre el ecocidio se suma así a una creciente controversia entre el Congreso y las entidades productivas. Mientras sus impulsores buscan fortalecer las herramientas penales frente a daños ambientales graves, distintas organizaciones agropecuarias reclaman que la nueva figura tenga límites objetivos y no genere incertidumbre sobre actividades productivas legalmente habilitadas.

Fuente: Prensa FeArCa