Vandalismo rural: Diputados dio dictamen y el proyecto llegará al recinto

El proyecto que busca endurecer las penas por delitos y daños contra establecimientos agropecuarios consiguió dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. La iniciativa quedó así en condiciones de ser debatida en el recinto.

 La propuesta impulsada por el diputado pampeano Martín Ardohain (PRO) logró dictamen de mayoría y dio un paso clave en su recorrido parlamentario.

El proyecto apunta a incorporar al Código Penal figuras específicas vinculadas con el denominado vandalismo rural, incluyendo el ingreso no autorizado a establecimientos agropecuarios y daños sobre bienes e infraestructura vinculados directamente con la producción.

La reunión conjunta de las comisiones se realizó este martes 6 de octubre en la Cámara de Diputados.

El expediente todavía debe ser tratado por el pleno de Diputados. En caso de obtener la aprobación, deberá continuar su recorrido en el Senado antes de convertirse eventualmente en ley.

Qué propone el proyecto sobre el ingreso a los campos

Uno de los principales cambios propuestos consiste en incorporar el artículo 150 bis al Código Penal.

El texto establece una pena de uno a doce meses de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo.

La propuesta considera como indicios de esa voluntad de exclusión la existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que prohíban el ingreso.

El proyecto también contempla excepciones cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando las características del lugar impidan distinguir claramente el límite con la vía pública.

Penas más severas para daños a la producción

Otro de los puntos centrales es la incorporación del artículo 184 bis, referido a daños que afecten de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario.

La iniciativa propone penas de 2 a 8 años de prisión, además de una multa equivalente a entre 3 y 12 veces el valor del daño.

Entre los bienes contemplados figuran cereales no cosechados, silobolsas, ganado y leña, además de instalaciones destinadas a la provisión de energía o a la extracción de agua.

El proyecto establece además un agravamiento cuando el autor sea funcionario público o se dedique habitualmente a la actividad agropecuaria.

También contempla la instigación por redes sociales

La iniciativa incorpora modificaciones al artículo 209 del Código Penal, referido a la instigación pública a cometer delitos.

En particular, plantea un incremento de la pena cuando esa instigación sea realizada mediante medios masivos de comunicación, redes sociales o plataformas digitales.

De esta manera, el proyecto busca abarcar no solamente el daño material sobre establecimientos y bienes productivos, sino también determinadas conductas vinculadas con la promoción pública de delitos contra el sector.

El reclamo de las entidades agropecuarias

El proyecto recibió respaldo de distintas organizaciones vinculadas con el campo durante el tratamiento en comisión.

Entre las entidades que habían expuesto sobre la iniciativa se encuentran Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro, CARBAP y la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, además de la Fundación Barbechando.

El argumento central planteado por representantes del sector fue la necesidad de reforzar la protección de los establecimientos rurales, sus instalaciones, animales y bienes productivos.

Un debate que lleva varios años

La discusión sobre una legislación específica para el vandalismo rural no es nueva.

El tema cobró especial relevancia en 2020, luego de una serie de ataques contra silobolsas y otros bienes vinculados con la producción agropecuaria. Desde entonces fueron presentadas distintas iniciativas para modificar el Código Penal.

El proyecto que ahora consiguió dictamen busca retomar esa discusión y establecer figuras y penas específicas para determinados daños e ingresos no autorizados a establecimientos rurales.

El próximo paso: el recinto

Con el dictamen de mayoría obtenido en comisiones, el proyecto quedó habilitado para continuar su recorrido parlamentario.

El próximo paso será su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados. Si los legisladores lo aprueban, deberá pasar al Senado, donde tendrá que atravesar nuevamente el tratamiento legislativo correspondiente.

Por lo tanto, el dictamen representa un avance importante, pero no implica todavía la sanción de una ley ni la entrada en vigencia de las nuevas penas.

Fuente: Noticias Agropecuarias